Inmunidad y poder

EN ALGUNAS democracias jóvenes, y la española es una de ellas, en las que la sintonía ideológica o afectiva de algunos órganos judiciales con el poder político se traduce en decisiones que sorprenden a sectores más o menos amplios de la sociedad. La no admisión a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de u n querella del PSOE contra supuestos responsables de una trama de corrupción adminisrativo/inmobiliaria ha levantado fuertes críticas, lanzadas parabólicamente contra el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, a quien la izquierda parlamentaria acusa no sólo de entorpecer sino de impedir la investigación judicial sobre esa supuesta trama. La investigación sobre lo que habría detrás del transfuguismo de dos diputados socialistas en la Asamblea de Madrid no va ser posible en los órganos judiciales. Y tampoco, por mucho que se pretenda, en la Asamblea madrileña, debido a su bloqueada situación. Los sospechosos o presuntos implicados en la trama, sólo supuesta bajo una lluvia de indicios en absoluto absolutorios, interpretan el rechazo a la querella socialista como un certificado de inocencia. Esta sucediendo un intercambio de normativa ética entre la Justicia y la política. Si la Justicia está obligada a garantizar la presunción de inocencia mientras que pruebas fehacientes no conviertan esa presunción en realidad delictiva, en la política funcionan, como generadores de opinión, los indicios, las coincidencias y hasta las apariencias. Al poder le disgusta verse zaherido por acusaciones no demostradas o indemostrables, por mucha certeza moral que produzcan, y de ahí esa exigencia del «¡demuéstrelo!» que no suele ser posible. Se judicializa así la política, aunque al margen de los tribunales, mediante el ardid de exigir en la vida pública los mismos requisitos probatorios que en el Derecho Procesal. Berlusconi ha cortado por la sano, y maniatado a la Justicia. El fiscal Cardenal, desde su interpretación obviamente subjetiva de las normas jurídicas, se habría limitado a zancadillear una investigación judicial que podría haber incomodado a algunos militantes del PP. Pero en la política mantienen su vigencia como generadores de opinión los indicios de responsabilidad que el alto Tribunal de Madrid ha desestimado. De ahí la necesidad de que la política se investigue a sí misma en estas circunstancias. Si la vida pública se puebla de sospechas no disipadas y de verosimilitudes indemostrables, mal asunto.