La criminalidad sigue avanzando imparable en España

El Ministerio del Interior acaba de publicar el balance de criminalidad correspondiente al segundo trimestre de 2024, donde se recoge la evolución delictiva en España, registrada durante los primeros seis meses del año en localidades con una población superior a 20.000 habitantes.

En este documento se anotan los datos aportados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, Policía Nacional y Guardia Civil, y también por las policías autonómicas: Ertzaintza, Mossos d’Escuadra y Policía Foral de Navarra. Asimismo, se suman aquellos Cuerpos de Policía Local que facilitan sus partes al Sistema Estadístico de Criminalidad de las FFCCSE. Llama la atención en este sentido que no se incluyan las cifras del Cuerpo General de la Policía Canaria.

¿Es fiable el informe del Ministerio del Interior? Rotundamente no. Eso lo sabe cualquier profesional honesto de la seguridad pública y privada que pise la calle. Una cosa son los números que salen de las comisarías y los cuarteles y otra, bien distinta, los que por arte de birlibirloque se publican en los balances edulcorados de Interior con gran aparato mediático.

De partida no resulta verosímil un arqueo donde computa lo mismo un pequeño robo que un asesinato. Las dos infracciones penales valen exactamente lo mismo, 1, en las tablas ministeriales oficiales. Es obvio que, si rebajas con cualquier excusa los hurtos de escasa importancia, el saldo en la casilla final de «Total criminalidad» se reducirá drástica y milagrosamente. No importa que las violaciones o los homicidios estén en niveles insoportables, como veremos a continuación. Todo cuenta como 1.

Así, hace tiempo que el cálculo de criminalidad del Ministerio del Interior es un escándalo que insulta a la inteligencia; ni siquiera a través del maquillaje logran que baje artificialmente la delincuencia en España.

Con todo, y partiendo del recuento de Interior, los homicidios dolosos y asesinatos consumados han aumentado un 8,3%; los delitos contra la libertad sexual, las agresiones del mismo tipo con penetración y el resto de infracciones de índole sexual se disparan al 15,8%; la cibercriminalidad crece hasta el 27,1%; el narcotráfico coloniza como «narcorregión» y cabeza de puente la Península Ibérica para Europa; las riñas tumultuarias y agresiones con armas blancas en la vía publica son una realidad sangrienta en los periódicos de cada día; las redes de inmigración ilegal quebrantan impunemente nuestras fronteras terrestres, marítimas y los propios aeropuertos… ¿Hace falta seguir para demostrar lo evidente?

La criminalidad avanza a velocidad de crucero en España. Nadie, ni el activista político más entregado a la causa lo puede rebatir ni siquiera acudiendo a una selección sesgada de datos, como estamos viendo.

Los policías hacen lo que pueden en un escenario en el que el principio de autoridad se encuentra prácticamente diluido y el apoyo de la Administración luce por su ausencia cuando surgen problemas. Tampoco hay respaldo legislativo. Para muestra un botón inaudito: ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil ni el Servicio de Vigilancia Aduanera están considerados profesión de riesgo. Sí gozan de este estatus, sin embargo, los toreros, las azafatas o los bomberos.

Trabajar para transmitir una impresión subjetiva de seguridad a la ciudadanía a base de adulterar las verdaderas cifras de criminalidad es una práctica preocupante que atenta contra los principios de transparencia y responsabilidad gubernamental, y que además socava la confianza en las instituciones. Es, en definitiva, hacer trampas al solitario.

Como dijo alguien que sabía de esto; hay tres clases de mentiras: la mentira, la maldita mentira y la estadística cocinada.