Gobierno a la deriva

A catástrofe ecológica de Galicia ha llegado en el peor de los momentos del Gobierno. En las propias filas del PP se vivía todavía el malestar producido por la renuncia a la Reforma Laboral; crecía la inquietud que supone para los medios de comunicación progubernamentales la fusión de las plataformas digitales; se advertía claramente la falta de coordinación; se recrudecían las polémicas internas sobre la sucesión a la presidencia de Aznar y la desazonaban las encuestas de opinión, públicas y privadas, sobre la intención de voto. Ese era el clima política en que se produjo la noticia de la brecha abierta en el Prestige. Quince días después, el balance de las acciones del Gobierno en torno a la tragedia presenta algunos signos positivos y otros realmente negativos. Entre los primeros figura el acuerdo hispano-francés, reforzado posteriormente por Portugal e Italia, según el cual podrá ser alejado por las buenas o por la fuerza cualquier barco que transporte determinadas cargas peligrosas sin tener unas condiciones de seguridad. Otra de las conclusiones ha sido el cerco de la opinión pública europea en torno a paraísos fiscales y puertos criminales como Gibraltar y en torno a los gobiernos que lo permite como es el británico. La parte negativa se centra en la perplejidad inicial del Gobierno, en sus tardíos reflejos para reconocer la gravedad de la situación y actuar con diligencia. Llama la atención la tardanza en convocar barcos especializados en la tarea de aspirar el fuel y no ha dejado de sorprender que a Fraga se le haya mantenido al margen durante tantos días cuando se conoce la eficacia popular del presidente de la Xunta de Galicia. En esta situación, francamente adversa para el Gobierno, el ministro Piqué anunció el martes pasado una Ley de Acompañamiento que establece incompatibilidad de las televisiones nacionales y locales desde el punto de vista de la propiedad. Así pues, en un momento de exasperación de los medios de comunicación y cuando el viento de la actualidad estaba soplando en contra del Gobierno, este decide empeorar las cosas -para sí mismo- mediante una ley que va a hacer un daño económico y estratégico (se sustrae el debate al Parlamento) y espuria «no está justificada su vinculación con los Presupuestos) como demostraba Trias Sagnier. Lo hace -y esto resulta aún más incomprensible- en un campo de actividades no solamente licito sino defendido y recomendado por el propio Gobierno. El Prestige se partió en dos después de ir a la deriva durante unos días. ¿Le sucederá lo mismo a este Gobierno también a la deriva?