Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir

Me ha parecido adecuado empezar esta Tribuna citando a Quevedo, ya que hace algunos años Hugo Chávez prometió 200.000 viviendas a los venezolanos y nunca más se supo de ello. Repitiendo la historia, Pedro Sánchez Pérez-Castejón proclamó en las Cortes “en los próximos años vamos a habilitar 183.000 viviendas de titularidad pública para el alquiler”.

Fruto de una visión de la realidad como una suerte de lucha de clases entre especuladores ricos e inquilinos pobres, parece que esta vez toca estigmatizar a otro sector, a los 2 millones de pequeños propietarios dueños del 95% de las viviendas en alquiler. Veamos qué ha pasado en menos de dos semanas.

1.- Ley por el Derecho a la Vivienda:

Hace un año, con ocasión de la presentación en las Cortes de la Ley por el Derecho a la Vivienda intenté resumir en estas páginas su contenido y alcance. El Proyecto quedó paralizado por las fuertes discrepancias entre los dos partidos que conforman el gobierno, ya que el PSOE consideraba inaceptables determinadas pretensiones de la parte comunista. Sin embargo, en los últimos días, no sólo se ha plegado sino que con una rapidez inusitada ha pasado por el Congreso y ya se tramita en el Senado, con la idea de su aprobación definitiva antes de las elecciones locales y regionales parciales del 28 de mayo. Me centraré en dos novedades presentadas como enmiendas por ERC y Bildu, apoyadas por PSOE y UP, para no repetir lo dicho en su momento:

—Durante 2023 se seguirán topando los alquileres con carácter general en el 2%, lo que supone para los propietarios otra pérdida añadida a la de 2022, dado que el IPC de abril está en el 4,1%. El tope continua en 2024 al 3% y a partir de 2025 se creará un índice de actualización inferior al IPC, de forma que el propietario perderá poder adquisitivo todos los años, ya que su rentabilidad caerá por debajo de la inflación. Esta situación será todavía peor en las zonas que se consideren tensionadas y para los grandes tenedores, cuya definición baja de 10 a 5 viviendas. Hasta hace poco Nadia Calviño decía que la experiencia internacional en este tipo de intervención demuestra que se limita la oferta y los precios no bajan, como ha podido comprobarse por el efecto devastador que ha tenido topar en un 2% los alquileres en 2022. Hay más inquilinos que demandantes de alquiler, por ello se contenta a los primeros, mientras que se expulsa a una importante parte de los segundos.

—Se dificulta la lucha contra la okupación por lo que seguirá teniendo más valor probatorio el recibo de un pizza pedida a la dirección de un domicilio días antes de la patada en la puerta que la escritura de propiedad. Además se facilita el paso de la condición de arrendatario a la de moroso, complicandose los procesos de desahucio, pudiendo prorrogarse dos años más el lanzamiento y en este último caso deberá el juzgado comunicar fecha y hora para no pillar por sorpresa al inquilino, quien así podrá prepararse para frenarlo. La casuística es todavía peor, ya que en algunos casos es el propietario quien debe certificar la vulnerabilidad del ocupante o esperar a que los servicios sociales medien y ofrezcan una solución habitacional, lo que hace eterno cualquier procedimiento, además de cargar en el propietario una responsabilidad de la administración que esta puede incumplir tranquilamente. Curiosamente se consideran vulnerables a costa del casero personas que no lo son para el Estado al superar los ingresos para percibir el IMV, Ingreso Mínimo Vital. Ya se ve que no es necesario incautar casas porque se consigue el mismo resultado expropiando derechos.

2.- La Sareb entra en escena el domingo 16 de abril:

Se entra en una alocada carrera de ofrecer viviendas para alquiler asequible, en un ejercicio de soplar y sorber a la vez, ya que la antedicha Ley de Vivienda reduce el incentivo a construir o comprar para alquilar y por otra parte después de las 20 mil viviendas que prometió el ministro Ábalos en 2018 hasta las 100 mil de 2021, de las que poco se sabe, se propone habilitar hasta 50 mil viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para alquileres sociales.

