Pactos postelectorales

LOS RESULTADOS del pasado 25 de mayo, tan discutidos, han dejado en el aire a numerosos municipios y a algunas comunidades que, para la formación de gobiernos estables, necesitarán de acuerdos postelectorales. Por ejemplo esto es así en comunidades como las de Madrid, Asturias, Aragón Cantabria o Baleares. Sólo en nuestra provincia esos pactos afectarán a 54 municipios, incluida la capital o a poblaciones tan importantes como Astorga, La Bañeza, Cacabelos, Villablino y Villafranca. Nadie quiere saber nada de la lista más votada, de la que se habló antes de las elecciones como posible opción; todos se aprestan a pactar con quien sea y al precio que sea, en un mercadeo a veces obsceno. Los pactos son inherentes al actual sistema electoral de nuestro país. Es éste un sistema proporcional, corregido por la ley d'Hont, con el que se pretendió, en la Transición, que los numerosos partidos políticos surgidos durante los últimos años de la Dictadura pudieran tener representación, abriendo así el abanico de las opciones ideológicas en las instituciones. Aparentemente parece un sistema no más democrático pero si más representativo que el mayoritario, aunque en realidad desvirtúa los deseos profundos de los ciudadanos respecto al ejercicio del poder. Uno puede sentirse afín ideológicamente a un partido político pero no desea ser gobernado por otro al no ha votado, pero que se cuela de rondón en el gobierno por los acuerdos. Los pactos, para ser legítimos, deberían hacerse antes de las elecciones y no después; pero esto implicaría optar por un sistema mayoritario a dos vueltas, como en Francia. Estoy seguro de que si los pactos que ahora se proponen se sometieran a votación, el resultado electoral variaría sensiblemente; muchos corregirían su primera decisión a la vista de los mismos. De esto se habla mucho cuando se acercan unas elecciones pero luego se olvida, porque en el fondo todos van a gusto en el burro. No debería ser así; de una vez por todas habría que modificar el actual sistema una vez que han desaparecido la mayoría de las formaciones políticas de la Transición, para adecuarlo a la nueva realidad sociológica española. Al menos debería adoptarse este sistema para los gobiernos municipales, aunque se mantuviera para el parlamento. La mayoría de los pactos no se hace sobre programas y ni siquiera sobre opciones ideológicas, aunque esto parezca contradecirlo la alianza del PSOE con IU que, sólo en Castilla y León, afectará a 40 municipios y en el resto de España a muchísimos más. En el fondo de lo que se trata es de desalojar al partido que gobierna, o cerrar el paso a la derecha, como dice Llamazares, repartiéndose los municipios u otras instituciones como si fueran cromos. La UPL exige al PP, al parecer, la presidencia de Caja España para De Francisco o un diputado nacional en las próximas elecciones generales. ¿Los hemos elegido para gobernar los ayuntamientos o para estar en las Cortes? Firmar acuerdos globales, como pretenden el PSOE e IU, para el gobierno de los municipios, es atentar contra los intereses específicos de esos lugares y de los propias candidaturas, porque las realidades son muy diferentes en cada uno de los ayuntamientos. Las direcciones de los partidos, en base a sus propios intereses, obligan a pactar acuerdos en lugares en los que no conviene o no se debería hacer, no por la ideología sino por las personas que la representan, mejor conocidas allí que en León o Valladolid. Con este chalaneo no es extraño que luego surja el transfuguismo, tan denostado por todos. Éste también es un mal que nace de los impuestos acuerdos postelectorales, pues los concejales sufren presiones de las que no pueden zafarse. Me consta que así está ocurriendo en algún caso, en los que la ingenuidad y bisoñez de los interlocutores perjudica claramente los intereses generales.