Panorama en Euskadi

S la hora de los jueces», afirma el ministro Michavila refiriéndose a los magistrados de la Sala Especial del Tribunal Supremo que habrán de decidir sobre la ilegalización de Batasuna, solicitada ayer por el Gobierno y el fiscal general del Estado, pero desde hace unos días, y por un camino concurrente, está siendo la hora del juez Garzón, cuyo auto contra la actividad de Batasuna, seguido de otros minuciosamente aclaratorios, ha inmovilizado a esa coalición abertzale y frustrado, por ahora, las manifestaciones públicas en su apoyo. La Justicia camina por senderos muy variados, y si Garzón recorre según su propio criterio el itinerario del Código Penal, dos de los tres poderes del Estado -Gobierno y Parlamento- se han fundido «políticamente» en la misma estrategia para conseguir la ilegalización de Batasuna, a la que Garzón ya ha inmovilizado. Pero en esta ocasión no son meridianas las fronteras entre los poderes, pues si el Legislativo y el Ejecutivo actúan de acuerdo en este asunto -con la abstención o el voto negativo de un 10 por ciento de los diputados-, el judicial no adopta, todo él, una actitud de distanciamiento brechtiano, de frío análisis de las denuncias presentadas -por mucho que la Sala Especial del Supremo actúe con la debida frialdad-, pues Garzón es parte de ese poder, como los fiscales de la Audiencia Nacional que le apoyan, mientras que el fiscal general del Estado, aunque tenga una dependencia política del Gobierno, es más Poder Judicial que Ejecutivo, por lo que podría decirse que toda la administración del Estado se ha lanzado contra las complicidades sociopolíticas de ETA. Comparaba Arnaldo Otegi esta presión judicial contra Batasuna al cerco de Stalingrado, pero ayer Jesús Cardenal, tras presentar personalmente la denuncia, dio la vuelta a la frase y dijo que «venimos aquí, al Tribunal Supremo, a liberar a una parte de España del asedio, en este caso, de los nazis de un partido que se llama Batasuna». Nadie en el Gobierno, ni por supuesto en la oposición, piensa que la inmovilidad de esta coalición filoetarra, supuestamente integrada en el entramado terrorista, va a suponer el fin de ETA. Pero en algunas reacciones políticas del País Vasco se estaría apreciando ya la seriedad con que el nacionalismo democrático analiza la nueva situación, caracterizada por el hecho de que el Estado pone poca arriba todas sus cartas legales contra el complejo etarra, lo que reduce en parte el espacio político de maniobra del que Batasuna ha sido desalojada. Y ha sido desalojada por un auto del juez Garzón, al que refrendará seguramente a finales de año una sentencia del Tribunal Supremo. El panorama vasco es nuevo.