Matonismo fiscal (y II)

Después de varios años de baja inflación, incluso negativa, estamos experimentando en nuestros bolsillos los efectos de una subida de precios generalizada. El IPC de 2021 ascendió al 6,5%, el nivel más alto en 30 años, llegando al 7,6% justo antes de la guerra de Ucrania y al 8,9% el mes pasado, después de haber tocado picos por encima de los dos dígitos con el añadido impulso de la política de gasto desbocado del Estado. Ya decía Ronald Reagan que las palabras más peligrosas eran «Hola, soy el Gobierno y estoy aquí para ayudarle».

Por ello, hemos escuchado últimamente con frecuencia la palabra «deflactar». En un impuesto proporcional como es el IVA, la subida de precios hace que el tributo sea mayor, pero el porcentaje de gravamen permanece inalterado. Sin embargo en los progresivos, como el IRPF, un aumento de ingresos hace que al saltar de tramo el tipo impositivo efectivo aumenta, el porcentaje es superior, como se podrá comprobar en las retenciones en nómina, mientras que el poder adquisitivo ha ido menguando. La deflactación de la tarifa del IRPF es un mecanismo que permite neutralizar o mitigar el impacto descrito. No se trata, por tanto, de bajar impuestos. Por ello podemos aseverar que estamos sufriendo un incremento del IRPF por la denominada «progresividad en frío», que asciende a más 10 mil millones de Euros de recaudación extraordinaria en los primeros 7 meses del año.

Ya en abril el jefe de la oposición, en la única reunión que ha mantenido con el Presidente del Gobierno, propuso la deflactación del IRPF para los perceptores de rentas inferiores a 40 mil Euros. Dado que el gobierno, en el año de máxima recaudación fiscal de la historia, se niega a devolver a los contribuyentes este exceso de ingresos, hasta diez comunidades autonómas de uno otro signo, en uso de su capacidad normativa en el tramo del 50% del Impuesto han decidido, mediante diferentes mecanismos, una suerte de «deflactación», empezando por Madrid y seguido por Andalucía.

Las habituales críticas a esta bajada de impuestos, que no es tal, se exacerban ya que esta última región se une a la primera en la bonificación al 100% del Impuesto sobre el Patrimonio, el único existente en toda la Unión Europea, con un coste de 93 mn de euros, el 0,25% de su presupuesto. Incluso, Ximo Puig, presidente de Valencia, con el dudoso honor de tener el tipo impositivo del IRPF más alto de España, el 54%, pide al gobierno «castigar» a quien no ha hecho más que ejercer sus competencias y cumplir con su programa electoral. El esperpento continúa días después, el 27 de septiembre cuando Puig, desdiciéndose, anuncia una rebaja del IRPF para paliar los efectos de la inflación, con un coste de 150 mn, aplicable a los perceptores de rentas inferiores a 60 mil Euros. Igual que lo apoyado por el PSOE anualmente en las provincias vascas y que si lo hace Madrid u otra comunidad que no esté en la cuerda, como Andalucía, Murcia, Galicia o Castilla y León se denomina como «dumping fiscal», ya que algunos entienden que la autonomía financiera va en una sola dirección, la de subir impuestos. En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio sus supresión hubiese recibido todas las bendiciones de haber sido aprobada por Cataluña.

La posición del presidente de Valencia generó fuerte malestar en el gobierno, pidiendo el ministro Escrivá una recentralización de impuestos que, para ser «coherente» en ningún caso suprimiría los privilegios feudales del cupo Vasco o el convenio Navarro. En improvisada respuesta anuncia la ministra de Hacienda una «rebaja selectiva» del IRPF, mostrándose contraria a la «deflactación» así como un nuevo impuesto que gravaría las grandes fortunas, propuesta de sus socios comunistas que había rechazado en sede parlamentaria el 7 de junio. Dos días después, el 29 de septiembre comparece para anunciar un paquete de medidas fiscales lleno de demagogia, manipulación, contradicciones y sobre todo falta del rigor técnico al que lamentablemente nos tiene acostumbrados. En ese paquete, con tufo de márketing electoral, en donde la seguridad jurídica importa poco, anuncia una serie de medidas, de las que por su importancia, me referiré a dos:

—El IRPF se dulcifica, a partir del 1 de enero de 2023, a los contribuyentes con ingresos inferiores a 21 mil Euros de forma parecida a como lo hizo Montoro en 2018. Para un soltero sin hijos, 1225 Euros/mes en 14 pagas. Teniendo en cuenta que las rentas inferiores a 14 mil euros (ahora 15 mil) no presentan declaración, podemos concluir que la medida afecta de hecho al 20% de los contribuyentes y no al 50% como dice la ministra. Dado que el grueso de la recaudación recae en las rentas entre 21 mil y 60 mil euros (de 1225 a 2980 Euros al mes en 14 pagas), para este grupo de 8 mn de personas que también está notando problemas económicos, se consolida una fuerte subida de impuestos por la puerta de atrás, pese a la ilusión fiscal que supondría el proyecto de rebajar las retenciones a las nóminas entre 21 mil y 35 mil euros, ya que hay que recordar que son pagos a cuenta y la diferencia deberá ser abonada en 2024, una vez pasadas las elecciones.

