Inversión pública

DE los 209.000 millones de euros de gastos previstos en los Presupuestos del Estado para 2003, se destinan a inversión pública casi 25.000 millones, equivalentes a un 12 por ciento del gasto total. De esta cantidad, las inversiones en infraestructuras, singularmente en carreteras y red hidráulica, se llevan 7.700 millones: únicamente un 3,3 por ciento de los gastos presupuestados. A pesar de la manifestada prioridad por la inversión pública de los Presupuestos y también a pesar de que la cantidad prevista para este fin supera en un 13 por ciento a la del año en curso, resulta evidente el escaso peso relativo de los gastos en infraestructuras, debido a la expansión del gasto corriente, por un lado, y al peso de las partidas sociales, por otro, que se llevan las mayores tajadas, con el resultado de que las cuentas públicas reflejen, una vez más, la inadecuada composición del gasto público y su endémica capacidad para conseguir una suficiente formación de capital colectivo. Tal vez las privatizaciones se revelen, al final, como positivas y hasta es posible que sea necesario impulsar al sector privado con el objetivo de lograr el adelgazamiento del público, pero hasta hoy nadie ha podido discutir el efecto automático y positivo de la inversión pública en infraestructuras sobre la productividad, precisamente, del sector privado, al que se le encomienda la ejecución de las obras necesarias. El ansiado aumento de la productividad de la economía requiere un mayor esfuerzo inversor público, sin detenerse a buscar líneas divisorias, basadas en la eficiencia, entre lo público y lo privado.