Justicia vertiginosa

A Justicia española es lenta, pero en ocasiones actúa a una velocidad de vértigo decisorio. El Tribunal Constitucional, como días antes los hizo también el Tribunal Supremo, ha resuelto con rapidez inusitada el problema de las candidaturas a las elecciones municipales del País Vasco en las que aparecían miembros del entorno etarra. Se confirma sin lugar a dudas que el poder judicial se ha implicado plenamente en la lucha antiterrorista, una vez que el Parlamento le ha procurado los medios legales pertinentes. Era de esperar la reacción del nacionalismo vasco. Xabier Arzalluz habló ayer de la muerte civil de miles de vascos, mientras el consejero vasco de Justicia, Joseba Azcárraga, afirmaba que José María Aznar intenta reventar la convivencia en Euskadi. De ahí a calificar a ETA de simple organización humanitaria sólo habría un paso. Pero algo incluso mucho más grave sugirió Azcárraga al proponer una investigación, eso sí, con serenidad, por si «las actuaciones del presidente del Tribunal Supemo, del fiscal general del Estado» y, «cómo no», precisó el consejero, «del presidente del Tribunal Constitucional están pudiendo incurrir en un delito de prevaricación». Xabier Arzalluz calificó la situación de «grave», lo cual parece cierto, pero exonerando de toda responsabilidad a la radicalización del nacionalismo y al terrorismo de ETA, como si sólo fueran culpables el Gobierno central y la Justicia. La Justicia se ha limitado a aplicar la ley de Partidos y el Gobierno a mostrar lógicamente su satisfacción, en labios del ministro Michavila, porque unas resoluciones judiciales dejan a ETA fuera de las instituciones democráticas. Va a seguir jugando el entorno de ETA con el valor del voto nulo, sabiendo probablemente que no hay artilugio ni legal ni electoral que al voto nulo le permita cotizar en la realidad política. Ese voto invalidado de las plataformas filoetarras sólo tendría una lectura sociológica y sería en todo caso utilizado por el Partido Nacionalista Vasco en beneficio propio. Porque el hecho claro, dentro de la gravedad de una situación inquietante, es que ETA ha visto cegados los respiraderos políticos y económicos que le eran tan necesarios. Y en esa circunstancia, el nacionalismo democrático se enfrenta a una disyuntiva realmente importante: acatar las decisiones judiciales, respetando el Estado de Derecho, del que obtiene la legitimidad de su poder, o radicalizarse aún más, camino del monte de la desobediencia civil. En este caso, tampoco su voto tendría la debida cotización política.