España y la legalidad

En la entrevista que Aznar concedió a Tele 5, que fue el mejor y el más explícito resumen de la posición oficial española que ha realizado hasta ahora en público el jefe del Ejecutivo, éste utilizó dos argumentos que son los esenciales que sustentan su propia posición y que resultan, como mínimo, débiles y discutibles. De un lado, dijo que de no producirse una nueva resolución del Consejo de Seguridad las resoluciones ya aprobadas con relación a Irak, y particularmente la 1.441, ampararían una acción militar contra Sadam Husein y darían por tanto respaldo legal al apoyo español a dicha iniciativa. De otro lado, citó Aznar el «precedente» de Kosovo; por analogía, aquella intervención bélica daría también cobertura legal a un ataque a Irak que no tuviese el respaldo explícito del Consejo de Seguridad. El primer aserto -las resoluciones ya aprobadas legitiman la guerra- es muy endeble y de ello son plenamente conscientes los dos países que respaldan a Washington, el Reino Unido y España, ya que están buscando desesperadamente el consenso en el Consejo de Seguridad para que se produzca una nueva resolución que constate el incumplimiento del desarme por parte de Sadam Husein y autorice la acción armada. El propio secretario general de la ONU, Kofi Annan, en unas declaraciones muy medidas, ha dicho claramente que una intervención que no contara con el respaldo expreso del Consejo de Seguridad «no se ajustaría a los procedimientos de las Naciones Unidas». En suma, todas las opiniones de expertos que se han publicado coinciden en afirmar que el uso de la fuerza sólo es lícito en caso de legítima defensa o por autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Dicha autorización no se desprende de la resolución 1.441 que conmina a Sadam Husein «por última vez» a desarmarse y lo amenaza con «graves consecuencias» si no lo hace, dado que sólo el propio Consejo de Seguridad puede evaluar si el dictador iraquí ha incumplido o no el mandato. De hecho, la redacción inicial de la propuesta de resolución preparada por Washington, Londres y Madrid, que no ha encontrado el necesario consenso, se limita a confirmar dicho incumplimiento, lo que demuestra que sus promotores son conscientes de que, sin esta declaración, la guerra no tendrá el suficiente respaldo legal. La segunda afirmación -el precedente de Kosovo tiene un efecto legitimador- en el caso de Irak tampoco se sostiene. En primer lugar, no es cierto que la intervención aliada se produjera «a pesar del veto ruso». El asunto no llegó a plantearse en el Consejo de Seguridad porque se temía dicho veto, lo que es diferente. Y la UE y la OTAN manejaron entonces el argumento de la «injerencia humanitaria» -la comisión de un genocidio flagrante, que pudo verse hasta en televisión para justificar el ataque a Serbia. Así las cosas, cada actor político deberá asumir su responsabilidad y habrá de responder de sus actos ante los ciudadanos y ante la historia.