Afán recaudatorio

EL Estado es un enorme Leviatán que extiende sus tentáculos sobre los más insospechados rincones de la vida social, usurpa todas las funciones, ejerce todos los servicios. Desde hace dos siglos, el Estado, liberal o socialista, ha ido acumulando funciones, unas veces por necesidad social, otras por afán de dominio. Hoy casi nada se le escapa en los ámbitos social, político y económico; se hace casi asfixiante. Desconoce principios como el de subsidiaridad, del que los políticos parecen haberse olvidado, pues a ser posible no cede ningún servicio o función a la sociedad, que generalmente podría hacerlo mejor y más barato. Para cumplir todas esas funciones que se ha echado encima, el Estado, central o autonómico pues en esto da lo mismo, se van a la zaga, necesita recursos sin cuento. Es como un Pantagruel de enormes tragaderas, que exprime a los ciudadanos como si fueran limones, aunque no lo hace de forma equitativa. No solo recauda impuestos directos de forma desigual, sino que constantemente sube los impuestos indirectos, las tasas, multas y cuantas depredaciones se le ocurren. El afán recaudatorio hace que el ministerio de Hacienda, desgajado del de Economía, sea uno de los más importantes de los actuales gabinetes. Uno sabe que tiene que pagar impuestos si quiere recibir determinados servicios, pero no acepta facilmente que le roben a malsalva. No creo que la normativa que se ha puesto esta semana en vigor para obligar, con multa, al uso del cinturón de seguridad en los coches tenga afán recaudatorio. Si realmente hay cada año varios miles de muertos por esta causa es una buena medida; nos salen muy caras las consecuencias sociales de tantas muertes o personas inválidas por los traumatismo que provocan los accidentes. Aceptémoslo; pero no tengo la menor duda del caracter depredatorio de muchas de las multas con que la Guardia Civil sanciona a los automovistas por exceso de velocidad. La mayoría de las veces, lo he comprobado en alguna ocasión, no están en lugares peligrosos para el tráfico, sino en zona seguras, donde no hay ningún peligro porque se supere en el veinte por ciento la velocidad permitida. No pretenden desanimar a los conductores imprudentes, sino recaudar un suculento impuesto indirecto. Por cierto, las sanciones ¿no deberían imponerlas los jueces?. A veces este Leviatán cede algunos servicios a alguno de los suyos, pues aunque el Estado lo seamos todos unos lo son más que otros. No lo hace por ningún principio de subsidiaridad sino por repartirse el negocio, por beneficiar a los amigos, como hemos visto con ciertas privatizaciones que los gobiernos de Felipe González y José Mª Aznar realizaron en la pasada década. Un ejemplo, que he podido comprobar por enésima vez esta semana, lo constituye la carretera nacional 120. De Astorga a León hay un tráfico insoportable, con miles de vehículos diarios; de León a Burgos el tráfico es de a penas unos cientos. Pues bien, la Comunidad realiza a su costa el tramo León Burgos como autovía, pero cede a una empresa privada la parte de León a Astorga como autopista de peaje. El fin no es otro que sablear a los muchos automovilistas de León a Astorga, que necesariamente tendrán que utilizarla. ¿No somos todos los ciudadanos iguales? ¿Son los burgaleses y palentinos más guapos que los leoneses, bercianos y maragatos? Probablemente todos seamos iguales, pero el afán recaudatorio, en este caso privatizado, es evidente. El gobierno de José María Aznar habla estos días, pensando en las próximas elecciones municipales y autonómicas, de reducir la presión fiscal varios puntos; prefiero que no lo haga si la depredación de los ciudadanos se va a hacer vía impuestos indirectos o mediante multas. Hacienda, la que ahora gobierna el PP, parece olvidar el principio de que pague más en el que más tenga. Pero pronto se lo recordaremos con nuestro voto, que ya está bien.