Ocupas consentidos

Clamé al cielo y no me oyó/ y si sus puertas me cierra…

Repetidamente hemos llamado al cielo municipal, léase Ayuntamiento de León, reclamando protección y hemos recibido muy buenas palabras, muy bien pronunciadas y ninguna atención a nuestra reclamación. «Llamen, llamen, a la policía, no dejen de llamar», repiten como un mantra que sólo sirve para dar por concluida la reunión cuando esta se produce. Y sí. Llamamos una y otra vez para comprobar lo mismo: tanta cordialidad en el aserto como nulidad en respaldarlo con hechos.

Tenemos, en el barrio de San Esteban-Vías, —y sabemos que no es el único— pisos, casas y edificios completos ocupados ilegalmente. De quienes lo hacen, no se ve que su motivación sea otra que la de vivir al margen de todo respeto a los demás —incluyendo propiedades y modos de vida— sino que simplemente se aprovechan dolosamente de los ciudadanos de bien que tienen (tenemos) que trabajar para pagarnos la luz por ejemplo. En el mes de febrero, denunciamos ante la empresa suministradora, adjuntado fotos, cómo uno de estos clanes ha tomado corriente de donde mejor le ha parecido (cables colgando por la fachada: hasta de disimular pasan) para iluminar las cuatro plantas oKupadas. Resultado: Ni caso. Es decir, les están regalando la luz que tan eficazmente nos cobran a los demás ¿por qué? Ellos sabrán. Si no cuidan su producto allá ellos pero los enganches ilegales nos ponen en riesgo real a todos. Además de que compensan estas pérdidas subiéndonos la tarifa a los demás.

Quienes han abierto un negocio se han visto en la obligación de presentar todo tipo de informes periciales favorables previos al permiso municipal de apertura, sin embargo esta gente se enchufa con cinta aislante y a vivir contemplando desde sus mal adquiridas ventanas como alcaldes y homologables se cruzan de brazos.

Uno se siente particularmente satisfecho de que las diversas administraciones se ocupen de ayudar a personas desfavorecidas socorriéndoles en cuanto sea necesario a fin de remediar cuanto antes sus carencias y puedan desarrollarse en condiciones parejas al resto de los ciudadanos. Sin embargo cuando ese «desfavorecimiento» es modo de vida de esa persona/s cuyos ingresos vienen obteniéndose de esa misma precariedad de la que no quieren salir y en la que se cobijan en demanda de subsidios; cuando, por añadidura, se da la circunstancia de que atentan hasta límites intolerables a la convivencia ciudadana, entonces no. Rotundamente no. Y quien les concede la prebenda es tanto cómplice como responsable y ya no por omisión sino por acción.

En un estado decente no se deja a nadie atrás pero tampoco se puede pedir/exigir/obligar por activa o por pasiva que cualquier ciudadano haya de cargar con los desmanes de grupos de profesionales de escudarse en la marginalidad para justificar sus atropellos y, por otra parte –que es la misma— no se entiende que la legislación lo permita y/o ampare.

Resultan muy vistosas las cifras que se «invierten» en protección social y como lo hacen los poderes públicos nos sentimos buenos y solidarios. ¿Cuánto del dinero usado en estas cosas cumple realmente con su fin?

¿Por qué las fuerzas del orden (qué orden) no desalojan a quien ha okupado una vivienda de la que su legítimo propietario debe seguir atendiendo los gastos que conlleva aunque le han despojado de ella? «Vayan al juzgado, denuncien» dicen, pero no añaden quién va a hacerse cargo de los gastos que conlleva el proceso. Ni del tiempo que tarda.

¿Quién se va a hacer responsable de lo que pueda ocurrir? ¿Van a esperar los poderes legislativo, ejecutivo y judicial a que «algo ocurra» para entonar una salmodia de lamentos durante un par de telediarios y luego dejarlo correr? ¿Ya tienen ensayada la ceremonia o van a hacer su trabajo de una santa vez?

Nos queda agradecer a este medio su ayuda en la difusión de estos hechos. Dicho queda.