Una autonomía impuesta

En el año 1982 se publicó mi libro El proceso autonómico leonés . Posteriormente en el año 2014 fue reeditado a modo de trilogía conjuntamente con el de La identidad leonesa y La personalidad leonesa .

El objetivo del libro que hace 40 años se publicaba era dejar un testimonio de lo que había sido ese proceso. Por ello abundan las citas que dificultan su lectura pero avalan lo que allí se dice. No buscaba un libro que fuera fácil de leer sino más bien uno que quedase como fiel testimonio de lo que había sido ese proceso.

A pesar de haber publicado seis libros nunca me he considerado escritor. A mi modo de ver no todos los que escribimos libros nos podemos calificar de escritores. Simplemente soy un sociólogo que trata de mostrar a la ciudadanía unas opiniones y unos contenidos.

Así por ejemplo en ese libro se recoge que en la reunión de Unión de Centro Democrático (UCD) de julio de 1979 se decía: «el régimen de las Comunidades Autónomas son un derecho para acceder al autogobierno, cuya titularidad puede corresponder incluso a las provincias aisladas, siempre y cuando tengan «entidad regional histórica». Y en esa misma reunión Martín Villa afirmaba: «todas las decisiones que afecten a la autonomía tienen que proceder de la voluntad popular». Para aquellos que quieran comprobar la veracidad de esas afirmaciones se indica a que puedan consultarlas en la prensa de la época (19-9-1979).

Ya ven la discrepancia que se daba entre lo que se «decía» y lo que luego «se hacía». Por eso hay un ocultamiento interesado de todos estos hechos. Hay que recordar que UCD termina desapareciendo y sus restos desembocaron en lo que hoy es el PP.

Les doy otro dato que también creo interesante. En 1983 la Junta de Castilla y León encarga un estudio a la empresa Sofemasa. En las conclusiones de dicho estudio se reconoce que «los leoneses tienen un sentimiento muy notorio de ser una entidad con una identidad propia, bien diferenciada de la castellana. El rechazo que manifiestan los entrevistados leoneses no es tanto hacia el hecho autonómico en sí, como hacia la autonomía conjunta» (Diario de León, 20 de enero de 1983). Ya ven, esto lo dice un estudio que en su momento había encargado la propia Junta. Tenían claro que esta era una autonomía impuesta, pero tampoco les importaba que fuera así.

La ciudadanía leonesa se ha manifestado de forma reiterada en la calle en sentido contrario a este marco autonómico. Lo hizo desde el principio y lo sigue haciendo 40 años después. Son manifestaciones que se reconocen como las mayores que se han dado en la historia leonesa. Sin embargo, a veces los medios dan más relevancia a lo que hacen cinco personas que se manifiestan desnudas que a 90.000 que lo hacen de modo pacífico en las calles. Es el impacto de la imagen. No recuerdo ni un solo acto de apoyo a la integración leonesa en el marco autonómico de Castilla y León.

Hay que tener en cuenta que también a nivel institucional se ha dado un rechazo a este marco autonómico. Cuando UCD desaparece sus cargos leoneses tratan de dar marcha atrás en sus acuerdos. Ya no sienten la obligación de respaldar las tesis de Martin Villa como ministro de Administración Territorial. Así el 13 de enero de 1983 se aprueba por 20 votos a favor y sólo 4 contrarios un texto que en su artículo primero decía «se acuerda dejar sin efecto el adoptado en sesión del dieciséis de abril de mil novecientos ochenta, que suponía la iniciación del proceso autonómico». Hay que recordar que casi 40 años después estamos en las mismas y son muchos los ayuntamientos que rechazan la integración en Castilla y León. También hay que decir que ya en este momento esos ayuntamientos representan a más de la mitad de la población leonesa. Por otra parte, los partidarios de seguir en este marco autonómico son tanto a nivel institucional como social una absoluta minoría. Diríamos que la población se viene a dividir entre los que apuestan por una autonomía leonesa y los que no se pronuncian.

En esta misma línea recordamos la última encuesta realizada por 40DB y publicada por El País en las que afirmaba que el 56,3% de los leoneses era partidario de una autonomía propia, el 17,5% quería seguir en Castilla y León y el 26,2 prefería no contestar. Es decir el diferencial entre partidarios de una autonomía leonesa y contrarios era de 38.8 puntos.

Luis Soto, que fue uno de los dos Diputados de UCD que no dio su voto afirmativo (se abstuvo) a una autonomía leonesa, afirma en declaraciones de 1983: «el sentimiento, la aspiración de todos los componentes de la Diputación, así como la mayoría de mujeres y hombres de El Bierzo, era el de optar por León sólo, lo que así se manifestó en la primera encuesta realizada a los ayuntamientos».

Los datos son contundentes y no creo que haya demasiadas dudas de que estamos en un marco autonómico impuesto contra la voluntad de los leoneses. Esa imposición está causando un importante deterioro tanto a nivel económico como social. No creo que lo mejor sea permanecer en una autonomía que ni ahora ni nunca se ha deseado.