Frente al sistema público de pensiones y a la seguridad social

En primer lugar, agradezco el tono sosegado de la contestación de Yaward Nazir Alonso del debate en esta Tribuna del Diario de León sobre la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones; más reflexivo que los dos anteriores. En segundo lugar, digo que las compañeras y compañeros que estamos en este activismo por la defensa de las Pensiones Públicas y la Seguridad Social, cuando nos manifestamos o contestamos lo hacemos con nombre y apellidos y no nos escondemos. Finalmente, sí me gustaría llamarle la atención por la calificación que hace de «ultramontana» a una parte del Gobierno. Es curioso que, cuando se pone el dedo en la llaga de la realidad económica y tributaria de las grandes empresas, se salte con adjetivos peyorativos. El Movimiento Pensionista critica ciertas políticas económicas que no nos gustan, gobierne quien gobierne, pero hemos de respetar a quienes legítimamente defienden algo tan simple como mejorar la vida de las personas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Constitución española.

Sorprendentemente, durante la crisis económica y financiera de 2008, el empresariado alemán propuso a su Gobierno que se les elevasen los impuestos para contribuir a paliar la ola devastadora de desempleo y pobreza que la crisis estaba causando a sus compatriotas. Sin embargo, en estos dos últimos años, el Banco Central Europeo confirma que la codicia corporativa es la causa principal de la elevada inflación que está sufriendo la ciudadanía española. «Las cifras demuestran que el incremento de los márgenes de beneficios de las empresas han aumentado, en lugar de reducirse, que sería lo más lógico en un escenario como el actual. Por tanto, la inflación está provocada, precisamente, por la codicia corporativa que ha aumentado de manera artificial los precios de la energía, los alimentos y otros productos básicos». Esto es lo que ha recogido la Agencia Reuters. Por otro lado, se han publicado los beneficios netos en 2022 de las empresas que cotizan en bolsa dentro del grupo Ibex 35, que son las más importantes entre las que están, Inditex, Telefónica, Iberdrola, Banco Santander, etc. Obtuvieron 56.321 millones de euros.

Estamos en una sociedad de libre mercado. Por lo tanto han coexistido y coexisten en España los servicios públicos y los privados. Es legítimo que, quienes quieran y puedan, hagan seguros médicos privados, o lleven a sus hijos e hijas a colegios y universidades privadas, suscriban planes de pensiones privados o lleven a sus mayores a residencias privadas. Lo que decimos, quienes defendemos el Sistema Público de Pensiones y la Seguridad Social, es que el Estado, como conjunto de instituciones por las que organizamos la vida en sociedad y nos protegemos, debería dar prioridad a lo común, a lo público antes que lo particular, y que los servicios públicos del estado del bienestar sean de calidad, y no como una beneficencia. Pensamos que el Estado no debería utilizar los fondos públicos que pagamos todos y todas con nuestros impuestos, para financiar y subsidiar empresas y capitales de esos servicios privados o rescatarlas, como ocurrió en 2009 con Bancos y Cajas de Ahorro, en el proceso de rescate y reestructuración de la banca, que se tradujo en la creación de la Sareb, el «banco malo», para absorber el «ladrillo tóxico»: viviendas, locales, edificios a medio construir y terrenos y solares, que se apropiaron los bancos por ser avales de hipotecas que no se pudieron pagar. Este rescate es una deuda pendiente con toda la ciudadanía española y cuyas pérdidas operativas y el patrimonio negativo, que supera la de la deuda liquidada, suman un agujero de más de 54.000 millones de euros a los que hubo que añadir 35.000 millones más de deuda que la Unión Europea obligó al Gobierno Español a asumir en 2021. Si se añaden los créditos fiscales, que son descuentos a aplicar en el Impuesto de Sociedades a los bancos, el Banco de España cifraba el coste del rescate, en la última nota que ha emitido sobre esa operación, en más de 120.000 millones de euros. Y eso que «no nos iba a costar ni un euro». Además, este proceso supuso la pérdida de 100.000 puestos de trabajo y el cierre de 10.000 oficinas bancarias. Lo mismo que el rescate de algunas autopistas de peaje que nos iba a «salir gratis» y suponen 4.500 millones de euros. O sea, se es neoliberal para privatizar los beneficios a favor de empresas y bancos, y se es «socialista» para socializar las pérdidas a costa de la ciudadanía,rica o pobre. La «ley del embudo» que diría el personal castizo. En fin, que sí que hay dinero para lo que interesa y cuando interesa.

