Diario de León

TRIBUNA

Ricardo Magaz
Profesor de Fenomenología Criminal de la UNED y escritor

Caso Daniel Sancho: ¿asesinato u homicidio?

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Acaba de concluir la semana pasada el juicio mediático del español Daniel Sancho (29 años) en el tribunal provincial de la isla tailandesa de Koh Samui por la muerte y desmembramiento del médico colombiano Edwin Arrieta (44 años), tras casi un mes de declaraciones y testigos en la sala de vistas.

La policía de Tailandia y la fiscalía acusan a Sancho de asesinato premeditado. La defensa del joven español presenta, por su parte, el suceso como un homicidio por imprudencia. La discrepancia entre las dos posturas es tan abismal que la condena variaría en una horquilla de pena de muerte o cadena perpetua en caso de asesinato, a escasamente seis años de prisión, y por tanto una pronta extradición a España, si el fallo fuera por homicidio imprudente; es decir, que Sancho hubiera degollado a Arrieta ¿accidentalmente? No obstante, Daniel confesó que descuartizó el cadáver del cirujano plástico en 17 partes y se deshizo clandestinamente de ellas en diversos rincones de la isla, incluido el mar.

Así están las cosas por ahora. El tribunal emitirá sentencia el 29 de agosto. Hay apuestas en todos los sentidos. De argumentario jurídico, de sesgo criminológico y también lógicamente de semillero policial, entre otras fuentes y conjeturas. ¿Qué pena le caerá a Daniel Sancho por la muerte de Edwin Arrieta, con quien mantenía una relación de escort financiado?

De tal modo, tengo para mí que denostar a la magistratura tailandesa y a su policía es un mal «negocio» cultivado por algunos sectores más o menos mediáticos de la defensa de Sancho. Las autoridades asiáticas toman nota de estas actitudes «colonialistas». Ello no supone en absoluto que la sentencia vaya a estar concernida. Confío en la rectitud del tribunal. Y confío también en que no condenen a Sancho a la pena capital porque ese castigo no es justicia, es venganza. Por otro lado, convertiría a Daniel en un mártir como ya sucedió con el reo hispano-estadounidense del corredor de la muerte Pablo Ibar en 2016. Cuando la solidaridad internacional logró que la Corte Suprema de Florida (EE UU) le conmutara a Ibar la silla eléctrica por la cadena perpetua, se acabaron las movilizaciones. Caso cerrado.

En esta misma tribuna de Diario de León escribí hace meses que había una operación de blanqueamiento de Daniel Sancho, hijo del excelente actor Rodolfo Sancho, que paralelamente revictimiza a la víctima y a su familia. Al trabajo de la defensa para pulimentar el crimen y «angelizar» a Daniel se sumaron algunos medios más preocupados por los like, la beautiful people y el morbo que por el fondo del asunto. La invisibilización del doctor Edwin Arrieta es clamorosa.

«Si mi hermano fuera ciudadano norteamericano en lugar de colombiano, la situación sería muy distinta; posiblemente inversa», me dijo hace unos días su hermana Darlin en Madrid, con la que coincidí en el programa Código 10 de la cadena Cuatro. Una afirmación que comparto sin dudas.

En este caso, como en otros, todo el mundo tiene una hipótesis. Los españoles llevamos un juez y un entrenador dentro. Veremos si coincide con el veredicto del tribunal.

Mi tesis es que Daniel Sancho sobrelleva un trastorno de personalidad narcisista y siente la necesidad constante de recibir atención y privilegios de quienes le rodean por su supuesto carisma. Carece de remordimientos y empatía hacia su víctima, es manipulador y busca únicamente su propio beneficio. Solo en el alegado de la última sesión del proceso se vio obligado por las circunstancias a esbozar un leve «lo siento».

El día del asesinato en la isla tailandesa de Koh Phangam, el 2 de agosto de 2023, Daniel era plenamente consciente de sus actos criminales cuando, a golpes y por degollamiento, mató con premeditación al cirujano plástico Arrieta, descuartizó su cadáver en 17 trozos y los ocultó a lo largo y ancho de la isla. Un caso cuyo móvil es probablemente la banalidad del mal. La justicia tiene la última palabra.

Tengo para mí que denostar a la magistratura tailandesa y a su policía es un mal «negocio»
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