La educación concertada sí es un mercado

EN TRIBUNA de este mismo Diario de León del pasado día 22 de junio, don Carlos Monroy Criado, director del colegio diocesano San Ignacio, de Ponferrada, contesta a mi escrito de esa misma sección de fecha 4 de junio, hecho éste que he de agradecer sinceramente por ofrecerme una nueva oportunidad de dar a conocer a la luz pública la realidad de la enseñanza concertada en nuestro país y, más concretamente, en nuestra provincia. 1º En dos ocasiones el señor Monroy confía en la obligación de la Administración de controlar el funcionamiento de los centros concertados, tal como de hecho nosotros exigimos desde hace tiempo. No obstante, en ocasiones la norma va por un lado y la realidad por otro, y de ello sabe bastante el señor Monroy que, representando el curso pasado a la patronal privada en la Comisión de Escolarización de Enseñanza Secundaria de Ponferrada, fue acusado por los representantes sindicales de obstaculizar el funcionamiento de la comisión ocultándole los datos de vacantes reales de su centro en primero de la ESO, al parecer para impedir la matrícula de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, mientras procedía, a espaldas de la comisión de la que él mismo formaba parte, a matricular a otros alumnos más aventajados. A este respecto, la Inspección educativa informó de que en el centro dirigido por el señor Monroy se había producido una actuación irregular en la materia. Obligación de la administración (de acuerdo con las normas sobre admisión de alumnos a las que el señor Monroy alude) fue dejar sin efecto dichas matrículas y anular los conciertos de este centro privado; sin embargo, y pese al referido informe negativo de la Inspección, se dio p or buena su actuación y el colegio San Ignacio se vio, una vez más, libre de alumnos posiblemente problemáticos. ¿Es ésta la libertad de elección de centro a la que usted alude y a la que los centros concertados recurren continuamente para seguir con el negocio? ¿Dio usted publicidad entonces a las vacantes con que contaba para que todos los padres de El Bierzo pudiesen ejercer ese derecho que Usted mismo cercena año tras año? ¿Usted me acusa a mí de tergiversación y de demagogia? 2º ¿Para qué hablar, señor Monroy, del papel desempeñado por los consejos escolares de los centros privados, extensión clara y evidente de la omnipotencia de la dirección del centro, cuando en nuestra misma provincia contamos con bochornosos ejemplos -ya denunciados- de la actuación prepotente y antidemocrática de directores de centros privados concertados que han impedido que las elecciones a los consejos escolares se desarrollaran con un mínimo de garantías democráticas, llegando incluso a impedir el derecho a voto de la mayoría de los padres? 3º Sabemos que el poder de la patronal de la enseñanza privada es grande, pero nunca la consideraremos capaz de llevarse en volandas sus centros de un lado a otro (no me venga con relatos brujeriles). Los centros hoy concertados se construyeron en su día en los arrabales de las ciudades, que ahora han crecido y los han absorbido. ¿Existía el polígono de las Huertas cuando se construyó San Ignacio? 4º Arguye usted que una sociedad democrática y plural justifica la existencia de los centros concertados (yo nunca he hablado contra los privados-no concertados, es usted quien lo hace), y sin embargo no es capaz de abrir la contratación de sus profesores a un proceso democrático y plural. A propósito, ¿lo es el funcionamiento de su centro? ¿Es democrático y plural que el Estado pague -con dinero de todos los españoles- a centros de una ideología y de una opción religiosa concreta y restringida? 5º Ya que me la ofrece, le ruego que me entregue la lista de los alumnos inmigrantes matriculados en su centro. Dados los datos de que disponemos, supongo que no le llevará mucho tiempo. Así mismo, me gustaría que me especificase su país de origen y, si es posible, el oficio de sus padres. 6º Que la escuela pública escolariza al 80% de los inmigrantes y la privada sólo al 20% restante son datos del Defensor del pueblo y, por lo tanto, merecen un respeto. Sin embargo, y a pesar de lo que usted dice, los centros públicos sólo escolarizan a un 60% del alumnado de la provincia de León, mientras la privada sobrepasa ya el 40%. Si, además, tenemos en cuenta que la escolarización rural es casi exclusivamente pública y que la privada sólo se asienta en los núcleos urbanos, aquí los porcentajes no sólo se igualan sino que incluso se invierten. La escolarización de ACNEEs y de inmigrantes en los centros privados concertados sigue siendo, por lo tanto, anecdótica, cuando no inexistente. 7º Es cierto que su centro no cuenta con profesorado especialista para atender a alumnos con necesidades educativas especiales, pero tampoco cuenta con alumnos que justifiquen su dotación. Dígame usted un solo centro, público o privado, que cuente con este tipo de profesorado si no existen alumnos que justifiquen su dotación. Usted mismo votó un acuerdo que reza: «Se solicitará a la Administración educativa, que de manera progresiva dote de profesorado especializado a todos los centros que escolaricen acnee». Desde aquí invito a todos los padres que han acudido a su centro y han recibido la invitación de dirigirse a otro a que se pongan en contacto con CSI·CSIF. 8º Que la enseñanza sea negocio para algunos no quiere decir que sea un negocio ilimitado. Ha habido otros muchos negocios muy rentables y no por ello todos nos hemos dedicado a explotarlos. Lo triste es que sea un negocio para algunos, pero sufragado con el dinero de todos. 9º No me confunda colegios de élite con colegio elitistas. Ni el suyo ni ningún otro de esta provincia son «colegios de élite»: para ello hacen falta cualidades que su centro no tiene. Nuestra Real Academia Española de la Lengua define el término «elitista» como «partidario de una élite o del predominio de las élites», lo cual es bastante distinto. 10º En fin, dice usted que los padres tienen el derecho constitucional a elegir el centro para sus hijos, y para ello pagan sus impuestos. También es un derecho constitucional el acceso a la vivienda digna y al trabajo digno. ¿Sabe usted cuántos españoles no ejercen estos derechos constitucionales? ¿Por qué no el derecho a elegir clínica, médico privado-concertado, o abogado pagado por el Estado? Todos pagamos impuestos, pero ustedes administran nuestro dinero sin dar cuentas a nadie. El dinero público ha de ser administrado con claridad y transparencia.