¿Son sostenibles las pensiones? (I)

Sirvan unos datos objetivos para centrarnos. El gasto previsto para 2023 es de 190 mil mn de euros, 60% más en una década y los ingresos por cotizaciones ascienden a 150 mil mn, por lo que el desfase de este año será de 40 mil mn al cubrir las cotizaciones solo el 79%. El 21% restante, con deuda. Desde 2012 los ingresos por cotizaciones son menores que los pagos, aumentando estos exponencialmente. Sólo desde la toma de posesión del actual gobierno, el agujero se han incrementado en 100 mil mn. Los datos deberían hacer reflexionar, ya que el montante de las pensiones supusieron el 12,7% del PIB en 2019. Hoy estaría por encima del 13% y se ampliará en otro 3,5% según se vaya jubilando la generación del «baby boom», aquellos nacidos principalmente en la década de los 60. Europa, uno de nuestros muchos acreedores, no ve con buenos ojos que pasemos del 12% y pide medidas a las que se dan largas por ser año electoral.

El enorme agujero al que hemos llegado se debe a la «generosidad» de las prestaciones en comparación a los países de nuestro entorno. Es cierto que muchas pensiones son bajas, pero ello no se debe a una injusticia generada por el sistema, sino a las trayectorias laborales de los pensionistas, que, o bien cotizaron por bases bajas mientras trabajaban o cuentan con carreras de cotización relativamente cortas o han sufrido la aplicación de coeficientes reductores de la pensión por jubilarse anticipadamente.

Así, la tasa de sustitución, porcentaje de la primera pensión respecto al ultimo salario es del 80,1%, por encima del 74% de Francia, el 62% de Bélgica coincidiendo con la media de la OCDE, 56% de Suecia, el 53% de Alemania o el 25% del Reino Unido. Ello es debido a la necesidad de cotizar 36,5 años para obtener el 100% de la base reguladora, por la que se ha cotizado, mientras que en Francia son 43 años o 45 en Alemania.

Sin embargo, el principal problema es la longevidad. Cuando a principios del siglo XX se fijó la edad de jubilación a los 65, la esperanza de vida era inferior a 5 años, hoy es de 18 para los hombres y 22 para las mujeres, es decir, una media de 20 años cobrando pensión, lo que hace que el dinero percibido por ese concepto supere el aportado vía cotizaciones a lo largo de la vida laboral. En concreto, según el Banco de España, cada jubilado recibe 1,74 Euros por cada uno que cotiza.

A ello se añade un factor demográfico que hace que pasemos del «baby boom» de los 60 al «baby crack» de hoy, de manera, por señalar provincias de tres comunidades autónomas vecinas, que en Orense ya hay menos de un cotizante por jubilado y Asturias, León y Lugo ligeramente por encima. Nacen hoy la mitad de niños que hace 40 años. En León, 7.052 en 1975 y 2.301 en 2021, un 67% menos, con tendencia a seguir bajando. Ello lleva a una pérdida de población, 150 mil personas, que en nuestro caso empieza en 1960, cuando llegamos a 584.296 habitantes, no en 1983, fecha en la se obceca el populismo regionalista con el inicio de la autonomía birregional en la que estamos y que cierto, no ayuda, pero nuestros graves problemas, éste uno de muchos, vienen de muy atrás.

Debe insistirse que el sistema español es una Pirámide de Ponzi, es decir, las pensiones se pagan con el dinero que aportan los cotizantes, no con las pagadas en su día, que darían lugar a cantidades más bajas si se tuviese en cuenta la expectativa de vida. Lo único que garantiza las pensiones, en un modelo de reparto como el nuestro, es que haya crecimiento económico y por tanto, «paganos». Sin embargo, España no crece, más bien rebota y con deuda, el único país de Europa por debajo del nivel previo a la pandemia, inalcanzable hasta 2024. Por otra parte, sufrimos el mayor desempleo, incluso con la contabilidad creativa del gobierno respecto a los fijos discontínuos escondiendo parados y un sistema de protección social que no fomenta ni exige seriamente la formación o la búsqueda de trabajo regulado. Además, la mayor parte del empleo que se crea es público llegando a la astronómica cifra de 3,5 mn, 500 mil, un 17% más que en 2007, cuyos sueldos han subido un 34% desde entonces, mientras que hay 17 mn privados, un -4% en el mismo periodo, con salarios incrementados desde entonces en un 25%. De la importancia del empleo se hace eco el reciente informe del Banco de España «El gasto en pensiones en España en comparativa europea» (Boletín Económico 2023/T1, de 18 de enero), «las proyecciones demográficas indican que el gasto en pensiones aumentará notablemente en España. Algo más del 40% de dicho aumento podría ser compensado si la tasa de empleo se elevara hasta alcanzar el nivel que dicha tasa registra en Alemania». Debe recordarse que el Banco de España es una prestigiosa e independiente institución, excepto en el periodo 2006-2012, cuando un político no técnico fue designado gobernador por Zapatero, curiosamente coincidiendo su mandato con la politización y debacle de las Cajas de Ahorro.

