Un clarísimo abuso

Desde hace años, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos se ha convertido en un gran coladero. Todo lo que el Gobierno quiere hacer, pero no se atreve, lo cuela en esa ley. Y lo hace por la puerta de atrás: a través de enmiendas que presenta a última hora. Por esa vía se han corregido los límites legales a la participación accionarial en la televisión. Y este año se «cuela» la prohibición de que los accionistas de televisiones nacionales puedan participar en la propiedad de emisoras locales. Quiere decirse que se aprovecha esa vía para corregir leyes que afectan a los derechos fundamentales. En la edición de 2.002, la medida sobre las televisiones parece que tiene destinatarios concretos. Es una norma contra los Grupos Prisa y Correo, que están montando sus respectivas cadenas locales. Y el Gobierno tiene mala baba: les estuvo permitiendo que hicieran inversiones y, cuando las tenían hechas, les quita la tajada del plato. No es extraño que estos grupos hayan reaccionado con la máxima dureza ante algo que piensan que atenta contra sus intereses, contra su libertad y contra su derecho a la expansión. Algún tribunal tendrá que decidir si esta acción se ajusta a derecho. Creo que esta vez el Gobierno se ha pasado. Y no sólo por la televisión, sino porque ha introducido 170 enmiendas que afectan a aspectos sensibles de nuestra vida. Se crean, por ejemplo, nuevas tasas judiciales. Se hacen más reformas en esa ley de acompañamiento que en todo el periodo legislativo. Y esto es lo irregular. Los ciudadanos nos enteramos de este «matute» cuando lo vemos publicado en el Boletín Oficial del Estado, sin posibilidad de debate ni audiencia de los interesados. Que se haya hecho siempre no impide que lo califiquemos como abuso. Hacer este gran coladero, aprovechando la imposición de la mayoría absoluta, es muy práctico, sin duda. Pero también muy parecido al comportamiento autoritario.