El Estado es una piña

Las instituciones del Estado de Derecho no tienen ninguna duda: Batasuna no cabe dentro de la legalidad. El TC allanó el camino con su sentencia sobre la Ley de Partidos. Ayer, el Supremo declaró ilegal a esa formación filoterrorista. Hay dos características comunes a ambas sentencias: rapidez y unanimidad. El Constitucional batió un récord de velocidad. El Supremo distó mucho de agotar el plazo previsto de veinte días. Los efectos serán también inmediatos: Batasuna debe ser inmediatamente disuelta. En cuanto a los criterios, ni un solo magistrado discrepa del fiscal y del Gobierno. No hay opiniones discordantes. No hay una sola duda en las instituciones. El Estado es una piña. Todo esto nos conduce a un periodo apasionante. La primera consecuencia es que Batasuna, con cualquiera de sus nombres -HB o Euskal Herritarrok- verá cancelada su inscripción en el Registro de Interior. Sus concejales, alcaldes y parlamentarios continuarán en sus puestos, pero sólo hasta el final de sus respectivas legislaturas. Y la formación política, como tal, debe ser disuelta. Y todo ello, ante un Gobierno y un Parlamento vasco que se oponen o, cuando menos, son reticentes y han llegado a adoptar como propias algunas iniciativas políticas de la formación ilegalizada. El mayor desafío es que los expulsados de la legalidad buscarán resquicios para estar presentes en las elecciones. Tienen a su alcance alternativas como las agrupaciones cívicas y de electores. De hecho, ya han presentado un sucedáneo que responde a las siglas AuB, con la singularidad de que todo el mundo sabe que son ellos. Y ahí está el conflicto. Sería un escándalo que todo el mundo, menos la autoridad judicial, supiera que los «batasunos» se han vestido con otro ropaje. Pero sería peor que el Estado de Derecho no tuviera recursos para impedirlo. En ese caso, empezarían a tener razón los nacionalistas: a los radicales sólo se les derrota en las urnas. Con medidas de prohibición sólo se les pone un «stop».