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¿Se puede negociar la paz? Sí, ahí están el tratado de París que finiquitó la Guerra de Cuba o la Conferencia de Yalta, pero deponer las armas el único derecho que le otorga a un atracador es que no se le responda con fuerza de fuego y que a continuación se le detenga y ponga a disposición judicial. Será la justicia quien valore si su gesto de rendirse sin enfrentamiento se puede considerar un atenuante. Lo que vale para un delincuente igual tiene que servir para una organización de delincuentes: si no, el acuerdo sobre el que se funda toda sociedad se quiebra.

Si la rendición, además, fue sin condiciones, consecuencia de la acción policial y el propio agotamiento de la banda armada, en absoluto fruto de negociaciones en la sombra que condujeron a un «armisticio platónico», ¿a qué pretender una intervención de la política, que dé salida «honorable» a lo que no fueron acciones políticas sino criminales? Creo firmemente que ninguna decisión de gobierno debe interferir en los procesos judiciales, sea quien sea el encausado. Si la sospecha o convicción de trato preferente hacia una infanta ha producido fractura social, un acuerdo de favor hacia quienes tienen delitos de sangre generaría una brecha irreparable especialmente en una sociedad, la vasca, que ya camina con un lastre como el de la herida sin cicatriz de las víctimas del terrorismo, a las que durante años se ha victimizado con repetición para, en nuestros días, cambiando de estrategia, pretender invisibilizarlas, hacer como si nunca hubieran existido.

Acaso lo que ocurre es que el significado del verbo negociar se está sustituyendo con perfidia por el de construir: construir la paz. Esta perversión del lenguaje, contra la que advierten las asociaciones de víctimas, conduciría al «aquí no ha pasado nada» y a la paz de los cementerios. Porque hablar de paz en relación con el terrorismo tiene el mismo sentido que hablar de venganza. No es paz —aquí un eufemismo, puesto que el antónimo de paz es guerra, no el asesinato vil del tiro en la nuca o la inmisericorde tortura del secuestro—, sino resarcimiento democrático y civil. Consuelo para los familiares de las víctimas y castigo para sus asesinos. Justicia. Porque hay 300, más de 300 asesinatos aún sin esclarecer y sin culpables, que no entran dentro de la memoria histórica, sin que se hayan entregado las armas con que se cometieron.