Paso adelante en la evaluación de las políticas públicas
Tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas y algunos municipios grandes desarrollan políticas públicas en el marco de estrategias o planes de actuación.
Habitualmente, se consulta e incluso negocia con diferentes actores de la sociedad civil, particularmente con asociaciones empresariales y sindicales más representativas, cuando el ámbito de actuación es socioeconómico.
En dichas estrategias y planes se contempla una similar estructura: diagnóstico de situación, análisis de las debilidades y desafíos, medidas concretas, departamentos administrativos que han de desarrollarlas, presupuesto y evaluación.
Esta última fase, la evaluación, es decisiva, puesto que contribuye a mejorar la implantación de la política diseñada, redefiniendo su impacto e incluso el presupuesto, de forma que sea eficiente para paliar la necesidad social detectada.
Como todos experimentamos en los bolsillos, el crecimiento de las políticas públicas se sufraga con impuestosComo todos experimentamos en nuestros bolsillos, el crecimiento de las políticas públicas se sufraga con impuestos. Por tanto, es de justicia ser rigurosos en su destino y hacer balance periódico de la idoneidad de su uso.
El tamaño de lo público supera ya la iniciativa económica privada y no es razonable que no se evalúe el impacto de las innumerables y crecientes políticas públicas. Es relevante, además, realizar un seguimiento de las recomendaciones que se realicen en la evaluación, que no se queden en el cajón del gestor administrativo, y tener una política de comunicación de la citada evaluación. Es una exigencia de eficacia de recursos y de transparencia.
Como todos experimentamos en los bolsillos, el crecimiento de las políticas públicas se sufraga con impuestos
En este sentido, es una buena noticia la aprobación de la Ley 27/2022, que entra en vigor el 22 de diciembre, puesto que institucionaliza la evaluación, configurándola como necesaria en el diseño, mejora y rendición de cuentas de las políticas. Es deseable que contribuya tanto a extender la práctica de la evaluación rigurosa, como a poner orden en la dispersión de instituciones que, con mejor o mayor fortuna y de forma esporádica, están ahora evaluando de forma dispar algunas políticas.
La evaluación, como disciplina académica, se ha ido consolidando en Europa a partir de la década de los noventa del siglo pasado. Parece llegado el momento de utilizar este conocimiento para ser eficientes en el gasto público, sobre todo cuando ha alcanzado una magnitud tan elevada.