Jueces y sentido común

ODAVÍA la sociedad española recuerda muy vivamente los escándalos de Juan Roldán como para aceptar la noticia de su excarcelación. Era ayer cuando pudimos conocer la carrera espectacular de este aventurero que llegó a la Dirección General de la Guardia Civil gracias a un expediente académico falsificado, sin más preparación que la audacia y con una capacidad insaciable para la corrupción. Por lo que se pudo probar en el proceso, Roldán dedicó una gran parte de su tiempo a montar, desde el despacho oficial, toda una complicada trama de sociedades, inversiones fraudulentas y trucos para la evasión de impuestos hasta conseguir el ocultamiento del saqueo al erario público y concretamente a los presupuestos dedicados a la lucha contra el terrorismo. ¿Cómo no ver en la salida de la cárcel de Roldán una prueba más de la laxitud, por no decir el relajo, de nuestro sistema penal y penitenciario?. Son muchos los motivos para una desmoralización de la ciudadanía ante el funcionamiento de la Justicia. El caso Roldán no es el más grave. Resultan desalentadoras las liberaciones de etarras cargados con numerosos y terribles crímenes. Es verdad que también son muchos los magistrados que intentan demostrar su «equidad» ante los etarras condenados. Son los jueces «molestos» como los llama Perfecto Andrés Ibáñez, aquellos a los que, como él, han decidido aplicar las interpretaciones de la ley más benévolas a los etarras. Tanto para estos como para algunos comentaristas políticos, una buena parte de la sociedad española estaría demostrando unos especiales deseos de venganza cada vez que se rebelan en contra de sentencias derivadas de una aplicación estricta del ordenamiento jurídico. Se olvidan estos magistrados y estos analistas políticos de algo muy elemental: el sentido común no puede admitir que un condenado a tres siglos de cárcel pueda ser liberado a los ocho años. Todas las razones jurídicas que puedan alegarse se rompen, repito, ante ese bien excelente que es el sentido común. Porque una de dos: o hay interpretación errónea del juez o las normas penitenciarias deben ser reformadas de inmediato. Diariamente hay razones para la desmoralización de la sociedad a causa del comportamiento profesional de los jueces. La misma pena (360 euros de multa) puede tener el que persigue a su mujer con un hacha en la mano que el ciudadano que «levanta la voz» a un agente de tráfico. En el primer caso el juez disculpa el rapto iracundo «por amor» y en el segundo entiende que ha habido desacato a la autoridad. Son excesivos los errores de los jueces.