¿La educación es un mercado?

EL ARTÍCULO de Javier María Ampudia Alonso, de CSI-CSIF ( sindicato de la pública) de León, publicado en este periódico el pasado cuatro de junio, una vez más, ataca sin fundamento a la enseñanza concertada tergiversando datos, mezclando churras con merinas y demostrando, de paso, desconocer por completo la enseñanza privada. Alude directamente al Colegio Diocesano San Ignacio, de Ponferrada -por cierto, no es la primera vez que este sindicato lo hace -(«incluso la diocesana», dice). En su artículo se recogen todos los tópicos manidos contra la enseñanza concertada , mezclados, como es habi- tual, con prejuicios y razonamientos pretendidamente religiosos para descalificar este tipo de enseñanza. No creo yo que, a estas alturas y en una sociedad democrática y plural, sea necesario probar la legitimidad de la existencia de estos centros, concertados o no concertados. Pero lo que es inadmisible es la cantidad de afirmaciones gratuitas que el señor Ampudia vierte sin prueba alguna o apoyándose en datos exagerados, cuando no tergiversados. Se afirma: «...se fundaron para recoger y educar niños desamparados en los arrabales, hoy en día tienen sus centros ubicados en zonas de clase alta». La afirmación se cae por sí sola. ¿Quiere decir que han cogido en volandas sus colegios para trasladarlos al centro de la ciudad? Dice usted que estos centros «seleccionan sus alumnos entre sus convecinos». Usted sabe muy bien que existen unas normas sobre admisión de alumnos que son comunes y obligatorias para los centros privados y públicos, cuyo estricto cumplimiento se encargan de supervisar y exigir los consejos escolares. Si así no fuera, los Inspectores de Educación actuarían para hacerlas cumplir; esta es su misión ¿o no? Cito un párrafo suyo: «... so pretexto del ideario -que suele ser religioso- no admite (la iniciativa privada) alumnos de otras confesiones religiosas ni, por lo tanto, inmigrantes». Ve usted cómo mezcla churras con merinas.O sea ¿ que los inmigrantes son todos de otras confesiones? ¿Conoce algún caso de este tipo o habla de memoria?. Y, si lo hay, ¿no será más bien que los padres, lógicamente, prefieren otro clase de centro más acorde con sus creencias ? Además, ¿quiere usted que le dé la lista de alumnos inmigrantes escolarizados en este colegio? Dice usted que «la mayor parte ignoran continua y ampliamente la normativa». Ya está usted exagerando otra vez. Si esto fuera cierto, la Administración, como es su deber, los habría llamado al orden y, en caso de reincidencia, les habría suprimido el concierto o incluso retirado la licencia de funcionamiento ¿no cree? Ahora un dato demagógico: «el 80% de ACNNEs (para no especializado en esta jerga nuestra, aclaro: Alumnos Con Necesidades Educativas Especiales) -o de inmigrantes, da igual- están escolarizados en la escuela pública y sólo un 20% lo están en la privada». El dato es aproximadamente cierto. Pero lo que no se dice es que esa es también, aproxima- damente, la proporción de alumnado: la escuela pública escolariza en torno al 80% y la privada el 20% restante. Luego la desproporción que el dato insinúa no es tal. De ahí la demagogia. En relación con este tema de los ACNEEs, para no despistar al personal y, por tanto, para no hacer demagogia, es necesario aportar algunos datos reales. Cojan ustedes la Guía del Estudiante, 2003-2004, Oferta Educativa de León y comprobarán que los centros públicos disponen de los profesores de apoyo necesarios para atender a estos alumnos : MC (=Maestro de Compensatoria), PT (=Pedagogo Terapeuta), AL (=profesor de Audición y Lenguaje), ATE (= Auxiliar Técnico Educativo), etcétera. Mientras, algún centro privado tiene sólo un profesor de apoyo y otros ninguno, como este, a pesar de haberlos solicitado año tras año. No son los centros concertados los que excluyen; son los padres los que buscan lo que necesitan donde lo hay. Otra información tergiversada: «Las aulas se masifican,..., se sobrepasa la ratio máxima alumnos/unidad». Esto, que en algunas aulas es cierto, despista ¿a sabiendas? al lector. Lo aclaro con un ejemplo: Curso 2002-2003. 1º de E.S.O. Según la ley vigente, la ratio máxima alumnos unidad es de 30 alumnos. El centro, también según la Ley, tiene que ofrecer para la admisión de alumnos, las plazas de que dispone, es decir 30.Se presentan dentro de plazo 29 solicitudes y tiene que admitir las 29 solicitudes -luego no puede seleccionar-.Al curso siguiente, cuando estos alumnos llegan todos a 2º de E.S.O., pues promocionan todos, tienen que sumarse a los repetidores de 2º. Pongamos que repiten curso 8 alumnos de 2º.Pues ya tenemos un aula con 37 alumnos. El ejemplo es real, no inventado. Y ante esto, ¿qué puede hacer el centro para no sobrepasar la ratio? Nada. Pero no ha cometido ninguna irregularidad. Tal como se presenta, es un dato tergiversado. Esto mismo es lo que ha pasado en ese curso de «4º de Primaria con 31 alumnos en Ponferrada» (nueva alusión al «San Ignacio») cuando tenían que ser 23, porque en esa aula están escolarizados 2 ACNNEs -¿ve usted otra vez cómo no se rechaza a los ACNNEs? Se ha solicitado repetidamente el desdoblamiento de esa aula por razones obvias y no ha sido concedido por la presión de estos sindicatos contra la privada.. «¿Mercado de la Educación?» Sabe usted muy bien que un centro concertado no es ningún negocio. Por algo las grandes empresas no se dedican a la enseñanza. Si realmente fuera el negocio que los sindicatos dicen, en lugar de fabricar palas eólicas o servilletas de papel, pongo por caso, ya estarían construyendo colegios. Cuando usted llama colegios de «élite», ¿de cuáles habla? ¿De los concertados o de los no concertados? Los colegios «elitistas» son los de pago, porque sólo pueden pagarlos algunos. Todavía una precisión más: los padres que eligen libremente (es un derecho constitucional) centros concertados pagan sobradamente con sus impuestos la educación de sus hijos. Y un par de preguntas: ¿por qué algunos sindicatos para defender a la pública lo único que hacen es atacar a la privada? No es ese el camino. Los hechos son tozudos. Si hay padres que prefieren la privada, por algo será. ¿O es que quieren ustedes eliminar la competencia y quedarse con el monopolio? Y, ¿por qué la Administración se niega a decir cuánto le cuesta a las arcas del Estado un alumno de un centro público y uno de un centro privado?. Según los datos, el coste de un alumno de la pública es el doble de uno de la privada en Primaria, y casi el triple en Secundaria. 1397124194