¿Es posible una autonomía leonesa?

Desde el 27 de diciembre de 2019, día en que se aprueba en el Ayuntamiento de León una moción autonomista, he escuchado en la calle tres tipos de opiniones. Primera: crear una Autonomía Leonesa exigiría más políticos y más funcionarios. Segunda: su creación tendría un coste económico brutal, inasumible. Tercera: crear una Autonomía Leonesa no es posible, el mapa autonómico está cerrado. Con el fin de conocer cuánto hay de cierto en ese tipo de pareceres, coordiné un equipo de cuatro personas que estudió con datos oficiales las respuestas a las anteriores opiniones. Hago constar que se tomó como punto de partida la provincia de León, pues es el territorio de la Región Leonesa donde más claro y visible es el deseo de contar con una autonomía propia, estando abiertos a considerar en sucesivos estudios a Zamora y a Salamanca si manifestasen su intención de querer formar parte de una nueva Comunidad autónoma distinta de Castilla.

Hecha esta consideración, las principales conclusiones del trabajo realizado se exponen seguidamente. En materia de representación política un parlamento autonómico leonés estaría compuesto por 34 diputados. Serían 4 menos que los 38 cargos que actualmente se eligen en la Diputación provincial (25 diputados) y en las Cortes de Castilla y León (13 procuradores). Habría por tanto un ahorro en el gasto público de representación ciudadana. En materia laboral, la creación de una Autonomía Leonesa no implicaría aumentar el personal al servicio de las administraciones públicas. Básicamente se consolidarían las plantillas de la Diputación Provincial (1.300 trabajadores) y de la Junta de Castilla y León en la provincia de León (17.300 trabajadores). En lo referente al presupuesto, una vez consultada la normativa que determina como se financian las comunidades autónomas en España (Ley 2009), del actual presupuesto de 14.562 millones de euros que maneja Castilla y León, la provincia leonesa debería recibir una cantidad superior a los 2.300 millones de euros, cifra mucho más alta que los 1.501 millones de euros que la Junta de Castilla y León le asigna. Cabe preguntarse lo que podrían mejorar la sanidad, la educación, los servicios sociales, la atención a los pueblos, las carreteras, el impulso a la actividad empresarial, el empleo, la promoción turística, la conservación del patrimonio cultural y un largo etcétera si al territorio leonés llegara cada año la cantidad de dinero que legítimamente le corresponde.

Este análisis permite deducir que la creación de una Autonomía Leonesa no tendría mayor coste financiero para el Estado, pues los más de 2.300 millones de euros que requiere su correcto funcionamiento saldrían del presupuesto anual de la Junta de Castilla y León, es decir, de una cantidad de dinero que ya se dispone o maneja. En función de la extensión de la provincia leonesa, séptima de España por tamaño, la aplicación de los anteriores fondos debe regirse por los principios de la administración descentralizada. Esto significa que haya dos ciudades de referencia, León y Ponferrada, para gestionar el presupuesto a invertir en tan amplia geografía y para actuar como centros básicos de prestación de servicios públicos a los ciudadanos. Ayudaría a cumplir este objetivo las telecomunicaciones, pues hoy las modernas tecnologías de la información hacen posible que no sea necesario concentrar en un solo punto todo el aparato administrativo de un territorio. De las 9 consejerías que precisaría la acción de gobierno, 6 se ubicarían en León y 3 en Ponferrada, siendo el ámbito de actuación de cada Consejería toda la comunidad autónoma. Dentro de este esquema de descentralización administrativa, a Ponferrada, en proporción al peso poblacional de la comarca del Bierzo y de otras comarcas limítrofes para las que sería centro de referencia, le correspondería gestionar en torno a 700 millones de euros anuales.

Por último, en lo relativo a si hay vías legales para crear una Autonomía Leonesa contesta la lectura de la vigente Constitución española de 1978. De manera simplificada, dos artículos, el 143 y el 144, permiten crear nuevas comunidades autónomas en nuestro país. El primero, artículo 143, dispone que las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en comunidades autónomas. No cabe duda que León cumple con creces semejante requisito, pues entre otros méritos fue sede de un importante reino que a lo largo de 320 años aportó más de 19 reyes a la Historia de España, siendo reconocida por la Unesco como Cuna de Parlamentarismo. El segundo, artículo 144, dispone que las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional, autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia. En visión sumaria, recordando la exposición de motivos que da pie a este artículo, la creación de una Autonomía Leonesa no exigiría más políticos ni más funcionarios, no tendría un coste económico brutal, inasumible, y desde un punto de vista legal es posible porque el mapa autonómico de España no está cerrado.