Eólicos en las montañas: espacios protegidos, despoblación y empleo

En su Editorial del pasado 15 de febrero, y a raíz del recurso que la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC) ha planteado contra la Declaración Ambiental Estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, el Diario de León reflexiona sobre «el difícil equilibrio ambiental en las zonas rurales». En particular, el Diario hace algunos paralogismos sobre los espacios protegidos, la despoblación de la montaña, el empleo en las comarcas mineras y la propia participación pública en las cuestiones ambientales.

En el recurso de la Plataforma argumentamos que la Declaración Ambiental del Plan Nacional trata insuficientemente determinados contenidos mínimos exigidos por ley a los planes nacionales de este tipo (Ley 21/2013, de 9 de diciembre); que la declaración ambiental no establece mecanismo alguno de planificación territorial (a la que obliga la Directiva UE 2019/944) y tampoco garantiza que la implantación de proyectos industriales de generación de energía renovable no cause afecciones severas sobre zonas o especies protegidas.

Decimos, claramente, que la industria eólica, tal como se plantea en este Plan Nacional, es incompatible con la conservación del medio ambiente y la biodiversidad.

«Toda actuación humana —según el Editorial— alterará las zonas protegidas y las especies que las habitan, pero es más necesario que nunca poner en una balanza hasta dónde se está dispuesto a ceder en estas exigencias para conseguir el demandado asentamiento de la población en las zonas rurales. Una población que necesita actividad económica para salir adelante».

Parece preciso recordar que vivimos en un estado de derecho, donde los ciudadanos, las empresas y los gobiernos aceptamos y respondemos ante las leyes, incluidas las emanadas de la UE, en materia de protección de la biodiversidad y el medio ambiente en su más amplia extensión.

La sociedad no debería permitir —y nadie debe promover— que se vulnere la legislación ambiental, que vela por un bien común, en aras de falsas promesas de empleo o de desarrollo demográfico. Cuando dos bienes jurídicos protegidos entran en colisión, como sucede en este caso con la generación de energía renovable versus espacios protegidos, hay procedimientos reglados de resolución que deben seguirse escrupulosamente, sin trampas ni atajos. Con las zonas protegidas —como la red Natura 2000— se busca, precisamente, evitar alteraciones humanas que interfieran en los procesos naturales. Los procesos naturales no siguen una vida paralela, independiente del bienestar de la población humana: son precisamente esos procesos naturales los que proporcionan agua limpia, fertilidad a los suelos de los valles y estabilidad a las laderas de las montañas.

En este sentido, la Cordillera Cantábrica es un tesoro europeo de geodiversidad, biodiversidad y paisaje, que nuestra generación debe conservar para las venideras: destruirla o permitir su destrucción, en cambio, es un ejercicio de egoísmo; es tirar piedras contra el propio tejado, porque en su conservación está su riqueza. Y no hay que ceder ante la especulación.

La ley que entre todos nos hemos dado marca unos límites claros: la Directiva Hábitats, la Directiva Aves, el Convenio Europeo del Paisaje. Durante décadas, la Cordillera Cantábrica ha sido objeto y escenario de la instalación de infraestructuras de producción energética (centrales térmicas, embalses) y de extracción de materias primas no renovables (carbón, pizarra, piedra). Ahora, cuando ha terminado un ciclo extractivo, por agotamiento en unos casos o por el cambio climático, en otros, aquel boom extractivo caduco viene a ser sustituido, sin solución de continuidad, por el boom especulativo de las energías renovables de carácter industrial (eólicas y fotovoltaicas).

Se pregunta el Diario de León «cómo se pretende compatibilizar el futuro de las áreas rurales, especialmente las limitadas posibilidades con las que cuentan las zonas de montaña, con una normativa que constriña la instalación de cualquier alternativa, en este caso energética». El Editorial plantea al lector un falso dilema: lo sitúa ante la disyuntiva de elegir entre industrias energéticas o cercenar el futuro de áreas rurales, y viene a decir que sin industria eólica las poblaciones de montaña no tendrán futuro, que existe un exceso de reglamentación o de normativa que asfixia el futuro de las comarcas de montaña.

No existe tal disyuntiva, porque sí hay alternativas y son demostrables. La respuesta a la pregunta retórica del Editorial es conocida, se ha estudiado y hay experiencias similares en las que conviene fijarse: en síntesis, el modelo económico de actividad eólica industrial que se está proyectando es incompatible con otros que apuestan por un paisaje y una agricultura de calidad; el modelo eólico industrial no contribuye al equilibrio territorial, sino que favorece la despoblación; su beneficio económico es residual a escala local, inferior al 4%: es decir, del 96% restante nada verán los municipios afectados.

Y, además, la industria eólica no solo no fija población, sino que se ha constatado que a mayor densidad eólica, mayor despoblación.

La montaña es, por desgracia, el escenario perfecto para esta injusticia: comarcas poco pobladas y envejecidas, escasa contestación social y rentas bajas.

Dice el Diario de León que «una de las grandes alternativas que se planteó (...) al fin del carbón y a los mineros que quedaron sin empleo hace ya dos años fue la recolocación en nuevas fórmulas energéticas descarbonizadas. Si no se busca una fórmula que permita la implantación de generación renovable, este futuro tampoco será posible».

Conviene que los informadores y los políticos dejen atrás las falsas esperanzas y las promesas falaces de que el empleo generado con la industrialización energética «renovable» de las montañas solventará los problemas laborales de las comarcas mineras comprendidas en los acuerdos de Transición Justa.

Los estudios realizados en otras zonas de montaña en España demuestran que el impacto laboral de los parques eólicos es prácticamente nulo, en torno al 0,3% de los empleos locales.

Los convenios de Transición Justa se diseñan para desarrollar sistemas y procesos productivos que garanticen la generación y fijación de empleo sostenible en el medio y largo plazo en las zonas afectadas, mediante los proyectos más adecuados en términos ambientales, sociales y económicos. Pues bien: en términos ambientales, este modelo de industria eólica no es aceptable, y en términos sociodemográficos y económicos no es más que una Transición Injusta, un nuevo expolio.

Para terminar: los ciudadanos tenemos derecho a participar de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de los planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente, a acceder con antelación suficiente a la información relevante relativa a los referidos planes, programas y disposiciones, a formular alegaciones y observaciones cuando estén aún abiertas todas las opciones y antes de que se adopte la decisión; a que sean tenidas debidamente en cuenta por la Administración Pública correspondiente; y a que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que ha participado y se informe de los motivos y consideraciones en los que se basa la decisión adoptada, incluyendo la información relativa al proceso de participación pública.

Por todo ello, bajo el amparo de estos derechos se inscribe nuestro recurso contra el Plan Nacional citado. ¡Salud y montañas!