El futuro de las diputaciones provinciales

HACE ya 170 años que se crearon las diputaciones provinciales. En este lapso transcurrido han cumplido su función, con mayor o menor acierto, según la impronta que cada Administración centralizada imponía. Así, en Navarra, provincia con tradición foral, que apoyó la rebelión militar de 1936, mantuvo sus foros, obtuvo una financiación especial y se constituyó, a partir de ella, la propia administración periférica del estado dependiente indirectamente de los ministerios correspondientes. En cambio, en el resto de las diputaciones sus funciones quedaron limitadas a apoyar a los pequeños municipios, a acciones sociales y a la creación de los caminos vecinales que conectaban los núcleos de población con la red de carreteras del Estado. Su financiación confusa e insuficiente, derivada de una mala definición de las competencias que les correspondía, era un hándicap que impedía formular cualquier tipo de política propia. Pero, de todos modos, ejercieron sobre la población un mecanismo de identificación superior al localismo municipal, lo cual fue debido, también, a que la provincia se convierte en la unidad territorial de demarcación de los Gobiernos Civiles, primero, y de la administración periférica del Estado que se iba creando sucesivamente, después. Tras la consolidación de la democracia por la aceptación generalizada de la Constitución de 1978, se crea el Estado de las Autonomías y se produce un cambio importante en la estructura administrativa. Por un lado, aparecen autonomías uniprovinciales que absorben íntegramente a las Diputaciones (casos de Asturias, Cantabria, Logroño, Murcia y Madrid); por otro, las autonomías pluriprovinciales conservan por mandato constitucional la demarcación interna de las Diputaciones que las forman. En la comunidad autónoma de Castilla y León el proceso de transferencias se caracterizó por convertir la administración periférica del Estado, formada por las delegaciones ministeriales, en delegaciones territoriales de las consejerías correspondientes de la Junta. La nueva situación produce una ralentización en la actividad de la administración periférica (el cambio de los órganos de decisión fue un factor determinante de este hecho) y conllevó un mayor protagonismo de las diputaciones, sobre todo de aquellas que, casi al mismo tiempo, dispusieron de una financiación nueva que fue el impuesto sobre la producción de energía eléctrica en la provincia. Este recurso provincial permitió a la Diputación Provincial de León disponer de nuevos fondos para la formulación de nuevas políticas. Pero, duró poco; con el ingreso en la Comunidad Económica Europea todos los impuestos indirectos fueron absorbidos por el IVA y en el reparto del nuevo impuesto quedaron fuera las diputaciones. Otra cuestión relevante que hay que resaltar y que ocurrió en la Provincia de León, es que desde el comienzo del proceso autonómico se produjo una competencia entre la administración periférica de la Junta y la Diputación Provincial (a veces participaba en la porfía el Ayuntamiento de León). En la primera legislación ambas instituciones estaban regidas por el mismo partido político; los responsables políticos no fueron capaces de articular acciones complementarias; por lo general, la Diputación copiaba las políticas que la Junta intentaba renovar, entrando en competencia y duplicidad. Esta situación se acentúo en las siguientes legislaturas cuando los signos políticos eran antagónicos. En estas dos últimas legislaturas, con la quiebra técnica de la Diputación Provincial y con un desinterés generalizado que se palpa en una falta de autoestima profesional de los funcionarios, todas estas escaramuzas han concluido por inanición de los responsables, y olvido de la Junta de Castilla y León. Su recuperación es difícil pero no imposible. Se formula con cierta frecuencia en los debates políticos que hay que acercar la administración al administrado. Ello sólo es posible si los ayuntamientos asumen más competencias directas. Pero sólo se alcanzará aquel objetivo si se crean ayuntamientos viables; es decir, si los ayuntamientos son capaces de gestionar las competencias que se les asignan, lo que significa crear estructuras eficientes de gestión. La provincia de León tiene 212 municipios; únicamente los de León y Ponferrada tienen más de cincuenta mil habitantes; San Andrés, veinte mil; Astorga, La Bañeza, Villablino y Villaquilambre, diez mil o algunos más; el resto, 215, con una población cercana a los ciento ochenta mil habitantes, no tienen capacidad alguna ni de asumir las competencias que tienen actualmente encomendadas. Las mancomunidades creadas en los últimos años son un sucedáneo más interpuesto entre el poder político y el electorado. El presupuesto gestionado por la Administración Local en la Provincia de León asciende a una cifra del orden de los 420 millones de Euros; cantidad importante para que una parte importante de ella esté gestionada por ayuntamientos que no tienen estructura administrativa, lo que implica unos costes de gestión elevados, cuando no despilfarro. La reforma de la Administración Local en general y en la provincia de León, se hace ineludible. La propuesta de Izquierda Unida es realizar esa reforma en esta legislatura a partir de las Diputaciones Provinciales. 1. Dicha reforma administrativa ha de postular la creación de comarcas con un tope mínimo de población previamentre establecido y manteniendo todos los núcleos de población y la absorción de ayuntamientos y mancomunidades en favor de aquéllas. 2. Modificación del sistema electoral con voto directo en todas las administraciones. 3. Descentralización de las diputaciones provinciales en favor de las cabeceras de comarca, trasformando las plazas vacantes de funcionarios que se adscribirán a dichas cabeceras; y los presupuestos provinciales se asignarían por comarcas en función de planes concretos cuatrianuales. 4. Los medios técnicos disponibles en estos momentos permiten una gran movilidad a los funcionarios que no tienen porque despachar en un punto fijo, la movilidad tanto informática como espacial es muy grande, lo que permite asistir al ciudadano, al menos, en los mismos puntos que ahora o en más. Esta es una propuesta flexible para debatir y constatar con la de otras formaciones políticas, en ningún momento pretende ser rígida o dogmática, su objetivo es sacar a la opinión pública un tema que se habla entre bastidores y se hurta al electorado, siendo éste quien está sufragando una administración obsoleta y a unos costes muy elevados que hay que reducir con voluntad política y valentía.