Hay que recordar que el acertadamente llamado “banco malo” o Sareb fue creado en 2012 para que el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) aparcase activos tóxicos procedentes de las 9 entidades rescatadas, todas Cajas de Ahorro, valorados en 50.781 mn de euros y financiados con la equivalente deuda, la cual ha bajado a 30 mil mn al haber ido vendiendo propiedades. Hoy el valor del activo es menor que la deuda y por tanto la situación patrimonial es negativa. Las 50 mil viviendas que dice el gobierno en realidad son 9 mil, las cuales están siendo comercializadas por Aliseda/Anticipa (Blackstone) o Hipogés (KKR), filiales de entidades que ayudaron a digerir los excesos de la burbuja inmobiliaria que el anterior gobierno socialista no fue capaz de pinchar y llamados por Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana “fondos buitre”, lindeza innecesaria, ya que por otra parte los ve imprescindibles para impulsar el parque público de vivienda. Las otras 41 mil a las que se refiere el gobierno están “okupadas” como el Centro Social Okupado La Ruina en Barcelona o vandalizadas (14 mil), necesitan rehabilitación o adecuación (12 mil) o simplemente no existen porque es suelo (15 mil).

Para financiar el rescate de las Cajas de Ahorro la Sareb se comprometió con Europa a vender sus activos al mejor postor y liquidar la entidad en 2027. Por tanto, no se pueden regalar, sin embargo sus inmuebles están en zonas de poca demanda o malas localizaciones y quien las quiera, comunidades autónomas o ayuntamientos deben pagar por ellos, demostrando hasta ahora muy poco interés. Es decir, no hay nada nuevo ni ha cambiado nada. Los activos ya estaban a disposición de quien quisiera extender un cheque.

3.- El miércoles 19 se amplía la promesa, 43 mil viviendas más:

Financiadas con 4 mil mn de créditos del ICO, gracias a los fondos europeos, serán tanto de construcción nueva como de rehabilitación destinadas al alquiler social durante 50 años, pero con la coletilla que deben ser de alta eficiencia energética. Sin concretar dónde, cuándo ni quién hará esas viviendas. La ejecución de estas promesas depende de muchos factores, entre ellos, las propias competencias autonómicas y locales, así como del interés de promotores privados, que lógicamente será muy pequeño dadas las condiciones y la inseguridad jurídica que provoca la Ley de Vivienda.

4.- El martes 25, sujétame el cubata, más viviendas:

Sin venir a cuento, en el Senado y en un debate sobre la guerra de Ucrania, anuncia otras 20 mil viviendas públicas nuevas para alquiler asequible en terrenos del Ministerio de Defensa. Dice que son adicionales a las 12 mil de la Operación Campamento que llevan años paradas sin haberse construido ninguna.

Lo mismo puede decirse de las 400 del cuartel de Almansa en León anunciadas en 2007, hace 16 años. Desafectar los terrenos propiedad de Defensa lleva un procedimiento administrativo complejo y largo, pero es que además deben ser tasados y vendidos a precio de mercado. Y no parece que nuestro Ayuntamiento, secuestrado desde hace lustros por el Capítulo I, gastos de personal, pueda mojarse económicamente.

Como puede observarse, mal casa la Ley de Vivienda con el desarrollo de viviendas de alquiler asequible topando precios o desamparando al casero reduciendo sus derechos mientras se amplían las garantías para morosos y ocupantes ilegales. La subida de tipos de interés hace que la rentabilidad que ofrece el sector inmobiliario sea una alternativa menos atractiva, lo cual unido a la falta de seguridad jurídica y obstáculos que introducirá la nueva Ley no augura que la oferta vaya a aumentar y los precios bajar, sino todo lo contrario. En casi medio siglo, no ha habido un solo gobierno, del signo que sea, que se haya tomado en serio la existencia de un parque público de vivienda en alquiler y después de no hacer nada en cinco años, el actual lleva puestas las luces cortas engañando en clave electoral.

En conclusión, el Estado no va a construir ninguna vivienda. Cuando se refiere a poner a disposición de comunidades autónomas, ayuntamientos, promotores o inversores pisos o terrenos, en realidad los vende, no los regala. Por tanto, nada nuevo bajo el S ol. En el Programa de Estabilidad que el gobierno acaba de mandar a la Unión Europea se marca la hoja de ruta prevista hasta 2026 y no existe ningún incremento en la cifra destinada a gasto público en vivienda, que se mantiene invariable respecto a 2021. Sí hay aumento significativo en gastos de defensa, compromiso adquirido con Europa y también en el servicio de la deuda, por la subida de tipos de interés. No menos importante es el ajuste de gasto con objeto de recortar el déficit que se incluye en el referido Programa. Pero para entonces pudiera haber otro gobierno que tuviera que lidiar con las calles incendiadas por quienes hoy están tan apacibles.