Desjudicializar ¿qué?

Andan los políticos tratando de orillar la acción de la Justicia en aras de que sus actos no sean judicializados, es decir, que campen por sus anchas las decisiones políticas, obviando la acción de la justicia, Porque eso, dicen, es judicializar la política. Claro, lo que quieren es lo contrario: la politización de la justicia, No en vano ellos —los políticos— son los que ha puesto nombre a los jueces a saber: progresistas y conservadores. Es algo que me pone de los nervios cuando se habla del cupo de progresistas y conservadores. Un juez —los jueces— no pueden encasillarse en esa división. Pero la culpa nació con las asociaciones de jueces cuando ellos mismos se tildaban de asociación progresista (con el carnet del partido en la boca). O Jueces para la Democracia. ¿Hay otra clase jueces que no sean los guardianes de la democracia?

Porque, precisamente, judicializar la vida social no es otra cosa que guardar la democracia, esto es, la división de los poderes que la conforman. Ya lo decía Montesquieu que son necesarios los tres poderes independientes para que «el poder detenga al poder». Pero la vía comunista de los poderes no se rige por esa división democrática que propugnaba Secondant, va por otro camino. Así lo proclamaban los estudiosos del comunismo: «el derecho ocupa entre nosotros, por el contrario, una posición subordinada a la política». Nada de ser un poder que haga contrapoder a la política o vigile —conforme a derecho— los actos políticos sino que es la política el eje por el que gira la vida social, el derecho subordinado a la Justicia; la judicialización desaparece a favor del acto político, sea o no conforme a derecho.

Nuestra Constitución proclama como principio fundamental el de legalidad: «garantiza el principio de legalidad», se dice en el artículo 9.3 CE. De forma que no hay otra manera de relacionar los entes sociales, económicos o políticos bajo el principio de la ley. Cuando esta se obvia y se siguen directrices políticas, al margen de la norma, la sociedad es un desorden de decisiones que arrollan todos los valores y principios de la Constitución. Al aplicar la juridicidad en las decisiones, no se hace otra cosa que aplicar el poder que se constituye en el Título VI de la CE.

Ahora bien, la tendencia marxista tuvo ocasión de soslayar las decisiones de los juzgados a través de lo que se llamó «uso alternativo del derecho». Tiene su génesis en la idea de que los jueces pueden aplicar la interpretación de las leyes desde la perspectiva de la ideología. Es más hasta pretenden forzar las leyes en orden a la ideología que sustentan los políticos. Así los manifiesta la teoría marxista: «…la ley debe moderarse también en su ejecución y aplicación a las exigencias de la política tal como vienen entendidas por la voluntad del órgano político» ( El pensamiento jurídico soviético , 97). De manera que tratan de adaptar las leyes a su ideología, si esto no pudiera ser, acuden sus jueces afines par que hagan un uso alternativo del derecho para sus consignas. Por si esto no fuera poco, ahora lo que pretenden los políticos de turno es desjudicializar la política. Es decir, cualquier acto político puede dictarse sin miedo a que los jueces lo censuren o impedir que la acción popular lo demande. Eso no es más que un exacto totalitarismo. Se acabó la división de poderes,. Solo existe un poder que es político, se cambia la democracia por la politicocracia.

Nuestra Constitución proclama a la política en su artículo 6, como «manifestación de la voluntad popular». Eso es en la teoría; y eso sería la manifestación de una verdadera democracia. Pero una vez que se acaba el periodo de las urnas, los políticos se olvidan de las promesas y ejercen el poder omnímodo sin pararse a pensar en aquellos que les dieron el voto. Y habrá que preguntarse si cuando pretenden hacer caso omiso a la justicia u obviar sus decisiones, no se está conculcando uno de los poderes del Estado, en definitiva, la pureza de la democracia. Porque desjudicializar no es otra cosa que apartar a la justicia de las decisiones —sobre todo de las políticas— y hacer de la justicia un uso espurio de la misma. Para que una democracia funcione es necesario que el Poder Judicial sea el garante de las decisiones políticas para que estas sean valedoras de los principios constitucionales. En caso contrario la justica ni seria eficaz ni se podrá acudir a ella cuando sean avasallados los derechos. Para que se cumpla aquellas palabras de Ortega al exigir las características de un programa político: «justicia y eficacia».

Pero es que, además, si la justicia se aplica a una parte de la sociedad y a otra no, se estaría discriminando la acción de la judicialización. No es de recibo que a un acto político que conculca el derecho se le conceda el beneplácito de la verdad y a otro sector —sea político o no— se le condene con las máximas penas. Por decirlo al modo llano, la desjudicialización de los actos políticos apartan de la vida democrática —y la conculcan— a un poder del Estado, lo que desborda cualquier vida igualitaria y se convierte en un autocracia., es decir, en una Estado totalitario.