La cuestión leonesa
La expresión encabezada por «La cuestión…» más un adjetivo se trata de un paradigma explicativo que sirve para señalar situaciones sociales, ambientales, energéticas o políticas críticas que requieren atención, pues se hallan sin resolver y pudieran devenir en graves; a modo de ejemplo se habla de «La cuestión… climática, migratoria, ucraniana, etc. y, actualmente, de la sionista o la palestina, también la catalana». Aquí, si bien pudiera parecer pretencioso el título del texto, vamos a referirnos a «La cuestión leonesa» con ánimo de señalar un problema, en la dimensión demográfica y geográfica que corresponde a 942.000 habitantes en 38.500 kilómetros cuadrados si nos referimos a la Región; pero, si nos detenemos en la provincia homónima, León, en 15.500 kilómetros moran 448.000 habitantes.
En y desde la humildad del espacio más reducido, la provincia de León, sirva la expresión para realizar una llamada de atención a una situación socio-política no resuelta tras decenios; además, para mostrar un malestar que de continuo se trata de ocultar tras demagogias irreverentes a pesar de que en manifestaciones y encuestas la población expresa su disconformidad con la situación vigente. Una situación política que ni fue demandada ni votada, sencillamente impuesta; una situación de la que el pueblo leonés manifiesta alejarse reiteradamente del sujeto político denominado Castilla y León. Una autonomía creada e impuesta en 1983 —¡y cumple 40 años!— que algunos pretenden mostrarla como exitosa para ocultar las graves y reales consecuencias en todos los órdenes, en el espacio leonés.
Ciertamente, cada una de las tres provincias sienten la leonesidad con menor o mayor intensidad; no obstante, León provincia se ha expresado de continuo y anhela disponer de sujeto político propio, toda vez que, en el presente, Castilla y León, sus gentes dan muestras de hallarse incómodas. Desde 1983, todos los indicadores, ¡absolutamente todos!, sean sociales o económicos se manifiestan en curvas descendentes y en perenne caída; una inercia que ya se ofrece endémica año tras año: descenso de los índices de población, de renta, de ocupación y empleo, de actividad agropecuaria e industrial; en una palabra, el peso social, político y económico de la provincia comparativamente solo manifiesta valores negativos que se explicitan en graves consecuencias: emigración, despoblación, cierre de actividades económicas consolidadas, deslocalización de empresas y servicios, envejecimiento, etc., etc.
Groseramente, esta foto leonesa ya parece mostrarse con carácter fijista, a la vez que se pretende corregir con «mesas» y «promesas» y que tras cuatro décadas ya se perciben como insultantes engañifas. Ante esta situación, los leoneses han expresado su voluntad pacífica y constitucional de disponer de un programa y camino propios, de una Autonomía leonesa. Hasta la fecha, los mensajes explicitados en manifestaciones y encuestas no se atienden, a pesar de que todos van en la misma dirección: Autonomía para León provincia y deseable para la Región, para las tres provincias. Ante esta demanda, cuando se formalizan consultas, si las encuestas son oficiales, se ocultan los datos; si son promovidas por grupos o iniciativa particular, caso de la última activada por la Asociación Cultural Leonesa (Acele), por ejemplo, se ignoran los datos. Es el proceder de la mayoría de los representantes políticos en descarado ejercicio de desconsideración democrática. Al menos, por cortesía democrática, pudieran reflexionar sobre esta realidad: «La cuestión leonesa», que desde hace tiempo se empieza a sentir dramática a tenor de los datos brevemente expresados y que requieren atención; al menos una «mesa de reflexión, de responsabilidad política y de firme compromiso», a la que asistan lectores atentos y honestos del grave estatus social, económico y político leonés.
León ha recibido un maltrato socioeconómico continuado —¡las cifras hablan!—; trato que se siente injustificado por simple lectura comparativa respecto a la mayoría de provincias hispanas; la sensación de maltrato se agrava por el descenso vertiginoso y constante en estas cuatro décadas de fracaso mientras dura la permanencia en un espacio político híbrido e ilícitamente democrático y pancastellanista, pues no se ha votado, ningún referéndum lo avala porque no ha existido, al contrario que en el resto peninsular; además, la sensación de agravio se acrecienta cuando los leoneses se siente pertenecientes a la región histórica por excelencia, la primera cronológicamente y de la que emanan dos: Castilla en 1158 y Portugal en 1139; por otro lado, es una región que no solo se ha mantenido como singular en las diversas divisiones administrativas, sino que ha contribuido de modo eficiente y generoso a la conformación política y económica españolas.
En el espacio leonés confluyen, pues, singularidades culturales propias secularmente maceradas, sostenidas y suficientes para definir y mostrar con fuerza una idiosincrasia propia y exigir un estatus político privativo, ¡ni más ni menos que el resto de espacios hispanos!
Tras estas breves reflexiones, contrastables con datos y nombres, asistimos a una desatención, a la inmolación de una provincia, de la que se extraen bienes, riquezas y gentes. Todo un modelo de comportamiento y de trato neocolonialista, antidemocrático e, incluso, alejado de la voluntad del espíritu constitucional.
Por lo expuesto, dado que en este momento, por razones periféricas y exógenas a las leonesas, se debate la revisión del articulado constitucional y otras leyes orgánicas estatutarias, toda vez que ninguna ley humana es dogma pues han de servir a los vivos (Jefferson), y más bien son pactos, urge abordar «la cuestión leonesa»; la finalidad es que los leoneses, sin recibir el trato preferencial que otros solicitan y al menos sea similar al de la mayoría de la regiones hispanas —¡ni más ni menos!— se les permita votar el espacio político en el que quieren establecerse y dentro de las vías legales; pues, en este caso, además, no se necesita tensar la Constitución ya que en el articulado se habilitan vías sin necesidad de modificar ni forzar ni contorsionar el articulado, que otros pretenden e incluso ya se ha practicado.
Mientras este conflicto o «cuestión leonesa» no se resuelva asistimos a un déficit democrático y constitucional para con León. La democracia española se halla gravemente incumplida por el trato desigual para con un espacio que rezuma historia e identidad propias y razones suficientes para aplicar la vía constitucional apropiada para que los leoneses elijan su futuro y puedan exponer su voz, sus anhelos, al igual que el resto de españoles,—¡ni más ni menos!— de lo contrario «la cuestión leonesa» seguirá vigente y la democracia española deficitaria.