Estado agónico de la agricultura y la ganadería
En buena lógica, los bienes básicos para la vida humana, como la alimentación, tendrían que preservarse de tal modo que se garantizase su producción y distribución en las mejores condiciones para todos (agricultores y ganaderos, consumidores y distribuidores). Pero la realidad denota todo lo contrario: el balance económico en España de la agricultura y la ganadería resulta, en la actualidad, ruinoso.
Esta situación roza lo irracional teniendo en cuenta los gastos de producción, por ejemplo, de la leche y el precio pagado al ganadero por parte de las empresas comercializadoras. Resulta que es bastante más elevado el costo de producción que el precio que pagan al ganadero las empresas de elaboración y comercialización. El costo de producción del litro de leche es de 41 céntimos y el precio pagado al ganadero es de 33.34 céntimos. ¿Se puede entender?
¿A qué se debe tal desproporción? La causa inmediata radica en el gran aumento de los insumos necesarios de la producción: la electricidad se ha encarecido para los agricultores el 62%, el gasóleo el 59%, el pienso el 25%. Ese encarecimiento no ha sido repercutido por las empresas de elaboración y comercialización al precio de compra al ganadero y tampoco al precio de venta a los consumidores.
El problema se ha agravado mucho últimamente, pero ya se viene arrastrando desde hace años. En cinco años se han perdido 6.000 ganaderías en España. En 2020 se ha pasado de 14.435 en 2018 a 12.770. En menos de dos años, han cerrado 1.354 granjas. Hoy solamente quedan 800 ganaderías en Castila y León.
Pero resulta que a los ganaderos les ampara la ley. El Real Decreto Ley 5/2020 de 25 de febrero prohíbe la venta a pérdidas.
Visto esto, las asociaciones de productores de leche llaman a los productores a integrarse y a no suscribir ningún contrato de venta a precio menor del coste de producción. Agaprol afirma que las empresas distribuidoras y las administraciones públicas alguna vez tendrán que asumir su responsabilidad por su inacción.
Se supone que una ley vigente es de obligado cumplimiento. ¿Por qué el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas no exigen el cumplimiento de la ley?
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha establecido un grupo de trabajo conformado por productores, empresas agroalimentarias y personal de la Consejería. También, recientemente la Junta de CyL aprobó la dotación de 5.2 millones de euros de ayudas a las explotaciones, bien recibida por las organizaciones agrarias, pero insuficiente. Uccl afirma: «El sector no reclama ayudas, queremos un precio justo para nuestra producción».
Pero, yendo al fondo de esta situación tan injusta y abusiva, ¿cuál es la causa última de la depauperación del sector agro-ganadero? Al final topamos con la intocable ley de la competencia en un mercado libre, consistente en pagar lo mínimo para ganar lo máximo, sin interferencia alguna, aunque guardando un necesario equilibrio entre las empresas en lid para atraer a los clientes. La parte más débil (trabajadores, productores agrícola-ganaderos…) no podrá ofrecer competencia y, siendo la parte más importante y laboriosa del proceso productivo, terminará siendo la más perjudicada.
Vender muy barata la leche al consumidor parece ser una estrategia para atraer clientela; de ese modo, la gente entra en los supermercados y grandes áreas y comprará también otras cosas de mayor precio.
Como se ve, no se toma para nada en cuenta la consideración equitativa y justa de los autores reales de la producción alimentaria, que son los campesinos y ganaderos, sino solamente los intereses lucrativos y especulativos de las grandes empresas. Y los consumidores se alegran de poder adquirir a precio ínfimo algunos productos, como la leche, haciéndose así cómplices, quizás inconscientemente, de una flagrante injusticia. Una vez más, el sistema capitalista de absolutización y acumulación de dinero por encima de cualquier otra cuestión, succiona toda la realidad: la naturaleza, la economía y el comercio, el sistema laboral y, en fin, configura la mente y el corazón de las personas, generando una cultura individualista y consumista que lo impregna todo.
Han ido aumentando cada vez más las acciones reivindicativas promovidas por las organizaciones agrarias, especialmente por Asaja y Alianza Upa Coag en Castilla y León, así como en otras autonomías. En el caso de mantenerse la actual situación, tienen prevista una inminente huelga nacional indefinida de entrega de leche.
José María Álvarez Rodríguez, portavoz de OPL, escribe en este Diario de León (19/11/2021): «… estamos matando el sector primario. Lo matamos sin ruido, con el beneplácito de nuestros políticos, con la usura de los intermediarios, con la desidia de la industria». Y resulta certera la viñeta de Ydígoras y Pachi en El Mundo (19/11/21), de un arador que hace surcos dibujando a un labrador quizás ya muerto en la tierra, diciendo: «A ver si así nos escuchan a los del campo».
En el boom de los comienzos de la pandemia covid-19 se apuntaba como una lección o consecuencia de la misma la necesidad de reconocer con mayor justicia los llamados servicios esenciales para la sociedad, uno de los cuales, el más básico, es el de la producción y distribución alimentaria. Una revalorización que también debe ser económica, favoreciendo su rentabilidad. Pero es evidente que el sector agrícola-ganadero está siendo literalmente devorado por la agroindustria, tanto productiva (por parte de las multinacionales) como comercial. Y ello con el consentimiento de los políticos y de la sociedad en su conjunto.
¿Dónde quedan las grandes ideas y proclamas sobre el futuro de la España vaciada? Son 30.000 familias trabajadoras agrarias abocadas a desaparecer del campo. Ni siquiera el más originario y valioso filón productivo y económico de las poblaciones rurales, como es la agricultura y la ganadería, es respetado, protegido y promocionado.
El Compendio de Doctrina Social de la Iglesia en el número 299 afirma, citando también a Juan Pablo II: «El trabajo agrícola merece una especial atención, debido a la función social, cultural y económica que desempeña…, a los numerosos problemas que debe afrontar en el contexto de una economía cada vez más globalizada, y a su importancia creciente en la salvaguardia del ambiente natural: ‘Por consiguiente, en muchas situaciones son necesarios cambios radicales y urgentes para volver a dar a la agricultura —y a los hombres del campo— el justo valor como base de una justa economía…’ (LE 21) /… Se trata de un desafío de gran importancia, que debe afrontarse con políticas agrícolas y ambientales capaces de superar una cierta concepción residual y asistencial…».