Cada dos meses

EL desembolso extraordinario que supone para muchas familias la vuelta al colegio se suma a los gastos rutinarios de alimentación y vestido y a otros muchos de carácter fijo e inevitable: desde la vivienda (que, por lo menos, supone atender a su mantenimiento y con mucha frecuencia, además, al pago de la letra o del alquiler) hasta la bombona de butano o el gas natural. Destaca asimismo el peso de dos recibos bimensuales: el del teléfono y, sobre todo, el de la energía eléctrica, de la que todas las familias son obligadas usuarias. Cuando los particulares y también las empresas estaban a punto de certificar la excelencia de la liberalización de los sectores eléctrico y de las telecomunicaciones, después de unos años de pequeñas pero efectivas rebajas en las tarifas, se ha anunciado ya que se regresará a las subidas. En el fondo, no ha existido liberalización alguna, sólo puede hablarse de oligopolio, y tal imperfección del mercado se ha traducido en inevitables desventajas para unos usuarios que, tras perder la tutela que suponía la total intervención pública, no han podido gustar las mieles de la competencia, simplemente porque no existe. Después de amagos de apagones y de la constante presión de las influyentes compañías eléctrica, emparentadas con los bancos que financian a los partidos políticos, los usuarios son condenados a pagar las consecuencias de sus incongruentes decisiones empresariales, en lo que coinciden con Telefónica que, además, ha perdido una fortuna comprando licencias inútiles.