Un juicio muy rápido

La ley de juicios rápidos trata de agilizar/acelerar el funcionamiento de la Justicia y por ello el ministro del ramo ha calificado la fecha de su entrada en vigor como «un magnífico día». El «nuevo motor» del sistema judicial se puso en marcha con diversa fortuna, pues si en Barcelona, donde existe cierta experiencia en un tipo de juicios rápidos desde los Juegos Olímpicos del 92, todo fue bien, o casi bien, en Madrid el estreno de la norma procesal se saldó con un cierto fracaso, pues a las críticas de fiscales, cuerpos policiales y abogados se añadió un apagón informático que dejó durante horas inservible a la agenda electrónica de citaciones judiciales, y en suspenso los juicios. Al ministro Michavila no le sentó bien que en Madrid se emborronase el éxito de una ley cuya entrada en vigor se hacía coincidir con la campaña oficiosa electoral, y como el fiscal jefe de la comunidad, Mariano Fernández Bermejo, había criticado pública y reiteradamente la falta de medios y la improvisación con que se había ordenado el inicio de los juicios rápidos, se le declaró instantáneamente culpable. Michavila afirmó que este fiscal «se ha manifestado en rebeldía y hará todo lo posible para que todo falle». Dos acusaciones muy graves: insumiso y desestabilizador. Se ha inflamado nuevamente un sector del sistema judicial, con los fiscales progresistas y los miembros no conservadores del CGPJ en apoyo de Fernández Bermejo, y el resto, mayoritario, alineado con el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, quien ya había abierto diligencias informativas contra el fiscal «rebelde». Lo peor del caso no es, como en otras ocasiones, el pulso entre la Fiscalía General, muy sensible a los deseos e intenciones del Gobierno, y un grupo minoritario de fiscales, sino el anuncio de que Fernández Bermejo estaría dispuesto a llevar al ministro a los tribunales, querellándose contra él. «Creo que el ministro -dijo ayer este fiscal- ha cometido un gravísimo error, creo que con mala intención, y eso tiene un precio». El asunto ha permitido a Zapatero preguntarse qué pensarán los ciudadanos al ver al ministro de Justicia lanzar un ataque intolerable contra el fiscal jefe de Madrid. «Pero, ¿en qué manos estamos?», clamó con cierto patetismo electoral el líder socialista. Y es que el problema es de grueso calibre, siempre que al fiscal con intenciones de querella contra el ministro no logre disuadirle la capacidad persuasiva del fiscal general. En tono de humor agrio, decía Zapatero que tiene gracia, por no decir que es lamentable, que el primer juicio rápido que hemos visto ha sido el del ministro de Justicia contra nada menos que el fiscal de Madrid. Se trató, en este caso, de un juicio de valor y de suposiciones, pero de muy negativa proyección política.