Problemas vascos

AUNQUE el genuino problema vasco está todavía vinculado a la pervivencia del terrorismo, que, aunque agostado y en precario, continúa siendo una amenaza desoladora y objetiva, hoy ya parece evidente que el verdadero conflicto, el que ha cortado las relaciones institucionales entre la autonomía vasca y el Estado, el que ha generado la gran fractura entre constitucionalistas y nacionalistas, se debe sobre todo a una explosiva combinación de actitudes que se han vuelto irreconciliables. De un lado, el lendakari, en nombre del PNV, propugna una reforma institucional desaforada que muy difícilmente cabría en el marco constitucional, por generosa que fuese la interpretación que de él se hiciese. De otro lado, los dos grandes partidos estatales, vinculados mediante un pacto por las libertades y contra el terrorismo, se han aliado bajo el denominador común del constitucionalismo y, de paso, han cerrado todos los cauces de diálogo y negociación. En este escenario, el euskobarómetro de la Universidad del País Vasco que dirige el profesor Francisco Llera -lógicamente, denostado por los dos hemisferios de la política vasca, que no ven recogidas íntegramente sus tesis- aporta algunas claridades, tan iluminadoras como preocupantes. En primer lugar, del estudio sociológico se desprende que la mayoría de los vascos rechaza el proyecto soberanista de Ibarretxe, que, por añadidura, no es bien conocido por la ciudadanía (el 56% se considera desinformado al respecto): el 44% de los encuestados piensa que dicho proyecto generaría división e inestabilidad; sólo el 28% cree que aportaría estabilidad y tranquilidad a Euskadi; el 13% se muestra escéptico y el 15% no se pronuncia. En la rueda de prensa que ofreció el profesor Llera al alumbrar su estudio, puso de relieve que son absolutamente minoritarios quienes abogan por la superación del Estatuto, ya que la mayoría está satisfecha con el autogobierno actual, y los no totalmente satisfechos se conformarían con su completo desarrollo. Pero junto a esta postura realista de la sociedad vasca, hay otros indicadores que muestran el malestar que está provocando la situación actual. Quizá el más relevante es el que pone de manifiesto que la Constitución española goza actualmente del menor apoyo desde su promulgación. Si en el referéndum de 1978 la Carta Magna logró el 31,3% de los sufragios, porcentaje que según el euskobarómetro llegó al 48% en el 2000, hoy quienes la respaldan son apenas el 30%. También se advierte que quienes están completamente satisfechos con el Estatuto de Autonomía descienden en número (eran el 43% en el año 2000 y hoy apenas alcanzan el 30%), pero al mismo tiempo crece el porcentaje de quienes confiesan estar «parcialmente» satisfechos. Llera obtiene de todos estos datos una conclusión descorazonadora: la insatisfacción de los vascos con respecto al actual modelo democrático alcanza en Euskadi un nivel «desconocido en el mundo occidental», comparable sólo con el que se experimentó en Italia hace una década y que llevó a la sustitución del viejo sistema de partidos por otro nuevo. Dicho desprestigio alcanza sobre todo a las instituciones de la Administración central, aunque las vascas consiguen apenas un aprobado raspado. Si las cosas son de esta manera -según parece la mayoría de la sociedad vasca aspira apenas a un salto cualitativo del Estatuto que no suponga una ruptura constitucional-, se entiende poco o nada que persista la gran fractura que es evidente entre las fuerzas democráticas. Y si ni siquiera el independentismo es mayoritario -apenas un 35% de la población vasca manifiesta sentir grandes deseos de independencia-, ¿no cabría un gran acuerdo transversal que colmara sustancialmente todas las aspiraciones? En los grandes conflictos políticos, la peculiaridad y el talante de las personas no son irrelevantes. Hoy parece imposible que el presidente del Gobierno, Aznar, y el de PNV, Arzallus, consigan establecer algún vínculo, logren mantener algún diálogo constructivo. Pero, en principio, ambos se van de la política en unos pocos meses. No se debería desperdiciar la ocasión para tender puentes entre los nuevos representantes de las dos posiciones antitéticas. Porque si todo continúa como hasta ahora, la violencia residual de ETA seguirá encontrando su marginal caldo de cultivo y el gran diferendo podría terminar extenuando a una sociedad que todavía no ha conseguido recobrar la salud: según el euskobarómetro, más de la mitad de los ciudadanos tiene miedo a participar el política, tres quintos de la población no se siente libre ni para hablar de ello y el 26 de los jóvenes estaría dispuesto a abandonar el País Vasco para dejar atrás el conflicto. Evidentemente, en estas condiciones es imposible hablar de normalidad.