¿Son sostenibles las pensiones? (y II)

En la Tribuna precedente se exponían los datos que llevan a pensar que el sistema de pensiones español no es sostenible, especialmente teniendo en cuenta la cercanía a la jubilación de la generación más numerosa de la historia, la del llamado «baby boom». Se hizo un somero repaso a las principales reformas que se han hecho en los últimos 40 años y lo aprobado por el gobierno y vigente a 1 de enero de 2023. Sin embargo, se está trabajando en otros retoques, ya que la sostenibilidad requiere esfuerzos adicionales.

—Se pretende la subida de la base máxima de cotización por encima de la inflación sin que la pensión máxima vaya a subir de manera proporcional, mediante el incremento del 30% (1,154% anual) de la primera y el 3% de la segunda desde 2025 a 2050. Con ello se añadirían otros 27 puntos porcentuales de diferencia entre el esfuerzo contributivo y la pensión más elevada de la Seguridad Social, aumentando la brecha que se ha ido generando, ya que la base máxima de cotización ha subido un 50% en los últimos 15 años, mientras que la pensión máxima un 30%. En 2010 ascendía al 77% de la base máxima y en 2023 será del 68%, para llegar al 50% en 2050. Cada vez hay menos diferencia entre la pensión máxima y la mínima. Hasta el secretario general de UGT, Pepe Alvarez, piensa que quien tiene una pensión maxima ya ha contribuido solidariamente al sistema de manera importante al cotizar más que su pensión y que esta esté limitada a un neto de 2300 Euros/mes en 2022, no puede decirse que sea una cantidad alta.

—A partir de 2024 se volverá a atracar a quien cotice por tramos altos, ya que en las jubilaciones anticipadas se aplicarán los descuentos desde el tope de pensión máxima y no desde la base reguladora.

—Estas medidas incrementan la recaudación o reducen el gasto de forma imperceptible. Lo que de verdad es significativo es el aumento del periodo de cálculo. Su ampliación abunda en la contributividad del sistema, con la salvedad de que subir de los actuales 25 años a 35 supondría una merma de la primera pensión futura del 8,2% según cálculo del Banco de España. El gobierno se ha comprometido con Europa a esta reforma, a la que todos los partidos y sindicatos se oponen, incluso con la última propuesta del gobierno de aumentar a 30 años, pero pudiendo desechar los dos peores, lo cual dejaría las cosas como están.

Hasta aquí lo hecho en cuanto a lo que llamamos el primer pilar, la pensión pública, pero en un sistema moderno tienen especial relevancia como complementarios, los fondos de pensiones de empleo y los individuales. Aconseja la OCDE que la pensión esté configurada en un 50% con recursos públicos, otro 30% a través de planes de empleo y el restante 20% con provisiones individuales. Veamos qué ha hecho el gobierno en este sentido.

—Se pretende fomentar los planes de empleo y, consciente que en España solo funcionan en las grandes empresas, aprueba la normativa para la creación de un Fondo de Pensiones de Empleo de Promoción Pública (FPEPP), permitiendo una aportación maxima deducible hasta 10 mil Euros/año.

—Vuelve a reducir la cantidad máxima a aportar a los fondos de pensiones individuales a 1500 Euros/año, desde el 1 de enero de 2022, anteriormente rebajados de 8000 a 2000 desde el 1 de enero de 2021, reforma que no afecta a Vascongadas. La consecuencia es que la aportación bruta baja en dos años de 4314 mn a 1709 mn, un 60% menos.

España está muy atrasada en previsión complementaria y no habiendo desarrollado aún el segundo pilar se carga el tercero, el individual. Afortunadamente al formar parte de Europa, ocurrencias que pudiera tener la parte menos aseada del gobierno no se podrían llevar a cabo, como en Colombia, donde su amigo, el nuevo presidente de extrema izquierda y ex terrorista del M-19, Gustavo Preto, pretende crear Colpensiones, expropiando los ahorros de jubilación que millones de trabajadores depositaron en fondos, para tapar el déficit del sistema. Sus palabras son elocuentes «Esa plata ya está ahí. No se necesita más. Lo que hace falta es cambiar la distribución. En lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual, mandaremos esa plata a un fondo público».

