Diario de León

TRIBUNA

Enrique Ortega Herreros
Médico psiquiatra jubilado

¿Preguntas sin respuesta?

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Dice la RAE: Pregunta es una «interrogación que se hace para que alguien responda de lo que sabe de un negocio u otra cosa». Es posible que el lector crea que algunas de mis preguntas son retóricas, pero créanme que la mayor parte de ellas son inocentes, aunque no lo parezcan. Se trata de preguntas aisladas cuya concatenación posible sería, únicamente, pura coincidencia con la realidad.

Primera pregunta: ¿El Gobierno cree realmente que lo que está haciendo referente a la amnistía y demás concesiones generosas y gratuitas (¿) a infractores, malversadores etc., en contra del llamado sentido común, de las más elementales reglas de equidad y justicia distributiva y de la otra, está bien hecho? Lo pregunto porque me gustaría que me respondiese que no, que no está bien hecho, que es demasiado grosero, que tontos no son, que se trata, simplemente, de saber barajar las cartas y marcar algunas de ellas. Vamos, hacer algunas trampas tratando de que no se note demasiado. Es que si me respondiese que sí, que está bien hecho, que se lo creen de verdad, mi preocupación sería enorme porque significaría que, decididamente, no tienen solución. Admito o, mejor, comprendo que prescindan de la ética y la estética, que se mofen y cachondeen del personal, que no sientan vergüenza alguna, pero que crean que está bien hecho, es que me descoloca y me angustia porque, entonces, se trataría de unos perversos muy peligrosos.

Segunda pregunta: ¿Los que apoyan de forma directa, indirecta o tapándose la nariz tales maniobras, creen que está bien hecho? Espero que la respuesta sea que no creen en la bondad de las mismas, que se trata de una estratagema «necesaria, obligada por las circunstancias» para lograr unos objetivos determinados, sin entrar en más detalles. Es que, si la respuesta es que sí, que creen en la bondad intrínseca de esas decisiones, me empujan a colegir que estamos ante una crisis social no solo de los valores tradicionales, sino ante un escenario de degeneración de consecuencias imprevisibles. Ya no se trataría solamente de una alteración profunda de la conciencia moral. Sería una cuestión peor que el de una herida infectada en el cuerpo social, sería una cuestión de gangrena de consecuencias catastróficas.

Tercera pregunta: ¿Los gobernantes, así en sentido general y en referencia a cualquier estamento de sus múltiples variantes, son, por principio, honestos mientras no se demuestre lo contrario? Vamos, algo así como si estuvieran vacunados y revacunados contra los virus del trinque, del enchufismo, del amiguismo y ya no digamos del nepotismo y el resto de gérmenes patógenos bien conocidos en el sistema del poder? Mucho me temo que la respuesta a esta pregunta sea evasiva, circunstancial, comparativa o defensiva. Tenemos los políticos que tenemos, ni peores ni mejores que cualquier hijo de vecino. Al margen de las excepciones, que felizmente las hay, cabe preguntarse si el poder corrompe, engulle al propio yo del personaje y le convierte en monstruo de sí mismo.

Cuarta pregunta: Si la Justicia, por definición, no puede ser injusta porque sería una contradicción en los términos, ¿Qué pasa cuando lo que se consideró justo en su día como consecuencia de la aplicación adecuada de la Justicia, pasado un tiempo se considera injusto por esa misma Justicia? La respuesta podría ser que «depende», lo cual me sumerge en un mar de dudas, pues la Justicia acabaría siendo dependiente de las «dependedurías…»

Quinta pregunta: Si el Tribunal Supremo, siendo el adjetivo supremo el equivalente de superior, sumo, máximo es «superado» por otro Tribunal, ¿Cómo hay que denominarlo? ¿Supremo a ratos? ¿Supremo, depende? ¿Supremo relativo? Esto me recuerda el dicho: «el que más chifle, capador». Todo hace pensar, no digo que así sea, que el Tribunal Constitucional es el último en dictar sentencia, y por tanto es más supremo que el Supremo. ¿Eso quiere decir que la verdad absoluta le pertenece? Y digo yo, si el Tribunal Constitucional hubiese estado compuesto por una mayoría de miembros de una supuesta ideología política distinta a la actual, y el fallo, evidentemente, hubiera sido distinto, entonces, ¿el Tribunal Supremo habría impartido una justicia justa igualmente, aun siendo contraria a la anterior? Es que, cuando la Justicia se politiza, ¿la Política imparte la justicia que haga falta, y «a quien Dios se la dé, san Pedro se la bendiga»?

Sexta pregunta: Si todos somos iguales ante la Ley, ¿por qué unos son más iguales que otros? Esta pregunta, al margen de la respuesta, se la hace el personal, conocedor de la naturaleza humana que siempre busca sortear a su favor las posibles consecuencias de las transgresiones de la Ley. Ya se sabe aquello de «siempre hay clases», entre los listos y los tontos, los buenos y los malos, los ricos y los pobres, los poderosos y los mindundis etc., lo que indica que lo de la igualdad, ¿es más en la teoría que en la práctica, por mucho que se insista en la igualdad?

Séptima pregunta: Sabido es que las garantías del delincuente son «sagradas» y que hay que demostrar el delito, y que mientras esto no ocurra se acoge a la presunción de inocencia, es decir que es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Lo curioso es que, por un mismo hecho, ¿por qué el supuesto delincuente, bien asistido por una «buena defensa» no es un delincuente (o es un «poco» delincuente nada más), y mal asistido por otra defensa, el mismo es un delincuente como la copa de un pino? Se me dirá que la administración de la justicia, el fallo del juicio está sometido a esos avatares propios de la complejidad humana. Los más escépticos tildan el asunto de «triquiñuelas», calificativo impropio del derecho…, pero que está presente en la conciencia colectiva.

A este respecto, es obvio que la ley es un constructo cuyos códigos están basados en las costumbres y valoraciones que hacen de las mismas los legisladores de esa sociedad en cuestión. Ocurre que hay sociedades muy permisivas y otras nada o muy poco con el transgresor y el resultado es muy diferente en cada caso. En nuestra sociedad española, me da la impresión que estamos en un momento histórico en el que el delincuente, al margen de sus derechos, goza en muchos casos de una connivencia soterrada e inconsciente del personal, conocedor en sus carnes de sus «deseos transgresores». Eso sin contar que para los delincuentes «especiales» el sistema les protege si hace falta. Es decir que la ley se hace líquida y moldeable si es necesario. Esto es sumamente nocivo, especialmente para los niños y jóvenes que imitan y necesitan de modelos de identificación. Si esos modelos son negativos…

Octava y última pregunta: ¿Y qué ocurre con las víctimas? No hay que olvidar que en toda transgresión de la ley hay víctimas, por definición. Pueden ser directas o indirectas, individuales o colectivas. Podemos cambiar el término víctima, que suena muy fuerte, incluso trágico, aunque a veces es así, por el de damnificado, dañado. Si una infracción queda impune, sea la que fuere, la víctima, el damnificado sufre las consecuencias de la injusticia. Si se dan cuenta, las víctimas, en general, lo primero que desean en que «se haga justicia». ¿Creen ustedes que, realmente, en muchos casos, las víctimas son bien consideradas?

En nuestra sociedad española, me da la impresión que estamos en un momento histórico en el que el delincuente, al margen de sus derechos, goza en muchos casos de una connivencia soterrada e inconsciente del personal, conocedor en sus carnes de sus «deseos transgresores»
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