Cultura y terrorismo

Las últimas redadas contra ETA no pueden ser fruto de la casualidad. Estamos ante una operación político-policial-judicial planificada que busca lo único que puede buscar: descalabrar ese entramado. Y así, un día asistimos a la detención de los restos de «kale borroka». Otro, a la desarticulación de la llamada "cantera" de la banda armada. Y ayer mismo, al desmontaje de un grupo periodístico y la detención de sus dirigentes. Se está cumpliendo así uno de los objetivos de este gobierno: luchar contra el terrorismo con la policía y los jueces; lo que se llama «la fuerza y la legitimidad del Estado de Derecho». Lo que ocurre es que la última operación, la efectuada contra el diario «Euskaldunon Egunkaria», ha tocado en una parte sensible de la realidad vasca. Ha tocado en un medio que difundía el idioma vasco. Ha tocado a un medio de comunicación, y es muy fácil -y quizá obligado- invocar la libertad de expresión. Ha tocado a una empresa que el gobierno vasco había subvencionado, y ningún gobierno acepta fácilmente que se la policía descubra que estaba subvencionando a un brazo de una banda terrorista. Y ha sorprendido a todo el mundo que tenía alguna relación, aunque sólo fuera de simpatía, con ese grupo. Por todo ello se armó el follón que cuenta este periódico: protestas políticas, sindicales, universitarias y la acusación de que se viola la libertad de lengua y pensamiento y que se ataca a la cultura vasca. Incluso podremos asistir a alguna forma de desobediencia a la autoridad judicial. ¿Qué podemos decir ante ello? Solamente una cosa: ojalá el juez Juan del Olmo tenga las pruebas muy claras y bien atadas. Si no las tiene, el nacionalismo vasco encontrará aquí otro motivo para alimentar su victimismo. No es igual detener a un grupo de activistas que a personas a quienes se considera defensoras y promotoras de una cultura. Supongo que el juez también conoce esa diferencia.