Legitimidad e insumisión

LEGALIZAR Batasuna nos dará más sorpresas de las previstas. Iremos de sobresalto en sobresalto. Ayer, los partidos nacionalistas iniciaron un combate en toda regla, que supone todo un pulso a la Justicia del Estado, personalizado en la figura de Baltasar Garzón. Lo más llamativo, para empezar, es que la insumisión, la desobediencia civil, la fractura social y demás fantasmas invocados hasta ahora no están siendo agitados por la propia Batasuna. Están siendo agitados por el conjunto de partidos que sostienen al gobierno vasco. Quiere decirse que no estamos ante un fenómeno episódico, sino ante una actuación en bloque y en todos los frentes posibles. Nada de bromas ni de maniobras dilatorias. La situación es tan tensa, que se impone la máxima frialdad en el análisis. Personalmente, a la hora del comentario, tengo dos percepciones distintas de los dos pasos dados ayer. La querella criminal anunciada contra Garzón es la utilización de un recurso no sólo legal, sino legítimo. Es la consecuencia práctica de las acusaciones que habían hecho varios consejeros, especialmente Joseba Azkárraga, que siempre se han mostrado duramente críticos con el auto del juez. El Gobierno vasco está en su derecho de hacer valer sus criterios ante las instancias competentes, que no son otras que las judiciales superiores. Si cree honradamente que Garzón ha actuado a sabiendas de forma injusta y puede probarlo, lo correcto en el Estado de Derecho es presentar esa querella criminal por presunta prevaricación. En este sentido, cabe el asombro, pero no el escándalo. Aunque no nos guste la querella; aunque nos duela el riesgo de ver a Garzón convertido en un Gómez de Liaño; aunque suponga un serio conflicto institucional sin precedentes, es un derecho del gobierno vasco. Es coherente con sus palabras anteriores. Y tendrá efectos positivos: si el Supremo ratifica el auto de Garzón, como es previsible, al Gobierno vasco se le habrán terminado las disculpas para no aceptarlo. Sólo hace falta paciencia. Cuestión distinta es lo ocurrido en el Parlamento autónomo. Ahí, los partidos del gobierno actuaron como si la suspensión de Batasuna hubiera sido dictada por una potencia extranjera. O algo peor: como si la Cámara vasca pudiese funcionar al margen de las normas del Estado de Derecho. ¿Qué es eso de que el auto de Garzón es «nulo de pleno derecho»? Eso es tomarse la justicia por su mano. Es incumplir un mandato de obligado cumplimiento -detalle aceptado por los servicios jurídicos de la Cámara-, simplemente por el hecho de que disgusta a sus destinatarios. Es llevar la autonomía parlamentaria a un terreno soberanista inadmisible, porque se sitúa al margen del imperio de la ley y de sus administradores, que son los jueces. Es, por tanto, un acto de insumisión.