Sí, las pensiones son sostenibles (II)
En España tenemos un Sistema Público de Pensiones de ¡reparto! que es contributivo, porque depende de la cuantía del sueldo y del tiempo cotizado, pero también es distributivo, solidario. Las cotizaciones sociales no se acumulan en cuentas personales como ahorro individual, ni se especula con ellas en fondos de inversión, porque pasan directamente a «repartirse» y pagar las pensiones públicas. Es un sistema que es solidario entre generaciones y solidario entre los distintos territorios de nuestra geografía y son pensiones de prestación definida mientras sean necesarias, es decir no habrá fluctuaciones salvo las revalorizaciones anuales frente a la inflación porque se revalorizan anualmente al IPC. Están garantizadas por el Estado pues si no alcanzaren con las cotizaciones se cubrirán con impuestos. Por el contrario, los sistemas de ¡capitalización! dependen de las aportaciones a un fondo de capital que, con los intereses devengados por su rentabilidad, definirá la cuantía de la pensión privada. No tiene garantía del Estado, no es solidario, es individual y no corrige el efecto de la inflación con lo que se puede perder poder adquisitivo.
Yawar Nazir Alonso pone como ejemplo a Suecia. Salvando las diferencias de la renta per cápita con España y los avances sociales y democráticos que tuvieron en el país nórdico durante muchos años, no dice que al final, el Sistema Sueco no se diferencia mucho del Español, porque es contributivo, por las cuentas nocionales individuales que no están sujetas a especulaciones financieras de los bancos, y es distributivo y solidario por la parte de la pensión pública a la que todas las personas suecas tienen derecho y que provienen de los impuestos. Y ya que puso como ejemplo a Suecia y cuestiona la subida del empleo público en España en relación con el empleo privado, recordarle que en Suecia un 25% del empleo es público: sanidad, educación, escuelas infantiles, servicios sociales, etc. Mientras que en España es de un 16% sobre el total. Si se llegase al nivel de Suecia se podrían crear dos millones de empleos. Que se lo pregunten a las y los profesionales de la sanidad pública, de las residencias, de los colegios, etc., si hace falta o no aumentar los puestos de trabajo en las administraciones públicas.
Dicho autor reconoce y aplaude que las leyes de reforma de las pensiones públicas desde 1985 hasta aquí se hicieron para recortar sus cuantías. Alargando la edad de jubilación a los 67 años; también aumentando el cómputo para calcular la pensión, de los 2 a los 8 últimos años de la vida laboral, de 8 a 15, de 15 a 25, y ahora, se pretende subir a 30 años eligiendo los 28 mejores; elevando el mínimo de años cotizando para tener derecho al 100% de la pensión de 35 a 37 años; con unos coeficientes reductores en caso de la jubilación anticipada que ahora se van a aplicar, no en la base reguladora, si no en la pensión directamente, y los fallidos factores, el de sostenibilidad por el que se bajarían las pensiones a tenor de la esperanza de vida; y el de la revalorización al 0,25%.
Todos estos recortes tienen un objetivo para el futuro: mantener unas pensiones públicas de beneficencia y quien pueda que contrate planes de pensiones privados. Algo parecido lo que está sucediendo con la sanidad pública con los seguros médicos privados. Eso sí, lo hacen poco a poco, casi sin darnos cuenta. Sólo nos enteramos si los y las «estrategas de la política» se pasan de rosca, y nos mandan una insultante revalorización de las pensiones del 0,25% o las listas de espera a un especialista médico se hacen desesperantes.
Otra estrategia ha sido la del miedo, atemorizar a la población de que no haya fondos para las pensiones públicas. Las campañas para crear incertidumbre sobre el futuro de las pensiones han sido constantes desde 1995. La Caixa, el BBVA, el Banco Santander, el Banco de España, Inverco, Fedea, etc. insisten en avisarnos desde 1995 la hecatombe y que en 10 años las pensiones públicas harían quebrar al Estado. Pero han pasado 30 años y el Estado no quebró. Como decimos en una de nuestras pancartas: «Nos han engañado tantas veces que al final no les creímos». El Fondo Monetario Internacional, el Banco Muncial y la OCDE, no dejan de repetirlo. Christine Lagarde, expresidenta del FMI y actual Presidenta del Banco Central Europeo, ya dijo que «vivir tantos años creaba un problema económico», y el exministro japonés de Finanzas Taso Aro pidió a los ancianos del país que «se den prisa en morir».
