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TRIBUNA

José Luis Prieto Arroyo
ESCRITOR

Se llama responsabilidad política

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Bien por desconocida, ignorada o humillada es posible que muchos de los llamados a ejercerla hayan olvidado su nombre. Pero no lo ha perdido, por más que unos nunca la hayan conocido, otros le hayan dado la espalda y la mayoría, con imperdonable prepotencia, la haya pisoteado sin piedad. Se llama Responsabilidad política y tiene previsto presentarse en el próximo Pleno de la Diputación de León para exhibirse desde todos los escaños, vestida con el único traje que, justo por transparente, no resultará obsceno llevarlo puesto ese día.

Porque ese día no están convocados ni socialistas ni popularistas ni populistas, ni tampoco leonesistas. Están llamados a ejercer su derecho de representación solo políticos responsables, es decir, personas que desde su legitimidad ideológica refrendada en las urnas son conscientes de que hay momentos en la contienda política en los que no se puede mirar al de la bancada de enfrente con ojos turbios, no ya como enemigo, ni siquiera como adversario, sino, con la mirada limpia, como político responsable nada más.

Hoy, la responsabilidad política de un diputado o diputada provincial de León pasa por dar un sí clamoroso a la autonomía administrativa para su pueblo, el pueblo leonés. Y no se puede alegar desconocimiento, porque son muchos los leoneses y leonesas que han dedicado un notable esfuerzo para demostrar, a través de libros, artículos, conferencias, tertulias… de modo individual, a través de colectivos, asociaciones… que los 40 años formando parte de la Autonomía de Castilla y León han sido un inmenso y doloroso error. Hoy, los diputados y diputadas provinciales no pueden mirar para otro lado, no pueden ni deben ignorar su responsabilidad, cuando el pueblo al que representan ha visto mermar su población, reducirse sus opciones laborales y empobrecerse su renta hasta límites que ningún otro pueblo de España ha tenido que soportar.

Hoy, quienes hemos venido apoyando el derecho constitucional del pueblo leonés a tener su propio autogobierno en igualdad de condiciones que el resto de pueblos de España; quienes hemos demostrado con datos rigurosos que la creación, en 1983, de la Comunidad Autónoma de Castilla-León fue un atropello histórico cometido por verdaderos irresponsables que pensaron más en su partido y en sí mismos que en el pueblo al que decían representar; quienes hemos probado que la creación de aquella autonomía carecía de legitimidad no solo histórica, sino también democrática, pues nunca, antes de la aprobación del Estatuto de 1983, los leoneses fueron convocados a unas elecciones, ni locales ni generales, en las que en sus programas electorales hubiese propuesta alguna, por parte de partido político alguno, sobre la autonomía, como tampoco fueron convocados a ningún referendo autonómico; quienes hemos acreditado con números oficiales que pertenecer a la Comunidad autónoma de Castilla y León nos ha supuesto un perjuicio financiero autonómico de entre 800 y 1000 millones de euros cada año; quienes hemos argumentado sobre bases sólidas que esa autonomía reúne todos los criterios científicos para ser considerada una autonomía fallida y que una autonomía estrictamente leonesa es posible sin que ello suponga sobrecarga financiera para el Estado español; quienes hemos defendido al pueblo leonés y su derecho a la supervivencia como tal, sin sesgos políticos ni ideológicos ni partidarios; quienes hemos reafirmado que tal supervivencia está indisociablemente unida a la consecución de una autonomía propia… hoy, todos quienes así hemos actuado, exigimos que a este pueblo no se le siga humillando por falta de responsabilidad política ni un solo Pleno más.

Y esa exigencia no se hace desde la prepotencia ni desde clase alguna de soberbia intelectual, pero tampoco desde la falsa humildad. Se hace desde el respeto a quienes se hagan acreedores de haber sabido ejercer su responsabilidad política, corrigiendo los errores cometidos por sus predecesores, a quienes, por haber actuado pensando estrictamente en su beneficio personal, ni la historia ni el pueblo absolverá.

Una autonomía estrictamente leonesa es posible sin que ello suponga sobrecarga financiera para el Estado español
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