El Estado se niega a renunciar a estos ingresos extraordinarios debidos al aumento de la presión fiscal por la inflación, no para reducir déficit o pagar deuda sino para incrementar el gasto al mayor de la historia, sin una sola medida de contención o ahorro en el sector público. Son de destacar las palabras del Ministro de Finanzas alemán, el liberal Linder, en coalición con verdes y socialdemócratas, «el Estado no debe enriquecerse con la inflación a expensas de los ciudadanos». También Portugal, con un gobierno socialista, deflacta los tramos para garantizar la neutralidad fiscal en los incrementos salariales, pero 1.- Aprendió la lección con los «señores de negro» en la anterior crisis y 2.- Al contrario que Pedro Sánchez Pérez-Castejón no ve «poderes económicos ocultos» ni demoniza sectores sino que busca atraer capital, ahorro y talento, como han descubierto los ya residentes lusos John Malkovich, Philippe Starck, Michael Fassbender, Christian Louboutin o Madonna.

—El Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, a falta de mayor concreción, estará vigente durante 2023 y 2024 y se aplicará a patrimonios superiores a los 3 mn de Euros. Constará de 3 tramos, partiendo de un tipo impositivo del 1,7% y llegando al 3,5% anual a partir de 10 mn de euros de riqueza neta, similar a la escala estatal del Impuesto sobre el Patrimonio pero con un umbral más alto. Afectará a 22.935 contribuyentes, 15 mil en Madrid, a los que sólo hace falta ponerles nombre y dirección. Lo pagado en el Impuesto sobre el Patrimonio de la correspondiente comunidad autónoma será deducible de este impuesto estatal, por lo que tendrán un incentivo muy fuerte para recuperar e incluso subir su propio Impuesto mientras esté vigente el de Solidaridad, pues lo que no cobren se lo llevará el Estado sin que haya ahorro alguno para los ciudadanos de Madrid o Andalucía. La ministra de Hacienda, estima unos ingresos de 1.503 mn de euros anuales, equivalente a la mitad del incremento de gasto en Defensa para 2023, pero dado que suma el ingreso del Estado y lo que ya cobran las comunidades autónomas, la recaudación real debería ser inferior a los 700 Mn de euros malversados por los «honrados» gobiernos socialistas andaluces de Chaves y Griñán, según Sentencia del Tribunal Supremo del 13 de septiembre pasado y que sus jefes de Madrid con todo tipo de trabas impiden su recuperación.

Debe remarcarse que en la construcción de un patrimonio ya se han pagado impuestos por los ingresos obtenidos y por las compras realizadas, además en el caso de los inmuebles los ayuntamientos ingresan por IBI 14 mil mn al año. No es verdad que los ricos no paguen, el 40% de la recaudación por IRPF se debe al 4% de los contribuyentes. Por ello no existe ningún país de la Unión Europea que tenga un gravamen similar y ahora tendremos dos. Incluso Zapatero lo suprimió entre 2008 y 2010, dada su escasa recaudación y obstáculo para atraer inversión de la que no andamos sobrados. Es inconcebible cómo sigue vigente en Castilla y León, lanarmente impasible ante la fuga de los contribuyentes más golosos.

Independientemente de los recursos ante el Tribunal Constitucional que se planteen por invasión de las competencias de las comunidades autónomas, el fraude de Ley que supone diseñar un mecanismo para que tributen los ciudadanos de regiones que no son afines al Gobierno o el gravamen sobre el mismo hecho imponible, está pendiente de resolución recurso sobre la posible inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Patrimonio por confiscatorio. Caso de que la citada instancia se pronuncie en contra del nuevo Impuesto, al gobierno actual poco le preocupa. De tener que devolver el dinero, alguno ya estará al abrigo de instituciones u organismos que previamente hayan engrasado con subvenciones. Con nuestro dinero. Con el de ustedes.

Estos días ha habido muchas llamadas a bancos o despachos profesionales. Estimo que más que el daño en la fuga de capitales a Portugal u otras localizaciones donde tengan las puertas abiertas, está el mensaje que se da con este matonismo fiscal, teniendo en cuenta los flujos de dinero que Madrid como ciudad global que empieza a ser y en los últimos años Andalucía, está atrayendo del otro lado del Atlántico por personas que huyen del populismo o del comunismo así como de la City post-Brexit, encontrando además mayor seguridad jurídica que en Barcelona. Exprimiendo a impuestos se olvida que el contribuyente tiene donde elegir, sin tener que recurrir a mencionar casos sonados como los Rolling Stones en los 70 bajo los gobiernos laboristas o más recientemente Gerard Depardieu en Francia mientras duró un fugaz y similar impuesto.