La realidad de los planes privados de pensiones es que en España han fracasado, porque los fondos de pensiones que son fondos de inversión en valores bursátiles tienen una rentabilidad tan baja que en la mayoría de los casos no pueden superar la inflación. Las desgravaciones fiscales de estos planes privados de pensiones las estamos pagando toda la ciudadanía con nuestros impuestos, tengamos el nivel económico que tengamos, hayamos suscrito planes de pensiones o no. En el caso de los planes privados de pensiones de empresa, además de desgravaciones fiscales, también reducirán las cotizaciones sociales de las nóminas y de las empresas y, por tanto, las bases de cotización para las futuras pensiones y los ingresos a la Seguridad Social serán menores. Es una broma cruel que se exija suscribir a trabajadores y trabajadoras con unos sueldos en general bastante bajos, a través de los convenios colectivos, planes de pensiones privados de empresa complementarios. Pero eso sí, las comisiones que cobran las gestoras de los bancos por la gestión y depósito de los fondos no las perdonan. Por esto el Movimiento Pensionista apoya las luchas de trabajadores y trabajadoras y lucha también por el futuro de sus pensiones públicas dignas.
Hemos visto los fracasos y dificultades que se encuentran varios Estados por cambiar el sistema público de reparto a otro de capitalización privada. Veamos algunos ejemplos:
Chile con los Administradores de Fondos de Pensiones (AFP) vinculadas a entidades financieras. Toda la población trabajadora pasó a este nuevo sistema, impuesto por Pinochet, de capitalización individual, excepto las fuerzas armadas y la policía, que continuaron con el sistema público anterior de reparto garantizado por el Estado Chileno. El resultado fue nefasto para la ciudadanía, con unas pensiones que se redujeron de tal forma que las personas jubiladas han de seguir trabajando.
En Estados Unidos, han pasado del 10 al 20% las personas que han de seguir trabajando después de los 65 años. Además, en 2013 se produjo la quiebra de fondos de pensiones en Detroit, después Puerto Rico, y le siguen Illinois, Kentucky y Nueva Jersey y también tienen problemas en Carolina del Sur, Michigan, etc.
Alemania, quienes no han tenido buenos salarios para hacerse buenos planes privados de pensiones se ven obligados a trabajar en los «minijobs», miniempleos, después de la edad de jubilación. Son trabajos a tiempo parcial con una remuneración máxima de 500 euros y libres de impuestos. La población mayor de 65 años en riesgo de pobreza ha crecido en Alemania de un 4,7% en 2005 hasta alcanzar el 15,7% en los últimos 15 años, lo que suma cerca de 2,7 millones de personas, según la oficina de estadística alemana ( El País , 28/12/2020).
En el Reino Unido el sistema público de reparto desapareció con Margaret Thatcher y dejó temblando su sistema Nacional de Salud, en línea con la tendencia neoliberal. En octubre de 2022 el Gobierno Británico tuvo que salir al rescate de los fondos especulativos de pensiones cuando un terremoto financiero puso en jaque la viabilidad del dinero que tenían ahorrado para su retiro. Hay que tener en cuenta que Liz Truss, la ex Primera Ministra, no es una comunista, sino una preeminente miembro del partido conservador británico. Una medida que se prevé como normal en la derecha política, bajar impuestos, alarmó a los mercados financieros que inició una venta masiva de bonos del Tesoro.
La privatización o externalización de los servicios públicos, impuesta por las tendencias neoliberales de la economía y la política, han conducido y conducen a una mayor desigualdad de la población y a prestar servicios que, salvo honrosas excepciones, salen más caros y disminuyen la calidad. Algo que hemos podido comprobar durante la pandemia por covid, sobre todo en lo que se refiere al sistema público de salud y a la red de residencias para personas en situación de dependencia. La privatización consiste en anteponer los beneficios económicos a los beneficios sociales y si queremos servicios públicos de calidad, ha de ser el Estado con la participación ciudadana quien los financie y los gestione porque además, los gastos sociales en España de los servicios públicos, pensiones, sanidad, servicios sociales, etc., son inferiores a la media de la Unión Europea.
En resumen: El sistema público de pensiones y la Seguridad Social son sostenibles. Es uno de los mejores instrumentos que tiene el Estado para combatir la pobreza, la desigualdad y la brecha de género. Para hacerlo más seguro y fiable, además de financiar el Estado los gastos impropios a la Seguridad Social, se han de cambian las políticas laborales, económicas y de igualdad, y hacer una reforma fiscal progresiva en profundidad que permita financiar servicios públicos de calidad, derogar las reformas laborales que condujeron a una condiciones paupérrimas para trabajadores y trabajadoras, e impulsar el empleo femenino. Es necesario cambiar el rumbo de las políticas que se han hecho hasta ahora que consistían en recortar pensiones y prestaciones y, en cambio, proponemos aumentar los ingresos, cómo se ha hecho, en principio, con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, aumentando un 0,6% las cotizaciones sociales.