Escuelas para la política española

A la búsqueda de la «piedra angular»... Dícese del anterior entrecomillado, referirse a un término comúnmente usado para significar a personas o cosas que fueron muy importantes para que algún hecho o situación pudiese ser llevada a cabo.

Posiblemente, si se realizara una encuesta a nivel nacional preguntando a los ciudadanos: ¿Sería Ud. partidario de la creación de una Escuela para Políticos la cual garantizara la regeneración de la misma?, casi con toda seguridad la respuesta sería afirmativa, aún a pesar de contar con Facultades próxima en materias como: Ciencias Políticas y Derecho, supuestamente formadoras de sus licenciados. Es decir, se trataría de una hipótesis sobre la conveniencia de disponer de instituciones educativas y programas que ofrezcan formación en ciencias políticas, administración pública y otros campos relacionados con el ejercicio de la política, contemplado en el cumplimiento del Artículo 103.1 de la Constitución Española.

La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Reflexionemos: ¿estamos o no de acuerdo en que en el desarrollo de la contratación pública es uno de los vértices en el que coinciden en ocasiones, intereses públicos y privados, vulnerable el primero bajo malas praxis de los segundos, los cuales generan desafección de la ciudadanía hacia los poderes públicos?

Pregunta, al hilo de lo anterior: ¿se consideran efectivas la aplicación por las administraciones públicas de: ¿Códigos de conductas e integridad fijados por las mismas para las licitaciones?

No es la primera vez, ni estimo sea la última, que comentemos en estas páginas que «España necesita una regeneración política», y que ello parece por ahora misión imposible, a la vista de los recientes espectáculos en un Hemiciclo, (sin mejora de transparencia parlamentaria), y, sin apariencias de tan siquiera intentarse.

Según Transparency  International España (ránking 2023), España se sitúa, junto con San Vicente, Granadinas y Letonia, un puesto por encima de Botsuana (39/180), dos por encima de Catar (40/180), y dos puestos por debajo de Lituania y Portugal (puesto 34/80 y puntuación 61/180).

Desde luego, una situación nada envidiable como solución, destinada a reformar o renovar el sistema político de un país, el cual debe tener como objetivos: restaurar crisis políticas, escándalos de corrupción, o estancamiento institucional. Sin embargo, como antónimo, España es reconocida a nivel mundial por su liderazgo en el campo de los trasplantes de órganos. Como es conocido mundialmente, el sistema español de trasplantes es altamente eficiente y bien organizado, lo que ha permitido que el país tenga una tasa de donación y trasplante de órganos muy alta en comparación con otros países, constituyéndose en adalid de en esta especialización durante los últimos treinta años de forma consecutiva.

En mi opinión, entre los factores que atesora el éxito anterior figuran entre otros:

—Marco legal sólido que regula la donación y el trasplante de órganos, lo que proporciona seguridad jurídica, casi sin imperfecciones, entre donantes y receptores.

—Sensibilización y educación pública que promueve el respeto de la población sobre la importancia de este acto altruista.

Conceptos anteriores, que, en muchas ocasiones su ausencia es notoria en el marco público.

Institucionalmente, siempre he entendido, que si por «n» razones, no se alcanza lo pretendido, habrá que recurrir a otras fuentes para acompasar el ámbito social con el político, tal y como se cita a continuación:

Ocurrió, con el Código Napoleónico, también conocido como el Código Civil Francés, promulgado por Napoleón Bonaparte en 1804, abordando cuestiones civiles como el contrato, la propiedad, y las obligaciones, teniendo además una influencia significativa en la redacción y desarrollo del Código Civil español de 1889, llevando al liberalismo político español de entonces a la elaboración de éste. No puede afirmarse que el Código Civil español fuese una copia directa del francés, pero sí adoptó muchas ideas y principios del Código Napoleónico, adaptándolos al contexto y las necesidades específicas de España.

En los momentos actuales, no resulta necesario enumerar los problemas de la política española con los distintos gobiernos acaecidos en los últimos años, para intuir que el tipo de políticas emprendidas fallan. Y como en otras ocasiones, encontramos otra frase del emperador Marco Aurelio, la cual describe la situación de nuestra política: «No imagines tener las cosas de las que careces».

Efectivamente, si se observa entre otros, la falta principios y de valores como, ética, transparencia, sometimiento al derecho, etc. resulta obvio que en esta ocasión también nos encontraríamos buscando otra nueva piedra angular al igual que en el siglo XIX. Por ello, es importante tener en cuenta que, aunque las leyes y regulaciones políticas pueden cambiar acorde con la época, por el contrario, existen una serie de principios y valores, inamovibles en el tiempo, que deben prevalecer sobre cualquier cambio en el sistema político y financiero español.

La solución pasaría por la creación «ad hoc» de instituciones educativas y programas que ofrecen formación en ciencias políticas, administración pública y otros campos de regulaciones estrictas sobre financiamiento político y transparencia para evitar la corrupción y el abuso de poder. Es decir, programas de pregrado y posgrado en diversos campos relacionados con la política, la administración pública, las relaciones internacionales y más.

No se trataría de ningún tipo de intromisión o invasión en otras instituciones, sino de facilitar o evitar mediante formación especializada a las próximas generaciones, tribulaciones históricas como las sufridas. Algunas de las instituciones más destacadas en Francia que ofrecen programas relevantes para la formación de políticos incluyen:

1.- Sciences Po (Instituto de Estudios Políticos de París): Es una de las instituciones públicas más prestigiosas de Francia en las ciencias políticas y sociales.

2.- ENA (École Nationale d’Administration): Aunque no está dirigida exclusivamente a la formación de políticos, es una de las instituciones más importantes para la formación de altos funcionarios del gobierno francés. Muchos políticos franceses han pasado por esta escuela, incluidos presidentes, primeros ministros y ministros.