Sobre la falta de personal en algunos de los servicios del estado del bienestar la queja es generalizada en cualquiera de los sectores que estudiemos. Falta personal y el que tenemos está mal pagado y con malas condiciones laborales. Esta es una de las causas de la falta de profesionales en medicina (unos 9.000), enfermería (casi 300.000), la enseñanza (174.000). En los servicios sociales existe también un déficit importante en las ratios de profesionales según la OCDE y que quedó de manifiesto con la pandemia de covid-19, pero es verdad que hay importantes diferencias entre Comunidades Autónomas. Los Servicios Sociales incluyen los servicios para personas en situación de dependencia (residencias, atención a domicilio), los cuidados de larga duración y los servicios para poblaciones específicas, incluidas las víctimas de la violencia de género y los refugiados, y los servicios de inclusión.

Además del dato del Tribunal de Cuentas en 2022 de 103.690 millones de euros que el Estado debe a la Seguridad Social como mínimo, no es menos cierto que la ministra Fátima Báñez, ex Ministra de Trabajo y Seguridad Social, destapó en 2016 que la Intervención General de la Seguridad Social había constatado una deuda a favor de la Seguridad Social y de las pensiones públicas de 72.371 millones de euros. En 2019, Magdalena Valerio, también ex Ministra de Trabajo y Seguridad Social, declaró que se hacían 9 millones de horas extra ilegales a la semana, y esto implica 2.000 millones de euros que se defraudan a la Seguridad Social al año. Podría seguir sumando.

Estos no son datos inexactos ni erróneos, se pueden comprobar. Cómo también se puede comprobar la disposición adicional sexta de la ley 21/2021, donde dice que en el plazo de 6 meses se hará una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. Y además de la cuantificación histórica de los gastos impropios, espero que se tenga en cuenta la actualización y contabilización del Inventario general de la Seguridad Social respecto de aquellos bienes y derechos que constituyen el patrimonio íntegro de la Seguridad Social. Un patrimonio de 1.023 inmuebles que son propiedad de trabajadores y trabajadoras que han cotizado. Hospitales, ambulatorios o centros de salud, oficinas, universidades laborales, etc. Veremos cómo se gestiona su cesión, alquiler o enajenación. Pero es necesario un inventario público de ese patrimonio y su valoración.

Sobre el Impuesto de Sociedades, no es que en un momento determinado las empresas tuviesen menos beneficios. Digo que el porcentaje del total de impuestos recaudados por Hacienda, el de Sociedades se redujo a la mitad, no ahora, ya en 2019, antes de la pandemia, que pasó en 10 años de un 22 a un 11 por ciento en la recaudación, lo cual evidentemente obedece a unas políticas económicas que favorecen el enriquecimiento de grandes inversores. No ha ocurrido lo mismo con las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, las personas autónomas y las pequeñas y medianas empresas.

En definitiva, si vemos los beneficios netos obtenidos por las grandes empresas en 2022, el aumento de personas trabajadoras dadas de alta en la Seguridad Social el último año, podemos deducir que este país está en condiciones de dar una sanidad, pensiones, educación, servicios sociales, públicos universales y de calidad, poniendo todos y todas un poco de buena voluntad. Estoy de acuerdo con Yawar que, al mismo tiempo que requerimos estas condiciones de calidad y universalidad, tampoco nos podemos permitir tirar el dinero público en corrupción por falta de controles y de inspección, de transparencia en conocer cómo se gastan nuestros impuestos y si sus inversiones son eficientes. Mejorar la organización y coordinación entre servicios y administraciones territoriales es una labor imprescindible. Espero que haya voluntad firme, en ese sentido, de gobiernos, partidos políticos, sindicatos, organizaciones profesionales y asociaciones ciudadanas y contribuir a mejorar la vida de todas las personas en general.