El ahorro en este tipo de previsión complementaria, que no es más que un salario diferido sin beneficios fiscales, puesto que tributa íntegramente cuando se percibe, supone en España el 9,5% del PIB, mientras que la media de los países de la OCDE es del 60,1%. Y no digamos en Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá o Australia, donde llega hasta el 200%. Es tal la importancia de estas entidades, que buscan inversiones estables, por lo que millones de futuros jubilados de todo el mundo son los mayores partícipes de empresas cotizadas en Bolsa y cada vez más de otro tipo de activos como, a modo de ejemplo, el fondo de pensiones holandés APG en Itínere, dueña entre otras de la autopista León-Campomanes, residencias de mayores como el fondo de pensiones canadiense CPPIB en Orpea, torres de comunicaciones como el Canada Pension Plan Fund Investment en Cellnex y ya empiezan con suelo rústico y explotaciones agrarias como TIAA-CREF. Sólo este último, fondo de pensiones de los profesores universitarios de Estados Unidos, gestiona 1 billón de Euros y puedo asegurar, por mi relación profesional, la seriedad y ausencia de especulación con la que funcionan. Este generalizado desconocimiento es lo que hace que determinadas plataformas, además de exigir por lo que no han cotizado y a costa de otros, hablen de privatización de la Seguridad Social. No es más que lo que ha pasado toda la vida, gente ahorrando para complementar su futura pensión, pero en este caso de una manera regulada, profesional y con diferimiento fiscal.

Suecia llegó a su zénit de gasto público y número de empleados públicos en 1993. Esta situación explotó con un paro del 20%, hiperinflación, devaluación de la moneda, deterioro de la responsabilidad individual y falta de competividad internacional por los costes laborales. Suecia se convirtió en una república bananera, pero sin bananas. La crisis se enfrentó con valentía: cheque escolar y competencia público privada en educación, externalización de servicios abierta a la competencia en sanidad, reducción de impuestos al trabajo, funcionarios con los mismos derechos que los trabajadores del sector privado, incluido el despido y subsidios de desempleo condicionados de verdad a buscar activamente trabajo y formación. Pero en lo que a esta Tribuna respecta, fue la reforma de su sistema de pensiones, que empieza a ser copiado total o parcialmente por otros países, el gran acierto. Se trata de un sistema mixto de reparto y capitalización, que es hacia donde va el mundo, pero con la particularidad de las «cuentas nocionales», ya que las aportaciones de trabajador y empresa, 16% del sueldo, menos de la mitad que en España, se acumulan durante toda su carrera laboral y actualizan anualmente en función de una serie de parámetros, no estrictamente el IPC. Con ese dinero se financian las pensiones presentes, pero todas y cada una de esas contribuciones serán exactamente las que se tendrán en cuenta para la pensión futura. Así, los trabajadores conocen en cada momento el dinero que se ha ido preservando para la vejez. Esos derechos acumulados generan una pensión en función de la esperanza de vida a la edad de jubilación, libre a partir de los 61, garantizándose el equilibrio actuarial necesario del sistema. Con esto se consigue una pensión pública básica, que es complementada por fondos de empleo, así como los individuales que desee contratar.

Pero para esto, en los años noventa se sentaron a la mesa todos los actores que tenían algo que ver, sindicatos, empresarios, Gobierno y expertos. Llegaron a una conclusión, poner en marcha de forma gradual un nuevo sistema acordado por todos y el reto de las pensiones desapareció sin trasladar el problema a futuras generaciones. No sin hacer una revisión integral del gasto público, que en España parece que se olvida.

En España, para empezar, se debería enviar la prometida carta a todos los cotizantes explicándoles cómo funciona el sistema y qué expectativas de cobro tienen con la legislación vigente. Es cierto que entrando en la página web https://sede-tu.seg-social.gob.es se pueden hacer simulaciones, pero el mismo gobierno que publica en el BOE un jueves 29 de diciembre la bajada del IVA en alimentación y exige que los supermercados y comercios ajusten los precios el domingo 1 de enero, no tiene el mismo celo a la hora de actualizar su portal, a veces con meses de retraso.