El enigma del IAE
LA anunciada supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), -una de las novedades más significativas de la reforma de la ley de Haciendas Locales- ha sido recibida con cerrados aplausos por los autónomos y los pequeños y medianos empresarios y con resignación por las grandes empresas que facturan más de un millón de euros y que van a seguir cotizando. Todos han sacado la calculadora, incluidos los economistas municipales que intentan saciar la curiosidad de los concejales de turno que siguen sin saber de qué forma se va a compensar la pérdida de ingresos municipales. Se desconoce si el presidente del Gobierno, quien precisamente responderá hoy en el Congreso a una pregunta sobre este asunto, estará en condiciones de ofrecer alguna luz sobre este enigma, pero sería de agradecer. Y es que hay cierta expectación por saber, es un ejemplo, si los niños del Valbuena van a pasar más frío o vale por este año. Minucias aparte, lo que está claro es que la «cesta» de impuestos que deben cubrir la vacante que va dejar el IAE sigue sin cerrarse y así no hay quien haga cuentas ni previsiones por lo que las promesas electorales habrá que ponerlas en adobo. El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, y el secretario general de Política Fiscal, Antonio Beteta, han asegurado que se creará un fondo especial para paliar la aminoración de los ingresos de los municipios, pero no pidan ustedes mayores precisiones, al menos de momento. Mientras la pelota sigue en el tejado de la incertidumbre, surgen voces que se preguntan si, en alguna medida, no se estará construyendo la casa por el tejado. Y es que no parece cuadrar demasiado que se hable tanto del Pacto Local y de la necesidad de acometer lo que se denomina «segunda descentralización» y que, al mismo tiempo, se planteen reformas financieras de tanta envergadura y repercusión tan directa para las arcas municipales. El sentido común parece aconsejar que, como paso previo, se debería llegar a un consenso sobre ese famoso Pacto Local que debe ser el marco donde se defina con claridad cuál es el papel de la autonomía municipal -en lo político y en lo financiero- dentro del modelo de Estado que nos hemos dado (con permiso de Arzalluz e Ibarretxe). Sin un diseño claro de partida y sin consensos previos, lo menos que puede ocurrir es que, a falta de alternativas claras, la confusión vaya creciendo. Si se trata de seguir construyendo con la seriedad exigible el edificio constitucional e institucional, habría que ser cauteloso con algunas propuestas antes de lanzarlas al éter electoral. Pero, a estas alturas, esto es como pedir peras al olmo.