Marruecos vacía las cárceles y empuja a los convictos a España

A día de hoy, y según cifras oficiales, Marruecos ha liberado a casi 27.000 presos de sus cárceles, autores de todo tipo de delitos: asesinatos, narcotráfico, violaciones, estafas, robos… Son datos de la Delegación de la Administración Penitenciaria y de la Reinserción del reino alauí, y por tanto contrastables.

El argumento formal que ofrecen desde Rabat para justificar la indulgencia del rey Mohamed VI es su «gesto humano». Sin embargo, a nadie se le escapa que la realidad es bien distinta; sus prisiones se encuentran hacinadas, azotadas por la corrupción y, en consecuencia, esto no lo dicen ellos lógicamente, en unas condiciones de vida deplorables y grave riesgo de motines y revueltas sangrientas.

El último indulto masivo tuvo lugar hace pocos meses cuando el monarca marroquí concedió el «perdón real» a 2.476 condenados, alguno de ellos recluido por delitos de terrorismo.

Esta magnánima política penitenciaria del vecino magrebí vaciando sus cárceles no tendría mayor trascendencia para nuestro país si no fuera porque, en efecto, muchos, muchísimos de esos convictos terminan en España empujados por el propio régimen de Marruecos donde la última palabra del sistema desequilibrado de justicia no la tienen los tribunales, la posee en exclusiva el soberano.

Incontables presos marroquís, una vez en la calle por aplicación de la gracia real, dan el salto a la península ibérica a través de las rutas clásicas marítimas…, y ahora también mediante una nueva modalidad que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional ha constatado: por avión y sin ningún obstáculo. Tal cual. Embarcan en la línea Casablanca-Madrid que cubre la compañía Royal Air Maroc y en apenas hora y media aterrizan directamente en España.

Los penados marroquís acceden en origen a la aeronave con o sin documentación suficientemente fiable, y siempre con el visto bueno de las autoridades alauitas. Una vez en vuelo, aquellos que sí tienen pasaporte lo destruyen para convertirse per se en «sin papeles».

De esa guisa cuando llegan a Barajas unos piden asilo, otros se declaran menores falsamente y, en general, todos se encuentran ya en suelo español y «nos los comemos», pese a que una gran parte del pasaje reconoce durante las entrevistas con los agentes de policía que han estado en prisión o conservan antecedentes penales. Hay casos donde los «viajeros» tienen en vigor una orden de busca y captura internacional.

Con todo, esta operativa fraudulenta sería fácilmente evitable si en la pasarela del avión por la que desembarcan los pasajeros, los fingers, se hiciera un control; es decir, no autorizar la bajada de la aeronave a quien carezca de documentación (no se trata de personas en peligro de ahogarse en alta mar), puesto que se consideraría, de acuerdo a la normativa vigente, que aún no han entrado en territorio español. De tal modo, la compañía Royal Air Maroc debería devolverlos obligatoriamente al lugar de partida. Es la práctica habitual en el transporte aéreo en virtud del Reglamento 2018/1139 de la UE.

Las organizaciones sindicales de la Policía llevan tiempo dando la voz de alarma. El aeropuerto de Madrid-Barajas está al límite. Los agentes tienen que soportar que ante sus ojos pase impunemente una legión de convictos foráneos recién excarcelados sin que puedan mover un dedo. Sería muy sencillo para el Gobierno español y sus ministerios concernidos, el de Asuntos Exteriores y el de Interior poner freno si quisieran a este dislate. Sólo se trataría de aplicar los convenios internacionales suscritos y la ley ¿La ley? ¡Ah, que estamos hablando de Marruecos! Vale, amigo lector, no tengas en cuenta nada de lo dicho. Olvídalo.