La comarcalización del PSOE

ANGEL Villalba, secretario regional socialista, anunciaba hace unos días que el eje estrella de la campaña electoral del PSCL, en las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 2003, será el de la comarcalización. Con ella, el partido socialista pretende llevar a cabo una mayor descentralización administrativa y una nueva reorganización territorial de Castilla y León, visto el fracaso, por obstrucción, de las Directrices para la Ordenación del Territorio, presentadas por el gobierno regional hace más de un año. En opinión de los socialistas, especialmente de algunos que defienden la comarcalización a capa y espada, la provincia, y por tanto las diputaciones, son construcciones arbitrarias nacidas al socaire de la política centralizadora de los gobiernos liberales del siglo XIX, que hoy resultan anticuadas; deben sustituirse por entes naturales, como la comarca, más próximos al sentir de los ciudadanos. Me parece un error y una ingenuidad basar un programa electoral autonómico en un problema ficticio como es el de la comarcalización. En Castilla y León hay problemas más perentorios, más graves, que preocupan a los ciudadanos mucho más que cualquier política descentralizadora, que muy pocos entienden como necesaria. En estos momentos, ésta no hará sino crear nuevos entes administrativos, que incrementarán el número de políticos y funcionarios sin necesidad alguna. La comarca no va a sustituir a la provincia, porque no es posible desde el punto de vista legal suprimir las provincias y diputaciones; las Cortes de Castilla y León no tienen competencia en esta materia, dado el carácter constitucional de la provincia; se necesitaría una reforma constitucional, que hoy por hoy no parece posible. En nuestra comunidad el problema más grave es el de la despoblación y el envejecimiento de la población, del que hemos hablado largo y tendido este verano, con motivo de la publicación del nuevo censo del 2001. Castilla y León es la comunidad que menos crece de España, país que por fin ha superado los 41 millones de habitantes, por la avalancha de más de medio millón de inmigrantes. También es la única comunidad en la que la recaudación del IRPF ha sido negativa en estos últimos ocho años. Son dos parámetros de una situación económica preocupante, por la crisis del campo y la minería. Los jóvenes emigran porque no encuentran trabajo en su tierra; grandes empresas, como Fontaneda o Antibióticos, se debaten entre entre el cierre o el traslado a otra comunidad. El gobierno regional habla de crecimiento económico, pero la percepción, al menos en provincias como León, Zamora y Salamanca, es de crisis. Esos son los problemas que angustian a muchos castellanos y leoneses; pero no se solucionan con la comarcalización, sino con inversiones públicas y privadas, infraestructuras viarias, mejoras en la Educación y Servicios. Buena parte de las 62 comarcas que propone el PSOE son tan arbitrarias o más que las actuales provincias y, probablemente hoy, con menos arraigo que éstas, después de casi doscientos años de existencia. Muchas de las comarcas históricas están en crisis y, en el proyecto socialista se las integra en otras que, repito, son igualmente arbitrarias y artificiales. Si hay un problema territorial en Castilla y León éste es el derivado de la despoblación, que ha dejado a una inmensa mayoría de municipios sin vecinos y, por tanto, sin recursos para hacer frente a los servicios a los que los ayuntamientos están obligados a ofrecer. La solución no está en comarcalizar, sino en agrupar los pequeños municipios en mancomunidades o, como con claridad ha expuesto este verano José Luis Baltar, presidente de la diputación de Orense, para el caso gallego, en grandes municipios. No hay que olvidar que más del 95 por ciento de los municipios de Castilla y león tienen menos de 1.000 habitantes. Este agrupamiento es necesario y perentorio pues muchos ayuntamientos carecen de habitantes y recursos para cumplir con sus obligaciones. Esta política no se quiso abordar racionalmente, por miedo, cuando se aprobó la Ley Municipal, pero algún día se tendrá que hacer. En esto sí que tienen competencia las Cortes de Castilla y León y, sin presiones, deberían hacerlo.