¿Es ético pagar por una entrevista furtiva en la cárcel a un asesino de niños?

Es una realidad incontestable que los programas de televisión que analizan crímenes y otros sucesos luctuosos han ganado popularidad en las últimas décadas. Desde documentales detallados hasta dramatizaciones y análisis en mesa, estos espacios de crónica negra atraen audiencias fascinadas por los misterios de la conducta transgresora humana y la aplicación de la justicia; es decir, el atávico binomio de crimen y castigo.

Sin embargo, el tratamiento de temas tan sensibles plantea serios desafíos éticos. La producción responsable de lo que ahora llamamos true crime y sus consecuencias no solo es una cuestión de integridad profesional, sino de respeto hacia las víctimas y sus familias, así como hacia la sociedad en general.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan muchos de estos programas es la tentación al sensacionalismo y, dicho en terminología prosaica, a la «casquería» en búsqueda de público a cualquier precio.

Algunas producciones, bastantes, caen en la exageración de los detalles más íntimos y escabrosos, transformando la tragedia en prácticamente un entretenimiento. Estos métodos no solo desvirtúan la gravedad del suceso, sino que revictimizan a los afectados. El tratamiento dado a casos mediáticos como el de las niñas de Alcásser, Diana Quer, Bretón, Marta del Castillo, Rocío Wanninkhof, el niño Gabriel o el más reciente de Daniel Sancho, lo ponen claramente de manifiesto.

La responsabilidad informativa implica un equilibrio delicado. Los creadores de contenido true crime , y de su análisis en pantalla, deben asegurar que los datos presentados sean precisos y respetuosos, evitando el morbo, el amarillismo y el sensacionalismo. Es crucial considerar el impacto psicológico que la exposición repetida, y sobre todo innecesaria, de imágenes dolientes puede tener en el espectador. El sensacionalismo no solo desinforma; insensibiliza respecto a la violencia real.

Otra preocupación ética es el retrato que se proyecta del entorno del criminal y las posibles comunidades afectadas. La estigmatización puede tener efectos devastadores, perpetuando prejuicios y causando daños a personas que ya están en situaciones vulnerables. Es esencial proporcionar un contexto amplio que explique las circunstancias y factores que llevaron al quebranto penal, sin disculpar por supuesto las acciones delictivas.

El consentimiento informado es otro aspecto crucial. Las entrevistas y testimonios de testigos, especialistas y familiares tienen que ser siempre voluntarios y realizados con total transparencia sobre el propósito y el uso del material. Las personas involucradas deben entender claramente cómo se utilizará su participación y tener la opción de retractarse en cualquier momento.

Paralelamente, la remuneración por entrevistas a asesinos y homicidas suele plantear dilemas éticos muy graves. Verbigracia, pagar a Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el crimen del niño Gabriel Cruz, para que desde su celda y con un teléfono móvil clandestino haga una entrevista bajo precio para una docuserie, es una muestra escandalosa de banalidad del mal.

Las recreaciones de historias criminales son a menudo herramientas poderosas para ilustrar los hechos, es evidente, pero también conllevan responsabilidades significativas. Estos documentales y series de no-ficción, así como su análisis por expertos, deben ser precisos y evitar la trivialización de la violencia. La fidelidad a lo acontecido es esencial para evitar la distorsión de la realidad y la formación de narrativas engañosas o sin el rigor exigible.

En suma, la ética en los programas del sector audiovisual que explotan comercialmente la violencia es fundamental para garantizar un planteamiento respetuoso y preciso de los hechos. Los creadores, y por extensión los canales que los emiten, tienen la responsabilidad de equilibrar el interés público con el respeto a las víctimas, la precisión informativa y la consideración de las implicaciones legales y sociales.

Sirva como ejemplo de buen hacer profesional, es de justicia, la docuserie de cinco capítulos Matar a la presidenta , del canal La 8 León, diez años después del asesinato de Isabel Carrasco.