El diálogo social, un valor propio de Castilla y León

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO. Presidente de la Junta de Castilla y León

SANTIAGO APARICIO JIMÉNEZ. Presidente de CEOE Castilla y León

VICENTE ANDRÉS GRANADO. Secretario general de CC OO Castilla y León

FAUSTINO TEMPRANO VERGARA. Secretario general de UGT Castilla y León

Castilla y León es una tierra de diálogo. Lo viene demostrando muchas veces y en muchos ámbitos. En el institucional, por ejemplo, consensuando todas las reformas de nuestra más alta norma. En el político, con grandes acuerdos en temas esenciales de comunidad. Y, en el ámbito socioeconómico y laboral, especialmente mediante el Diálogo Social.

Un amplio marco de concertación que, a través de un intenso proceso negociador y gracias al compromiso y a la generosidad de todas las partes que lo integran —Junta de Castilla y León, CC OO, UGT y CEOE Castilla y León— para anteponer los intereses comunes a los propios, nos permite alcanzar acuerdos básicos para todos los castellanos y leoneses.

Hoy nadie duda de que el Diálogo Social constituye una de las principales señas de identidad de Castilla y León, algo que nos sitúa entre las sociedades más avanzadas de Europa. De hecho, la propia OIT califica nuestro Diálogo Social como de primer nivel, el máximo posible, convirtiéndose en una de las principales herramientas de la democracia participativa.

Herramienta que hemos construido, entre todos, especialmente durante los últimos 20 años y que hoy está en plena forma, expresando toda su fortaleza.

Desde algunas importantes experiencias previas, el 9 de noviembre de 2001, la Junta de Castilla y León, las organizaciones sindicales CC OO y UGT y la empresarial CECALE, ahora CEOE Castilla y León, firmamos el Acuerdo para el impulso del Diálogo Social en Castilla y León.

El mismo señalaba lo conveniente de «establecer un marco de encuentro y exposición estable y definido donde los agentes sociales más representativos de la Comunidad Autónoma y la Administración de la misma puedan debatir y proponer actuaciones en ámbitos de tan indudable importancia para nuestro progreso económico y social como los relativos al empleo e integración laboral, las políticas sociales y medioambientales así como las políticas de especial incidencia sobre la población, sin olvidarnos del necesario proceso de modernización de la Administración de la Comunidad Autónoma que ha de llevar a una mejora de la calidad de sus servicios públicos».

Marco al que se quiso dotar del máximo rango normativo, incorporándolo a nuestro Estatuto de Autonomía con la consideración de principio rector y concretándolo con la Ley 8/2008 de creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la participación institucional.

Castilla y León fue, así, la Comunidad pionera en reconocer e impulsar el Diálogo Social en su misma estructura institucional, sirviendo de modelo para otras Comunidades que luego siguieron este mismo camino.

Asimismo, este Diálogo Social se ha ido extendiendo dentro de nuestro territorio y hoy las entidades locales castellanas y leonesas con una población superior a los 20.000 habitantes y diputaciones provinciales han establecido procedimientos participativos específicos a través de los Consejos Locales y Provinciales de Diálogo Social.

En nuestra Comunidad, tanto su gobierno como sus organizaciones sindicales y empresariales más representativas asumimos con plena convicción la necesidad de alcanzar amplios acuerdos en beneficio de las personas. Por ello concebimos el Diálogo Social partiendo del compromiso y la responsabilidad, razones que, entre otras, pueden explicar su éxito.

Desde el respeto a los planteamientos de todos los participantes en el mismo. Con la generosidad suficiente para, aun pensando de modo distinto, ceder en las pretensiones propias a favor del consenso y del interés general de todos los castellanos y leoneses. Y asumiendo, en fin, la corresponsabilidad necesaria para desarrollar, también entre todos, las actuaciones acordadas.

Pero si hay algo que caracteriza de una manera especial al Diálogo Social de Castilla y León es su amplia efectividad. No se ha quedado nunca en declaraciones de buenos deseos, sino que se ha traducido siempre en hechos.

Así, los más de 100 Acuerdos alcanzados a lo largo de estas dos décadas han implicado un amplio corpus normativo para su ejecución,

Muchos de ellos, además, han derivado en leyes que nuestro Estatuto recoge como derechos de los ciudadanos o como principios rectores. Es el caso de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, la Ley del Servicio Público de Empleo, la Ley del Derecho a la Vivienda, la Ley de Ordenación y Funcionamiento de la Red de Protección a Personas y Familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León, la Ley de medidas urgentes en materia de Vivienda o la Ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León.

Junto a ello, han comprometido importantes cuantías de los Presupuestos de la Comunidad. Baste señalar que ejecutar los once Acuerdos suscritos en lo que llevamos de Legislatura —que representan, por cierto, una actividad especialmente intensa, respondiendo a las necesidades actuales— implican recursos que se acercan a los 1.000 millones de euros.

Aunque, lógicamente, los contenidos mayoritarios de los Acuerdos del Diálogo Social se han centrado en el ámbito laboral y económico, lo cierto es que han abordado también cuestiones sociales muy sensibles, como el empleo, la formación, la salud laboral, los derechos sociales, la industria y la competitividad, la inmigración, la lucha contra la violencia de género, la conciliación de la vida laboral y familiar, la vivienda, el medio ambiente...

Además, las graves consecuencias socioeconómicas causadas por la pandemia del Covid-19 exigieron de prontas y necesarias medidas destinadas a proteger a las familias, a los trabajadores y a las empresas, muchas de ellas también canalizadas a través del Diálogo Social mediante dos importantes Acuerdos específicos, para los que la Junta de Castilla y León aporta más de 300 millones de euros.

Por todo lo anterior podemos afirmar sin reparos que, a lo largo de estos últimos 20 años, el Diálogo Social ha sido una herramienta extraordinariamente útil para Castilla y León.

Que ha servido para potenciar el empleo y la inserción laboral de los trabajadores, para impulsar nuestro desarrollo económico y nuestra competitividad, para incrementar la calidad de los servicios o para favorecer nuestro mundo rural mejorando las condiciones de vida de sus habitantes y, con ello, luchar contra la despoblación,

Y que ha mostrado también una especial sensibilidad con las personas más desfavorecidas y una agilidad notable ante circunstancias tan penosas y urgentes como la pandemia sanitaria.

Asimismo, este consolidado Diálogo Social, al generar un clima de entendimiento y búsqueda de soluciones pactadas, envía un claro mensaje de estabilidad a nuestra sociedad.

Es, pues, hay que insistir en ello, una seña de identidad de Castilla y León, que es referente para muchos. Un valor propio resiliente y una apuesta firme de futuro que, entre todos, Junta, sindicatos y empresarios, vamos a seguir consolidando y potenciando, como una institución esencial para nuestra Comunidad al servicio y al alcance de todos los castellanos y leoneses.