En las últimas décadas, se ha ido parcheando el sistema, aumentando el período de cálculo de 2 a 8 años por González en 1985, o de 8 a 15 por Aznar en 1997, no siendo hasta 2011 cuando hay un verdadero cambio en el sentido correcto, cuando Europa amenazó a España con la intervención debido a una política económica frívola. Entonces Zapatero tuvo que aumentar de 15 a 25 años el citado período y de 65 a 67 años la edad de jubilación, así como los años necesarios para cobrar el 100%, la pensión completa, lo que supone cobrar menos trabajando más tiempo, con el «aguinaldo» de congelar las pensiones ese año. Cerca ya de cumplirse el período transitorio para su implementación, no se ha hecho nada más si exceptuamos el mal explicado por Rajoy «factor de sostenibilidad», que ligaba la primera pensión a la expectativa de vida y que no ha llegado a entrar en vigor. En la actualidad, el gobierno ha realizado diversos cambios, que no atacan el problema, sino que lo acrecienta, poniendo en juego los fondos europeos si no se cumple con lo que no quedará más remedio después de las elecciones. La reforma consiste en:

—Desincentivar las jubilaciones anticipadas voluntarias en derterminados meses e incentivarla en otros, así como las jubilaciones tardías.

—Ligar las revalorizaciones de las pensiones al IPC medio, lo que da lugar a que este año electoral se suban un 8,5% con carácter general y el 15% a las no contributivas en el peor momento económico posible, lo que supone 14,5 mil mn más, equivalente a aumentar un 29% el gasto total en educación o un 18% en sanidad. Es relevante que esas pensiones se pagan por quienes están teniendo aumentos de sueldo este año del 3% de media o que muchos de los 2 mn de propietarios de vivienda en alquiler pertenecen a personas que las han adquirido con ahorro de cara a una jubilación y se topan al 2%. No hay un sólo país en Europa que ligue las pensiones exclusivamente al IPC, ya que se modula con la esperanza de vida, evolución demográfica, ratio cotizantes/pensionistas u otras variables económicas.

—Se incrementan en 0,6% las cotizaciones por la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional hasta 2050 (0,5 empresa + 0,1 trabajador) sin causar derecho a mayor pensión, elevando las cargas laborales a casi el 40%, de las mayores de Europa, frente al 22,1% de media y 16,9% de la OCDE.

—Se empieza a acercar la cotización de los autónomos a los ingresos «reales», con un periodo transitorio hasta 2025, ya que el 85% cotiza por la base minima. Sin embargo, es una patada para adelante, ya que generarán derecho a mayor pensión.

Con estas tres medidas y unas previsiones de crecimiento económico que, de acuerdo con todos los organismos independientes, españoles o extranjeros, son irreales, no salen las cuentas para pagar el esperado fuerte incremento de jubilados según vaya llegando la generación de los 60 al retiro.

Las pensiones están garantizadas, pero no puede decirse lo mismo en cuanto a su montante, los derechos se cubren según sea la realidad social y económica, no son inmutables. Debe recordarse que países como Portugal o Grecia, tuvieron que reducir las que se estaban cobrando y en el caso de éste ultimo, fue el gobierno comunista de Alexis Tsipras y su ministro Varoufakis quien empezó suprimiendo las dos pagas extraordinarias en 2012, para después aprobar recortes adicionales del 15% las bajas y 40% las más altas. Como añadido, se congelaron hasta 2022 y todo ello después de gritar «sí se puede». Intentar mantener las pensiones ya existentes solo puede hacerse a cambio de minorar las futuras de los actuales cotizantes, que son quienes las están pagando, pero mirar hacia otro lado, como se puede comprobar con Portugal y sobre todo Grecia, sale muy caro.

Un sistema de pensiones moderno se basa en 3 pilares, el público, el de empleo y el individual. Hasta aquí hemos hablado del primero. Mañana trataremos acerca de otras ocurrencias que tiene el gobierno en cartera y su intención de potenciar el segundo a costa de cargarse el tercero. También cómo se ha solucionado con éxito en países como Suecia.