Fin de la acción de oro

El Tribunal Europeo de Justicia ha declarado ilegales las denominadas «acciones de oro», es decir, la potestad que mantienen algunos gobiernos europeos de vetar determinadas decisiones de las empresas privatizadas. La decisión del máximo órgano jurisdiccional del Viejo Continente se basa en que la existencia de esa figura atenta contra el principio de libre circulación de capitales en el seno del Mercado Único. Con esta resolución, los poderes públicos ven drásticamente reducida su capacidad de influir en el sector privado, lo que a priori es una excelente noticia. Sin embargo conviene realizar algunas importantes matizaciones que escapan con demasiada frecuencia a la atención de la opinión pública pero que son esenciales. En una economía de mercado, los propietarios de las empresas tienen que tener libertad para adoptar todas aquellas decisiones que consideren oportunas sin interferencia gubernamental alguna. De lo contrario, las compañías se convierten en entes controlados por el Gobierno, extremo éste incompatible con los fundamentos de un sistema de libre empresa. Desde esta óptica, la persistencia de la «acción de oro» era insostenible. Ahora bien, esa institución estaba y está en parte justificada por la existencia en Europa de empresas públicas que operan en mercados cerrados a la competencia y usan sus rentas monopolísticas para comprar empresas privadas en sectores liberalizados. Esto supone una grave distorsión de la competencia y de los criterios de funcionamiento del mercado interior europeo. Desde esta perspectiva, la desaparición de la «acción de oro» sea bienvenida pero debe verse acompañada por la obligación de privatizar las empresas públicas existentes en muchos países de la Eurozona y abrir a la competencia los mercados en los que actúan. De lo contrario, la sentencia sería injusta al consagrar una situación en la cual las reglas del juego no son iguales para todos y concede una posición de privilegio a los Estados que menos cumplen la normativa comunitaria.