Diálogo y pacto

El PSOE no envaina las espadas y, tras la reunión que celebró ayer su plana mayor, Zapatero replicó al paquete de reformas legislativas del Gobierno ofreciendo a Aznar diálogo sin condiciones. «Hacer una reforma penal y penitenciaria destinada a mejorar la lucha contra ETA debe ser una buena oportunidad para reforzar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo», dijo en rueda de prensa el líder socialista. Y añadió: «... para reforzar la política de Estado contra la violencia, para reforzar la política de todo un país en defensa de la libertad y de la democracia». Posiblemente habría que lamentar en algún momento, como tanto se ha lamentado ya la quiebra del pacto de Ajuria Enea, que la ofensiva de reformas legislativas del Gobierno se desarrollase al margen del punto 5 del pacto antiterrorista sellado por el PP y el PSOE, debilitándolo. Ese punto exige que las reformas legales en materia antiterrorista se realicen en el marco del «mutuo acuerdo». De ahí que ninguna de las dos partes se vea autorizada a exigir de la otra adhesiones inquebrantables, por muchos réditos electorales que pudiera ofrecer el protagonismo exclusivo en la batalla legislativa contra ETA. Ya ha tomado el Gobierno la iniciativa de unas reformas legales, opinables en algunos aspectos, contra terroristas y delincuentes y ello le ha permitido recuperar la iniciativa política desde la que podría aceptar el diálogo que la oposición le ofrece y de algún modo le exige sin ver excesivamente disminuido su protagonismo. Lo malo sería que asuntos de indudable trascendencia política y moral, como el cumplimiento íntegro de unas penas endurecidas o las restricciones para obtener el beneficio de la reinserción, que ha agrietado notablemente la coraza de ETA, salieran del Parlamento a caballo únicamente de la mayoría absoluta del PP. Se trata de hacer sobre estas materias política de Estado, no de partido, y de debatirla minuciosamente con la oposición desde varias perspectivas -jurídica, constitucional, moral, social y política- y con la previa renuncia a la tentación demagógica en la que ayer caían varios políticos, desde Ibarretxe, quien veía en la reformas un reflejo de la ley del ojo por ojo, que «termina dejándonos a todos ciegos», hasta el ministro del ramo, Michavila, a quien se le hace muy duro explicar a la madre de un guardia civil por qué un terrorista, sin haber cumplido su condena, había asesinado a su hijo. Es irrebatible, por conmovedor, ese argumento de Michavila, pero se refiere a un aspecto de las reformas planteadas, el del cumplimiento íntegro de las penas, que nunca debería anular el beneficio de la reinserción, aunque se endureciesen las condiciones para obtenerlo.