En pie de guerra

Convocando una huelga general en el campo andaluz y extremeño, CCOO y UGT rompen la paz social surgida de la retirada del célebre decreto que pretendía regular un nuevo sistema de prestaciones al desempleo, reforma legal frente a la que las dos centrales mayoritarias convocaron el paro masivo del pasado 20 de junio. El efecto político de aquella huelga habría aconsejado la remodelación ministerial que dio entrada en el departamento de Trabajo a Eduardo Zaplana, cuya primera medida fue retirar todos los puntos de la reforma, excepto el referido al Plan de Empleo Rural (PER), que hasta entonces garantizaba un subsidio agrario a los trabajadores eventuales de Andalucía y Extremadura, castigados por la insuficiencia del empleo estacional. Ese subsidio no iba a extenderse a nuevos solicitantes, por lo que los jóvenes se verían privados de él. Zaplana no ha accedido a la pretensión sindical de que el subsidio agrario fuera restablecido, tal como se reflejaba en el PER, y de ahí la huelga en el campo andaluz y extremeño convocada para el próximo 20 de febrero. ¿Tienen razón los sindicatos o el Gobierno?. Da la sensación de que se trata de un enfrentamiento entre el huevo y el fuero, pues mientras Zaplana resiste a las presiones sindicales bajo el principio de que lo primero es reformar y luego negociar, CCOO y UGT insisten en la necesidad de negociar antes de reformar. El Gobierno tiene la obligación de realizar las reformas oportunas, incluso contra la oposición de los sectores concernidos, pero midiendo siempre, en favor de la paz social, las consecuencias de sus decisiones unilaterales. Pueden estar los sindicatos desprovistos de una buena dosis de razón, pero si el Gobierno, al incorporarse Zaplana a sus tareas, anunció que la recuperación del diálogo social iba a ser su gran objetivo, al proponer un nuevo subsidio agrario más bien innegociable estaría alentando la efervescencia sindical, y ello en vísperas de elecciones municipales/ autonómicas, que se celebrarán en mayo, y mientras ha de atender a una larga serie de problemas, desde las derivaciones del «Prestige», que sigue destilando actualidad política desde el fondo del mar, hasta la desaceleración económica, con reflejo negativo en el paro, pasando por el inacabable proceso de la sucesión de Aznar. Aceptar un envite sindical en este momento podría ser la prueba, o el intento de prueba, de que el Gobierno se siente fuerte y está decidido a gobernar, como ayer afirmaba el presidente ante unos periodistas refiriéndose a la ofensiva contra el terrorismo, le inseguridad ciudadana y la delincuencia.