TRIBUNA
El Des-Habilitado
La semana pasada, conocimos por los medios locales, que el Ayuntamiento de León bloqueó la toma de posesión del nuevo Viceinterventor municipal tras la publicación de la Resolución del concurso unitario de traslados por la que el Ministerio de Función Pública asignó a un funcionario con Habilitación de Carácter Nacional el puesto de la viceintervención del Ayuntamiento de León.
Primero de todo deben saber, que los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, es decir: Secretarios, Interventores y Tesoreros; vienen ejerciendo estas funciones en los Ayuntamientos de toda España desde los primeros pasos del municipalismo. La Habilitación Nacional, supone el ingreso en un cuerpo único, dividido en tres subescalas; que no son seleccionados ni provistos por el propio Ayuntamiento, sino por el Ministerio de Administraciones Públicas (o como toque nombrarse según los cambios gubernamentales).
La Secretaría («grosso modo»); se encarga dentro de la Corporación, de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. La Intervención del control y fiscalización del gasto y la contabilidad; y la Tesorería del manejo y custodia de los fondos públicos y jefatura de la recaudación municipal. Como se puede imaginar el lector, funciones cruciales en el funcionamiento de los Entes Locales de nuestro país (Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares).
La selección, provisión y formación desde «arriba», fuera de los procesos propios del personal de cada Entidad Local; es una garantía de independencia en el ejercicio de sus funciones, como sabemos, imprescindibles. Y es aquí donde en ocasiones se producen los problemas: cuando desde una Corporación se quiere condicionar el desempeño de estas funciones que, en el caso de la Intervención, se dedican a algo tan crucial (o molesto para algunos) como es el control interno del gasto público.
En el caso que nos ocupa, una vez convocado a nivel nacional el concurso de traslados en el mes de enero; el gobierno del Ayuntamiento de León solicitó la exclusión de este puesto y plaza. El cual, por otro lado, estaba y está siendo cubierto por otra Habilitada Nacional, funcionaria de carrera, de manera no definitiva en comisión de servicios. Tan poco caso le hizo el Ministerio que, en este mes de octubre, asignó de manera definitiva el puesto a un compañero que había concursado.
Lo más lamentable es llegar a verse en esta situación «in extremis», cuando estando obligado a cesar en su puesto de procedencia, a este funcionario no se le ha permitido tomar posesión en el ganado por concurso en «apariencia de buen derecho».
Todo esto, en mi opinión, no hace más que poner una sombra de sospecha en el interés por condicionar el libre e independiente ejercicio de nuestras funciones. Parece mentira que, en una Administración pública copada de interinos, personal eventual y «libredesignados»; se pongan problemas y tenga que ser noticia la llegada de un funcionario independiente y de carrera, formado y preparado para el mejor desempeño de sus funciones. Aquí, quien pierde realmente, es el propio Ayuntamiento y, por ende, todos los leoneses.
Resulta llamativa que sea noticia la información publicada al respecto de que un interventor (llamémosle X), haya llevado al Tribunal de Cuentas la gestión de 14 años en su anterior Ayuntamiento. Es curioso que sea noticia el hecho de que alguien haga su trabajo. Es más, o menos como si a un médico se le cuestiona el número de pacientes de cuya enfermedad les ha salvado o a un panadero las hogazas que vende a diario.
Es lamentable que un Ayuntamiento, capital de Provincia, como es el de León, se vayan a quedar con un solo puesto de Intervención, eliminando la asistencia de la «vice» cuando otros municipios con muchos menos habitantes y capacidad de gestión tienen al menos estos dos interventores ejerciendo sus funciones de manera coordinada. No hay justificación racional a la pérdida de este puesto de trabajo salvo que se pretenda tener a «menos gente que te controle», o tal vez eliminar a funcionarios que lo único que han hecho, es ejercer su trabajo con profesionalidad y autonomía.
Lo curioso del asunto, es que estas asociaciones que antes se conocían como sindicatos y ahora se llaman directamente por unas siglas; lejos de defender el mantenimiento de puestos de trabajo en el sector público, se han postulado en la defensa de que la plaza está amortizada y no se puede cubrir. ¿Dónde están ahora que un funcionario público es vetado por un gobierno municipal en el ejercicio de un derecho adquirido para la toma de posesión, en un puesto que le ha sido adjudicado por un acto administrativo del Ministerio presuntamente válido?.
Lo cómico del asunto es que el Concejal delegado de Hacienda del Ayuntamiento de León, es también Funcionario con Habilitación de Carácter Nacional.
Desde mi despacho de Madrid, lo siento con pena. Por ver que mi tierra, lejos de avanzar se pierde en estas cuestiones que pensé dejadas atrás hace muchos años. Cambiamos profesionales por cobistas. Ya conocimos estos enjuages con los puestos de los Habilitados nacionales en los tiempos de la Diputación de una tal Isabel Carrasco.