De nuevo los indultos
En primer lugar, deseo expresar mi gratitud por los comentarios recibidos a propósito de mi anterior artículo sobre el tema. Sin duda es una cuestión que suscita el máximo interés por la doble crisis que enfrenta al poder ejecutivo y al legislativo, por una parte y, a Cataluña con el resto de la nación. Crisis que va ahondándose cada vez más, pese a que el gobierno pretende transmitirnos un horizonte falseado del problema. En este contexto, llama la atención el apoyo a la medida de gracia, por parte de los empresarios, a la espera del reparto de los fondos europeos «entre amigos». Pero mucho más sorprendente es la postura de los obispos catalanes. Sobre todo, si consideramos en que posición quedan los llamados «constitucionalistas» que se enfrentaron al golpe, y han sufrido, y están sufriendo consecuencias no menores, en un ambiente sin libertad.
Los empresarios mantienen que «es necesario hacer gestos con los condenados por el ‘procés’ para relajar la situación social», siempre desde la creencia de que los indultados no repetirán sus algaradas» y en este sentido La ministra Margarita Robles señala: «en caso de repetir su actuación, se anularía el indulto». No hay más que ver los resultados, en el mismo día de la salida de sus cárceles, atenuadas por las competencias de la Generalidad. El murmullo sobre reparto de los fondos europeos seguramente inspira la posición de los empresarios, mientras la mayoría de los españoles nos llevamos las manos a la cabeza. Los prelados están a favor del diálogo y apoyan los indultos buscando la misericordia y el perdón, pero les falta solicitar un requisito moral y muy cristiano: «el arrepentimiento», y el respeto al diferente para propiciar la convivencia social y política, pues los condenados no solo han subvertido el orden constitucional, lo que es un delito muy grave, sino que también han perjudicado a muchas personas con su actuación, al pisotear la seguridad jurídica que la sociedad necesita, para su normal funcionamiento.
El Gobierno, en minoría, que depende del apoyo de los independentistas y con Pedro Sanchez a la cabeza, nos comunica que van a «persistir en su voluntad inequívoca, de avanzar y dar los pasos necesarios que permitan la convivencia, la concordia y el diálogo con Cataluña». Mientras Margarita Robles, vuelve a suavizar el desatino, asegurando que «los presos tendrán que comprometerse en no volver a delinquir». No sería desacertado establecer algún control, mediante documento o declaración que individualice la posición de cada uno de los condenados por sentencia firme. De lo contrario, sería una declaración retórica sin compromiso ante órganos judiciales o fedatarios públicos.
Con un clima de enfrentamiento cada vez más profundo entre Gobierno y jueces se expresa claramente por el Tribunal Supremo y la Fiscalía al informar los indultos, dictaminando que pueden obedecer a motivos arbitrarios y oportunistas, pues «la ley no permite indultar a los que no se arrepienten y presumen de volver a delinquir». Al mismo tiempo los condenados y los representantes de la Generalidad han declarado que no renuncian a sus propósitos para lograr su independencia lo que equivale a la secesión de esta importante Comunidad de España, pese a la constante retórica de los independentistas, arropados por la organización empresarial y acogidos bajo el manto eclesiástico, en perjuicio de los constitucionalistas. Este es el verdadero quid de la cuestión. De modo que el diálogo, la concordia y la convivencia las defendemos todos los españoles, pero exige reflexión e ideas claras por ambas partes. Esta posición que mantienen los independentistas, contra los que no compartimos sus criterios, es una ofensa moral, ética y política que es fruto de una soberbia desmesurada, porque es de dominio público que una vez conseguidos los indultos siguen con la petición de amnistía y una autodeterminación no unilateral, sino pactada mediante un referéndum, para seguir con su objetivo de subvertir el orden constitucional. Tiene razón el arzobispo de Oviedo, Sanz Montes, cuando dice que:» se indultan los intereses construidos desde el diseño egotista e insolidario tan solo para aprovecharse de su causa, y en cambio no se indulta la vida del no nacido».
En resumen, la crisis constitucional que implica, al menos al Poder Judicial y al Ejecutivo, y que ha puesto sobre la mesa, en este momento, el Gobierno de Sánchez, junto con sus aliados parlamentarios (derecha nacionalista, izquierda republicana, ultraizquierda y afines) trata, en suma, de eliminar el delito de sedición, que permitiría a los indultados quedar libres, si volviesen a cometer este delito, previsto en todas las constituciones del mundo democrático por atacar precisamente a la unidad territorial del Estado.
Se consumaría, con esta eliminación, la secesión de España, en este momento de debilidad del gobierno, que, además, piensa establecer un «nuevo pacto constitucional» con los mismos independentistas; pacto que se está gestando al margen de la propia soberanía. En estas circunstancias sería aconsejable que se convoquen elecciones generales para que decida el pueblo español, que es el depositario de la soberanía nacional.