El PP no hará «trampitas»

AS relaciones entre el poder legislativo y el judicial suelen ser distantes y a menudo recelosas, y es lógico, pues si el Parlamento puede elaborar normas que afecten al sistema orgánico de los jueces, aunque no obviamente a su independencia, es fácil que los jueces, al aplicar las leyes, contraríen la voluntad del Gobierno o los intereses de su mayoría parlamentaria. Bien sabido es que una reciente sentencia del Tribunal Constitucional desautoriza a la Mesa del Congreso para negar comparecencias solicitadas por los grupos de la oposición, en este caso el socialista, que deseaba hace ahora cinco años que dos presidentes de empresas públicas privatizadas, Villalongo, de Telefónica, y Martín Villa, de Endesa, explicaran a los diputados algunas algunos aspectos confusos u oscuros de las privatización de las empresas que presidían. Según la sentencia del TC y la opinión de cualquier buen constitucionalista, la soberanía nacional radica en los diputados y no en la Mesa de las cámaras, por lo que la del Congreso vulneró en 1997 y 1998 derechos parlamentarios del grupo socialista. Ante una sentencia tan meridiana, la presidenta del Congreso, al frente de la Mesa, se apresuró ayer a admitir a trámite todas las solicitudes de comparecencias presentadas por el grupo del PSOE: nueve presidentes o ex presidentes de empresas privatizadas, y cinco ministros. Insinúan los socialistas, sin embargo, que la aceptación de esas comparecencias se envuelve en una serie de condiciones que equivaldrían a «trampitas», lo cual podría ser muy en otras circunstancias, pero no en el tiempo de campaña preelectoral que vivimos. Más que haciendo «trampitas», el PP estaría aplicando a la sentencia del TC y al Reglamento del Congreso la interpretación que más le favorezca, pero sin retorcerla demasiado, sabiendo que en vísperas electorales el hecho de poner trabas a la transparencia política equivale a un ejercicio de oscuridad. No va a caer el PP en el error estratégico de obstaculizar las comparecencias, pero al no existir en este momento una comisión de investigación sobre el proceso de privatizaciones, no van a crearla los «populares», pues si la comparencia requerida por el Congreso es obligatoria ante una comisión de investigación, no lo es ante otra comisión cualquiera. Aseguraban ayer en el PP que nadie va a impedir la luz y taquígrafos que piden los socialistas, pero que los cinco ministros requeridos sólo declararán sobre las empresas privatizadas cuando aún eran públicas y, por lo tanto, responsabilidad plena del Gobierno, pero después sólo podrán aclarar la política general en relación a esas empresas y al sector al que pertenecen. Pero hasta que no se aclaren las oscuridades de las privatizaciones, el PSOE no va a cejar en sus críticas al Gobierno y al PP, a los que responsabilizaba ayer de todo lo oculto que no llegue a aflorar. Por eso se encenderá la luz sobre las zonas más misteriosas, sospechadas y oscuras del proceso privatizador. 10/22/18-09/2002